Guatemala: Autoridades deben poner fin a la criminalización de Eduardo Bin Poou

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 24 de junio de 2021 – Eduardo Bin Poou enfrenta desde hace tres años dos juicios que tienen por objetivo criminalizar su liderazgo comunitario y defensa pacífica de la tierra y el territorio. El Observatorio (OMCT-FIDH) y la UDEFEGUA urgen a las autoridades a poner fin al hostigamiento judicial en su contra y a cesar toda represalia contra quienes defienden los derechos humanos.

Eduardo Bin Poou, antiguo vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, llevaba 308 días detenido en el Centro de Rehabilitación Departamental de Puerto Barrios cuando el 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal lo absolvió del delito de “usurpación de áreas protegidas”. Su detención, injusta y arbitraria, estaba vinculada a su participación, en calidad de mediador y representante de la comunidad indígena Maya Q’eqchi Aguas Calientes, en una mesa de diálogo en julio de 2015 organizada por la Gobernación Departamental de Izabal. El objetivo de la reunión era conseguir el apoyo de las autoridades para que la comunidad Aguas Calientes obtuviera acceso a tierra para vivienda.

El diálogo no prosperó y Eduardo Bin Poou fue procesado judicialmente por supuestamente haber liderado la usurpación de la zona núcleo del área protegida “Cerro San Gil”, ubicada en Izabal. A pesar de que la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FundaEco), querellante adhesivo, se retiró del caso por estar en contra de la criminalización de líderes comunitarios, el Ministerio Público argumentó que su liderazgo en la mesa de diálogo probaba su participación en la usurpación de tierras, pese a que no se presentaron pruebas que demostraran que Bin Poou se encontrase en el lugar de los hechos. Tras la absolución del defensor en mayo de 2019 y su puesta en libertad en junio del mismo año, el Ministerio Público apeló la sentencia y la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal ordenó la repetición del juicio, decisión ratificada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El 22 de junio de 2021 tenía que iniciar la repetición del juicio contra Eduardo Bin Poou. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso no se presentó a la audiencia ni acreditó el motivo de su incomparecencia, por lo que el juicio quedó pospuesto hasta el 11 de noviembre de 2021. Eduardo Bin Poou tendrá que esperar cuatro meses para conocer si será condenado por hechos que no cometió y por los que ya fue absuelto hace dos años.

Además, el 8 de octubre de 2021, Eduardo Bin Poou se enfrentará a otro juicio que busca, de nuevo, criminalizar su liderazgo comunitario. El Ministerio Público y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) lo acusan de los delitos de “amenazas”, “detenciones ilegales” e “instigación a delinquir” por una manifestación llevada a cabo por los pescadores del lago Izabal el 27 de mayo de 2017 para denunciar la contaminación del lago y exigir investigaciones sobre los deshechos de la mina “Félix”, operada por CGN. Este proyecto minero fue implantado en el territorio sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, violando de este modo sus derechos colectivos, tal y como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2020. El inicio del debate se ha pospuesto por lo menos tres veces, debido a la incomparecencia de los representantes de la CGN, lo cual ha sido una estrategia de litigio malicioso en el caso para retrasar las audiencias y que el defensor siga sujeto a proceso penal. Mientras tanto, las denuncias por contaminación de las comunidades afectadas por la minera no han sido investigadas, ni tampoco lo han sido los actos de violencia que se cometieron contra los pescadores manifestantes en mayo de 2017, incluido el asesinato del defensor Carlos Maaz Coc.

El Observatorio y la UDEFEGUA condenan el proceso de criminalización contra Eduardo Bin Poou y reiteran su profunda preocupación por la evidente falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Guatemala, así como por el uso indebido y sistemático del derecho penal para perseguir a quienes defienden la tierra y el territorio.

El Observatorio y la UDEFEGUA urgen a las autoridades de Guatemala a poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra la Eduardo Bin Poou y contra todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, y reiteran su llamado a establecer plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

La Unidad de Protección a Defensores yDefensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos.La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

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