El 19 de junio, integrantes del magisterio oaxaqueño, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes protestaban pacíficamente contra la reforma educativa o documentaban la protesta fueron víctimas de una represión brutal por elementos de la Policía Federal, Gendarmería y de la Policía Estatal de Oaxaca durante el desarrollo de su operativo para desalojarles en diversas zonas del Estado de Oaxaca, en específico en Nochixtlán, Ixtepec y la ciudad de Oaxaca.
“El uso excesivo de la fuerza, que ha llegado incluso la privación de la vida, en contra de quienes ejercen sus libertades de expresión, reunión y asociación, es una violación muy grave a los derechos humanos, por lo cual urge que el Estado mexicano esclarezca su responsabilidad y determine el grado de involucramiento de las autoridades federales y estatales en los hechos, mediante una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio y Consorcio Oaxaca expresan su absoluta condena frente a la muerte de al menos 10 personas durante los enfrentamientos, incluyendo la del periodista el Sr. Elpidio Ramos Zárate quien fue asesinado en el crucero de Juchitán a Ixtepec cuando estaba cubriendo los hechos de violencia, así como frente a la represión brutal y la criminalización en contra del magisterio oaxaqueño y otras personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio y el Consorcio Oaxaca exigen la cancelación inmediata de los procedimientos penales y legajos de investigación en contra de las 28 personas que fueron detenidas de forma arbitraria. Asimismo expresan su preocupación frente a la grave situación de todas las personas heridas; de quienes hasta la fecha no se conoce el número exacto puesto que numerosas personas heridas no han recibido atención médica y temen represalias legales.
“Instamos al Estado Mexicano a garantizar inmediatamente el acceso - pleno y en condiciones de seguridad - a la atención médica requerida por todas las personas heridas durante el enfrentamiento, ya que en numerosos casos se han visto negado o dilatado el acceso a la atención médica”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
El Observatorio y Consorcio Oaxaca reiteran la importancia de la transparencia y de la garantía de acceso a la información en los procesos de investigación, que deben incluir la realización de peritajes independientes sobre las condiciones y razones que provocaron la muerte de al menos 10 personas ejecutadas extrajudicialmente muchos de ellos con armas de fuego.
Las organizaciones exigen la debida investigación y reparación integral del daño provocado a la comunidad de Nochixtlán y el retiro inmediato de las fuerzas federales que siguen masivamente presentes en el estado de Oaxaca.
Estos graves acontecimientos ocurren en un contexto de incremento de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos en el cual vive el Estado de Oaxaca. Es importante resaltar en este sentido que el maestro y defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez sigue detenido desde 2013, a pesar de que su detención haya sido reconocida como arbitraria e ilegal por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
“La represión y criminalización de la protesta social se han ido intensificando de manera preocupante, en específico en contra de las maestras y maestros integrantes de la Sección 22, que históricamente ha tenido un papel fundamental en el movimiento social oaxaqueño.”, lamentó Yésica Sánchez Maya, integrante del Equipo Directivo del Consorcio Oaxaca.
Las organizaciones recuerdan también que el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, y en general de los derechos humanos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.