Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) sobre la campaña de estigmatización de la defensa de derechos humanos y de la protesta social y las amenazas de criminalización en contra de personas defensoras por su participación en la protesta social en demanda de un mayor respeto de varios derechos humanos denominada “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz” [1] en el Suroccidente de Colombia.
Según la información recibida, desde el 10 de marzo de 2019, fecha en que inició la jornada de protesta social, la Minga viene siendo objeto de estigmatización por parte de altos mandos de la Fuerza Pública [2], Senadores [3] y otros funcionarios públicos como el Ministro de Defensa de Colombia, quienes han manifestado ante medios de comunicación y redes sociales que la jornada de protesta está infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC [4]. Esta situación dio lugar a que usuarios de redes sociales hayan abierto un hashtag denominado #MingaDeLasFarc, lo que ha exacerbado expresiones de odio y muerte contra los manifestantes, situación que pone en grave riesgo la vida e integridad física de las personas que participan de las protestas, y de sus principales voceros y líderes y lideresas de las organizaciones que han promovido la jornada.
Adicionalmente, el 19 de marzo de 2019, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció a los medios de comunicación que estudia la apertura de investigaciones penales contra los manifestantes por varios delitos, entre ellos los de obstrucción de vía pública, secuestro y por la participación de menores durante la jornada de protesta.
Según la misma información, el derecho a la protesta social está siendo restringido por las acciones combinadas [5] entre el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes vienen haciendo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza incluyendo: uso de armas no convencionales para dirimir la protesta, levantar los lugares de concentración y dormida y despejar las vías bloqueadas por los manifestantes, además de acciones de intimidación permanentes incluyendo el sobrevuelo de aviones militares y dones sobre los puntos de concentración y dormida. En el desarrollo de estas acciones, ha habido disparos de armas de fuego de corto y largo alcance contra los manifestantes, uso de gases lacrimógenos lanzados directamente a sus rostros y cuerpos, disparos con cartuchos recargados, y uso de golpes con objetos contundentes que han dejado más de 50 personas heridas, algunas de gravedad, entre ellos a varias personas defensores de derechos humanos relacionados con la tierra y el territorio de comunidades indígenas y campesinas.
Además, se han registrado ataques contra la libertad de prensa por parte del ESMAD. El 16 de marzo en horas de la mañana, el comunicador William Becerra fue agredido y detenido arbitrariamente. El comunicador se encontraba cubriendo el punto de concentración del Cairo y el Tunel, en el municipio de Cajibío, y fue agredido por agentes del ESMAD quienes lo tiraron al piso, lo golpearon, le decomisaron su celular y cámara fotográfica, lo montaron en una camioneta y lo trasladaron arbitrariamente hasta la estación de policía en donde luego de un tiempo fue dejado en libertad ante la exigencia de los organismos de derechos humanos y del personero municipal de este municipio.
El Observatorio lamenta la muerte de 8 personas el pasado 21 de marzo de 2019 en una explosión ocurrida en zona rural del municipio de Dagua, departamento Valle del Cauca en hechos que están aún por esclarecer, así como la muerte del patrullero de la Policía Boris Alexander Benítez, ocurrida sobre la vía Panamericana el 19 de marzo de 2019 e insta a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta e imparcial.
