El 6 de abril de 2020 el Sr. Bernabé Gualná Caal, campesino, indígena Q’eqchi, miembro de la Comunidad Cooperativa Sachaj y defensor de los derechos laborales, fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Raxruhá, departamento de Alta Verapaz, y posteriormente trasladado a la cárcel de Cobán, Alta Verapaz, por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carcha, a raíz de una querella adhesiva [1] interpuesta por la empresa Industria Chiquibul S.A, en la que trabajó el Sr. Gualná Caal hasta finales de 2019.
El 15 de abril de 2020 se realizó una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por el caso del Sr. Gualná Caal, en la que se le dictó auto de prisión preventiva por los presuntos delitos de “detención ilegal”, “coacción”, “allanamiento” y “usurpación agravada”. La audiencia de etapa intermedia tendrá lugar el 30 de julio de 2020. Hasta entonces, el Sr. Gualná Caal permanecerá detenido en la cárcel de Cobán, Alta Verapaz.
El Observatorio y la UDEFEGUA destacan que, desde 2016, el Sr. Gualná Caal es representante de los trescientos trabajadores con contratos individuales de tres años en la empresa palmera Industria Chiquibil, S.A, quienes desde 2019 hasta la fecha vienen reclamando mejoras en sus condiciones laborales. En noviembre de 2019, solicitaron la renovación de su contrato a la compañía. Paralelamente, a través de la Asociación Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), plantearon al Ministerio de Trabajo y Precisión Social de Guatemala la necesidad de establecer una mesa de diálogo para lograr un acuerdo entre la empresa y los trabajadores en lo relativo a la renovación de sus contratos laborales para el año 2020. El Ministerio anunció que la coordinación sobre la petición de diálogo se realizaría directamente con los trabajadores. Sin embargo, ésta nunca llegó a llevarse a cabo, y a finales de 2019 terminó la vigencia de los contratos de los trescientos trabajadores de Industria Chiquibil S.A., dejándolos en una situación de grave vulnerabilidad económica que los llevó, en enero y febrero de 2020, a movilizarse para exigir diálogo con la empresa.
El Observatorio y la UDEFEGUA subrayan que la detención y el hostigamiento judicial del Sr. Gualná Caal se enmarcan en un contexto de persecución a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, donde se observa un patrón de uso indebido del derecho penal dirigido particularmente contra miembros de movimientos rurales, defensores de los derechos indígenas y campesinos. Asimismo, ambas organizaciones recuerdan que el uso indebido de figuras penales como la “usurpación agravada” contra defensores de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, no sólo los criminalizan, sino que estigmatizan gravemente su legítimo trabajo de defensa de derechos humanos.
El Observatorio y la UDEFEGUA recuerdan, además, que en el actual contexto de crisis sanitaria global provocada por la pandemia de COVID-19, el hacinamiento en las cárceles y los centros de detención supone un grave riesgo para la salud pública, y urgen a las autoridades de Guatemala a observar las recomendaciones publicadas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhortan a los estados a tomar medidas alternativas a la pena privativa de libertad, incluida la reevaluación de casos de prisión preventiva1.
Por todo lo anterior, el Observatorio y la UDEFEGUA rechazan contundentemente la detención arbitraria y el proceso iniciado contra el Sr. Bernabé Gualná Caal a raíz de su legítimo trabajo en defensa de los derechos laborales de los trescientos trabajadores de la empresa Industria Chiquibil S.A. Ambas organizaciones instan a las autoridades de Guatemala a liberar de forma inmediata e incondicional al Sr. Gualná Caal, a poner fin a todo acto de hostigamiento en su contra, incluido a nivel judicial, a cesar la criminalización contra personas defensoras, y a abstenerse del uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para la generación de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos. La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
[1] Según el Art. 116 del Código procesal penal de Guatemala, la figura del querellante adhesivo prevé que una persona o asociación con capacidad civil y agraviada por un hecho delictivo podrá provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.