Los primeros once meses de 2016 confirman la existencia de un preocupante patrón de intensificación de las agresiones contra los defensores y las defensoras de derechos humanos en Guatemala. Si bien la cantidad de agresiones se ha reducido con respecto al año anterior, alcanzando un total de 223 ataques y/o agresiones contra personas defensoras documentados por la UDEFEGUA, una media de 20 incidentes por mes, la gravedad y la intensidad han crecido hasta niveles alarmantes.
El ejemplo paradigmático de la intensificación de las agresiones es el aumento de los asesinatos de personas defensoras: a 30 de noviembre de 2016 la UDEFEGUA ha registrado un total de 14 asesinatos, lo que demuestra una clara tendencia al alza tomando en cuenta la cifra de 7 asesinatos en 2014 y de 12 en 2015. A ello hay que sumar 7 intentos de asesinato en lo que va de año. Además, resulta particularmente preocupante la constatación de que en la mayoría de estos asesinatos ha podido documentarse que son el episodio final de una escalada de largos y reiterados actos violentos en su contra que no han sido debidamente abordados por las instituciones guatemaltecas.
Dentro de la totalidad de 223 agresiones destaca la existencia de 68 nuevos hechos de criminalización que vienen a sumarse a los procesos aún en marcha iniciados en años anteriores, 44 hechos de intimidación y 42 incidentes de amenazas. Destaca además que, producto de los cambios de gobierno a nivel local, se han producido 24 agresiones a través de medidas administrativas como despidos, en su mayoría en contra de sindicalistas. En cuanto a su reparto geográfico, lideran las estadísticas la Ciudad de Guatemala con 101 agresiones, Huehuetenango con 32 y Alta Verapaz con 26 ataques.
El Observatorio y la UDEFEGUA muestran especial preocupación por las agresiones en contra de dos categorías de defensores: quienes defienden derechos vinculados con la justicia y la lucha contra la impunidad, y quienes defienden derechos relacionados con la tierra.
Sigue intensificándose la campaña de acoso y derribo por parte de determinados grupos de interés en contra de cualquier avance en casos emblemáticos de justicia transicional como los casos Molina Theissen y CREOMPAZ, en los que se acusa a ex-militares de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. La campaña de difamación, intimidación y denuncia judicial contra defensores y defensoras de derechos humanos en este ámbito, incluyendo operadores de justicia como los jueces Miguel Ángel Gálvez y Yassmín Barrios o los abogados Miguel Morth, Ramón Cadena, Alejandro Rodríguez y Rafael Maldonado, ha alcanzado ya a un total de 38 personas defensoras durante el presente año. El mensaje que se envía es que cualquier persona que trabaje a favor de la justicia y contra la impunidad se enfrenta a importantes riesgos, lo cual pone en tela de juicio la posibilidad de un Estado de derecho y una justicia independiente en Guatemala.
En cuanto a quiénes defienden el medio ambiente y los recursos naturales, en lo que va de año se han registrado agresiones contra un total de 37 defensores y defensoras en un contexto de imposición de proyectos extractivos e hidroeléctricos y de utilización de la criminalización por parte de las empresas como respuesta a quienes se atreven a defender los derechos laborales, ambientales y territoriales como ya denunciaron el Observatorio y la UDEFEGUA en su informe “Más Pequeños que David” [1] publicado en febrero de 2015 y cuyas conclusiones y recomendaciones siguen siendo lamentablemente vigentes a día de hoy.
En este contexto, el Observatorio y la UDEFEGUA muestran su preocupación por la inacción de las autoridades guatemaltecas frente a esta situación. La apertura del proceso de discusión y consulta para la creación del Programa de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el marco de la obligación del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs Guatemala es un paso en la buena dirección. Sin embargo, su anuncio en Septiembre de este año se produjo 25 meses después de la sentencia pese a un contexto de extrema violencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos. Preocupa además el mensaje contradictorio que envía el Estado al retirar unilateralmente medidas de protección personal a favor de defensoras y defensoras en paralelo a las discusiones sobre el programa de protección.
Finalmente, el Observatorio y la UDEFEGUA hacen un llamamiento a que la política pública se desarrolle en un proceso amplio y participativo y que no se limite a medidas de protección, sino que haga frente a las principales causas estructurales que refuerzan las vulnerabilidades de las personas defensoras incluyendo la deficiente investigación y la elevada impunidad de los ataques en su contra, así como la reforma del marco legislativo en las cuestiones relacionadas con la tierra y el territorio.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para más información, por favor, contacten con:
· OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
· FIDH:Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
· UDEFEGUA: Claudia Samayoa: +502 5018-4603