El Observatorio recuerda su preocupación por la crisis del derecho a defender derechos humanos en Colombia en un contexto en el que al menos 172 personas defensoras, incluyendo líderes sociales, fueron asesinadas en 2018 según datos de la Defensoría del Pueblo. Además, el Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe publicado en mayo de 2018 [6] en el que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de las personas defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El Observatorio muestra su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la Minga en el Suroccidente de Colombia y hace un llamado urgente al Estado colombiano a tomar medidas que prevengan la materialización del riesgo inminente a la vida, integridad física y libertad de los más de 20.000 campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta social. El Observatorio reitera que la defensa de derechos humanos es legítima y la respuesta debería ser el diálogo abierto por parte de las más altas autoridades de la República.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia instándolas a:
i. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento, criminalización y campaña de desprestigio en contra de todas las personas que ejercen su libertad de reunión pacífica, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;
ii. Implementar el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, contemplado en la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, e instalar las mesas de seguimiento al ejercicio de la protesta social como espacios de coordinación entre la institucionalidad y sociedad civil para la plena observación de los estándares internacionales en materia de tratamiento a la protesta social y regulación de la Fuerza Pública en el contexto de la protesta social;
iii. Proteger y respetar los derechos humanos de quienes participan en la “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz” e instaurar en el menor tiempo posible un diálogo abierto e incluyente entre el Presidente de la República de Colombia y voceros y voceras de la Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz, en el departamento del Cauca;
iv. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos ocurridos y en específico sobre el uso excesivo de la Fuerza Pública, las personas heridas, muertas y demás acciones violatorias de los derechos humanos;
v. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los manifestantes del movimiento de la “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz, y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. contacto@presidencia.gov.co
Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co / notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional.E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Email contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, defensoria@defensoria.org.co
Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. E-mail (Secretaría): marthazorrilla@presidencia.gov.co
Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección. Email: correspondencia@unp.gov.co
Sra. Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
S.E. Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea. Email: ebruselas@cancilleria.gov.co
Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 27 de marzo de 2019
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] La Minga, es una movilización social iniciada el 10 de marzo de 2019 en la que participan diversas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales convocadas por organizaciones sociales y étnicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y populares, principalmente de los departamentos del Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia y Chocó. Las comunidades instalaron una Mesa Central de Diálogo y Negociación y exigen la presencia del Presidente de la República Iván Duque Márquez para tratar directamente con él varios aspectos que afectan el goce de sus derechos, entre ellos los siguientes temas: a) Asesinato y criminalización de líderes y lideresas sociales; b) El compromiso del actual gobierno con el cumplimiento de acuerdos hechos en anteriores movilizaciones; c) La adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos; d) El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos; e) La defensa del territorio, f) El desmonte del paramilitarismo; y g) La defensa de la paz en Colombia.
[2] El 16 de marzo de 2019 el comandante de la policía del Cauca en una entrevista dada a medios de comunicación indicó que la Minga estaba infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Algunos registraron así la noticia: "En realidad el sector está influenciado por el grupo armado organizado residual Frente Sexto, de las antiguas FARC, y de la columna móvil Jacobo Arenas, también como disidentes”. Véase: https://www.efe.com/efe/america/portada/investigan-si-disidencias-de-las-farc-estan-infiltradas-en-protestas-indigenas/20000064-3926952
[3] Por ejemplo, el senador Carlos Felipe Mejía, desde su cuenta de Twitter @CARLOSFMEJIA, con fecha 16 de marzo de 2019, afirmó que: “Claramente son criminales los que usan explosivos y atentan contra la comunidad y el libre tránsito de la carretera. Aquí no hay ninguna protesta social, esto es obra de la #MingaDeLasFarc”. En otro tuit dice: “La criminalidad disfrazada de protesta social, todo el peso de la justicia contra estos bandidos y contra quienes los instigan a causar estos daños”. #MingaDeLasFarc https://www.cric-colombia.org/portal/denuncia-publica-sobre-las-acusaciones-realizadas-por-el-senador-carlos-felipe-mejia-en-contra-de-la-minga-del-suroccidente/
[4] http://www.diariodelcesar.com/archivos/15242
[5] En el marco de dichos operativos, las comunidades han reportado que del lado del ESMAD y EMCAR, de la Policía y Ejército, han visto hombres vestidos de civil portando armas de largo alcance.
[6] Véase el informe de misión de investigación del Observatorio, mayo de 2018: “COLOMBIA: No Hay Paz para las personas defensoras”, 2018: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf