El Observatorio recuerda al Estado colombiano su compromiso de implementar el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, contemplado en la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, así como de instalar las mesas de seguimiento al ejercicio de la protesta social para la plena observación de los estándares internacionales en materia de tratamiento a la protesta social y regulación de la Fuerza Pública.
Durante los primeros meses de gobierno presidencial de Iván Duque, en el país hubo 348 movilizaciones, lo que marca un aumento del 59 por ciento frente a las protestas en el periodo de agosto a octubre de 2017 [1]. No obstante, en Colombia sigue persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio de la protesta social, y un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y, particularmente, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), como el Observatorio ha denunciado reiteradamente.
El patrón de criminalización de la protesta social y de represión del derecho a defender derechos humanos se pudo observar en las recientes jornadas de protesta de la Minga del Suroccidente, contra la cual se desató una campaña de estigmatización que incitó expresiones de odio contra los manifestantes, poniendo en riesgosus vidas e integridad física, y el de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que participaron de las mismas [2], en uncontexto de elevadísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en Colombia.
Además, hay constancia de cómo persiste el patrón de uso excesivo de la fuerza contra las movilizaciones sociales incluyendo el uso de armas de fuego y el empleo de armas de “letalidad reducida” como cartuchos de gas lacrimógeno disparados a quemarropa o “recalzados” con metralla, balines, vidrio o tornillos. En ese contexto muchas personas han sido detenidas, otras han quedado heridas de gravedad y algunas han resultado muertas [3].
La historia del conflicto armado interno en Colombia y la oportunidad histórica de resolverlo, ha puesto de manifiesto que deben garantizarse espacios democráticos que mediante el diálogo y la participación efectiva, logren resolver las distintas demandas de la sociedad y ello trae consigo la necesidad de adoptar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio del derecho a la protesta social.
Finalmente, el Observatorio anuncia que junto con sus organizaciones aliadas hará un seguimiento especial y exhaustivo a estas jornadas de protesta social, a fin de monitorear que los derechos humanos sean plenamente garantizados.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
· OMCT: Miguel Martín / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
· FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
[1] Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_100diasduque.pdf
[2] Vease: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2019/04/d25300/ y http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2019/04/d25314/
[3] Según las cifras de la Campaña defender la libertad es un asunto de tod@s, del 7de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2019, han resultado heridas 220 personas, cinco de ellas con afectaciones graves en sus ojos por el uso de armas de letalidad reducida a cargo del ESMAD y 13 personas han resultado muertas en el contexto de la protesta social. Así mismo se ha registrado la detención de 318 mediante la figura de “traslados de protección” y 51 personas han sido detenidas con fines de judicialización.