Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) sobre el intento de asesinato contra 25 personas defensoras que participaban en una reunión convocada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejo Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), incluyendo los siguientes integrantes de dichas organizaciones[1]: las Sras. Francia Márquez Mina, ganadora en 2018 del Premio Goldman, Sofía Rincón y Clemencia Carabalí[2] ; y los Sres. Carlos Rosero y Víctor Hugo Moreno.
Según la información recibida, el día 4 de mayo, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, las personas defensoras fueron atacadas con disparos de armas de fuego y una granada por parte un grupo de hombres armados en momentos en que desarrollaban una reunión en la finca la Trinidad, Vereda Lomitas del Municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
En la reunión participaban 25 personas defensoras, en su mayoría afrodescendientes, que se disponían a preparar una reunión programada con el gobierno nacional que tendría lugar este 8 de mayo, en el marco del seguimiento a los acuerdos emanados de la Minga del Suroccidente[3] .
El atentado fue repelido por el personal de seguridad presente en el lugar como parte de los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a varias de las personas participantes. Dos de los guardias de seguridad resultaron heridos, mientras que el resto de las personas participantes lograron salir ilesos del atentado.
Según la misma información el día 6 de mayo el Sr. Víctor Hugo Moreno recibió en el teléfono móvil un mensaje, en cuyo texto amenazan a ACONC, al PCN, así como a varias personas defensoras de derechos humanos del Norte del Cauca, la mayoría víctimas del atentado del sábado anterior. En el texto advierten que: “lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes la próxima morirán todos los miembros de su organización… y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada minga”.
El Observatorio repudia enérgicamente este nuevo atentado y amenazas, y reitera su preocupación porque estos nuevos hechos suceden en un contexto de criminalización de la protesta social y represión del derecho a defender derechos humanos, en el cual contra la Minga del Suroccidente se produjo una campaña de estigmatización agenciada por altos funcionarios del Estado de Colombia que ha incitado acciones de odio y violencia y ha elevado el riesgo de quienes participaron de la jornada de protesta[4].
El Observatorio recuerda que, según datos de la Defensoría Nacional del Pueblo, en Colombia durante el año 2018 fueron asesinadas 172 personas defensoras de derechos humanos. Además, el Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe publicado en mayo de 2018[5] en el que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de las personas defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social.
Por todo lo anterior, el Observatorio hace un llamado urgente a las autoridades colombianas para que brinden todas las garantías a las personas que defienden los derechos humanos en Colombia, en particular a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos del departamento del Cauca para prevenir la materialización de los riesgos advertidos por los anteriores Llamados Urgentes del Observatorio.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno al intento de asesinato ocurrido contra las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes al Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejo Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y la Asociación de mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM);
ii. Adoptar de manera inmediata y concertada, particularmente en el marco de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca, las medidas más apropiadas para brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de las personas afectas por el atentado, así como el resto de las integrantes de sus organizaciones;
iii. Hacer efectiva la Directiva No. 002 del 14 de junio de 2017 expedida por el Procurador General de la Nación, mediante la cual se exhorta a los funcionarios públicos a respetar a quienes defienden los derechos humanos y a sus organizaciones y “abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen e inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”, y sancionar a los responsables de incurrir en las anteriores conductas.
v. Reconocer públicamente la persistencia de estructuras paramilitares en Colombia e implementar una política decidida de lucha contra su expansión y fortalecimiento incluyendo la implementación efectiva de las medidas incluidas a tal efecto en el Acuerdo de Paz;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
· Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. contacto@presidencia.gov.co
· Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co/ notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
· Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional. E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
· Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Email contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
· Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, defensoria@defensoria.org.co
· Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. E-mail (Secretaría): marthazorrilla@presidencia.gov.co
· Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección. Email: correspondencia@unp.gov.co
· Sra. Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
· S.E. Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea. Email: ebruselas@cancilleria.gov.co
· Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 8 de mayo de 2019
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
· Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] El resto de los nombres no se comparten por cuestiones de seguridad.
[2] Las tres defensoras también hacen parte de la Asociación de mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM).
[3] La Minga, fue una movilización social iniciada el 10 de marzo de 2019 y finalizada el 06 de abril de 2019, en la que participaron diversas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales convocadas por organizaciones sociales y étnicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y populares, principalmente de los departamentos del Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia y Chocó. Las comunidades instalaron una Mesa Central de Diálogo y Negociación para dialogar sobre los siguientes temas: a) Asesinato y criminalización de líderes y lideresas sociales; b) El compromiso del actual gobierno con el cumplimiento de acuerdos hechos en anteriores movilizaciones; c) La adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos; d) El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos; e) La defensa del territorio, f) El desmonte del paramilitarismo; y g) La defensa de la paz en Colombia.
[4] Véanse los Llamados Urgentes del Observatorio sobre los ataques contra personas defensoras en el marco de la Minga del Suroccidente, disponibles aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/colombia/
[5] Véase el informe de misión de investigación del Observatorio, mayo de 2018: “COLOMBIA: No Hay Paz para las personas defensoras”, 2018: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf