El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas sobre asesinatos e intentos de asesinatos, ataques físicos, amenazas, actos de hostigamiento por parte del Ejercito Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional colombianos en contra de manifestantes, para desalojarles e impedir que participen a la “Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular” [1], así como detenciones arbitrarias, estigmatización, señalamientos, campañas de desprestigio y la adopción de medidas que criminalizan la protesta por parte de las autoridades colombianas, para deslegitimar el movimiento.
Según las informaciones recibidas, 3 manifestantes indígenas de la Minga, el Sr. Willington Quibarecama Nequirucama, y los Sres. Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz fueron asesinados respectivamente el 29 de mayo y el 2 de junio de 2016. El 29 de mayo, alrededor de las 10:30 pm, en la carretera Cabal Pombo que comunica a Cali y Buga con Buenaventura del Resguardo Trujillo del corregimiento La Delfina, el Sr. Willington Quibarecama Nequirucama falleció por traumas craneoencefálicos, después de haber sido supuestamente arrollado por una tanqueta del ESMAD, que le hizo caer a más de 20 metros de altura del viaducto La Víbora. El 2 de junio, aproximadamente a las 10:20 am, en Caldono, Cauca, corregimiento El Rosal, Vereda El Pital, en la vía panamericana que comunica a Santander de Quilichao con Popayán, murieron por impactos de arma de fuego el Sr. Gersain Cerón, quien recibió un impacto directamente en su pecho y el Sr. Marco Aurelio Díaz, quien murió durante su traslado al Hospital, por el impacto de cuatro proyectiles.
Además, el Sr. Albeiro Camayo, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) fue víctima de un atento de asesinato el 6 de mayo, cuando a la salida de la ciudad de Popayán, hombres armados le persiguieron en dos motocicletas y le dispararon en repetidas ocasiones.
De la misma manera, por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de fuerzas combinadas del ESMAD y del Ejercito en contra de manifestantes de la Minga, resultaron heridos al menos 205 manifestantes desde el 29 de mayo. Estos hechos ocurrieron en distintos puntos de concentración en los departamentos de Chocó, de Córdoba, de Cauca, Valle de Cauca. Particularmente, los 29 y 31 de mayo y los 1, 2 y 3 de junio, el ESMAD y el Ejército Nacional utilizaron granadas aturdidoras cargadas con objetos peligrosos, así como hicieron uso de disparos de fusil, armas de fuego o no convencionales, y gases lacrimógenoscontra las comunidades campesinas e indígenas, afrodescendientes, concentradas, dejando muchos manifestantes con contusiones, laceraciones y traumas en diferentes partes del cuerpo.
Además, se realizaron por parte de la fuerza pública más de 172 detenciones arbitrarias durante las jornadas de protesta, en los departamentos de Santander, Antioquia, Cesar, Nariño y Cauca. En específico, el 3 de junio por la mañana en el municipio de Toná, Santander, miembros del ESMAD aprehendieron a 134 personas, incluyendo 15 menores de edad, a quienes subieron en camiones y los trasladaron al municipio de Pamplona en el departamento de Norte de Santander, señalándolos de terrorismo y porte ilegal de armas. Posteriormente, fueron llevados y recluidos de manera ilegal en el Batallón militar de Infantería No.13 Custodio García Rovira, donde el comandante emitió la orden de no permitir el ingreso de abogados - finalmente permitido gracias a la interlocución de Naciones Unidas y de la Defensoría del pueblo. Varias personas fueron obligadas a desvestirse y tenderse en la carretera, quitándoles parte de sus pertenencias. Todas las personas detenidas fueron liberadas posteriormente. El Observatorio quisiera también resaltar que las detenciones arbitrarias suelen ser acompañadas por amenazas y actos de intimidación por parte de miembros de la Policía nacional y de su Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).
Según las mismas informaciones, unos líderes indígenas y de las organizaciones que participan a la Minga recibieron amenazas de muerte. En específico, está circulando un panfleto con fecha del 19 de mayo, firmado por el grupo “Águilas Negras”, donde se amenaza a líderes indígenas y de organizaciones de la región del Cauca, como la ACIN, y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y donde se estigmatiza la labor de estos líderes, señalando que pertenecen a “grupos guerrilleros, para lo cual se ofrece recompensa de 20.000.000 a quien les de muerte”. Además,fue amenazado a repetidas ocasiones el líder del Congreso de los Pueblos en el departamento del Cesar, el Sr. Guillermo Pérez Rangel , quien recibió el 21 de mayo un correo electrónico en el cual le proferían amenazas personales. Además, varios otros integrantes del Congreso de los Pueblos recibieron el 4 de junio, un correo electrónico pidiéndoles de cesar sus actividades, seguido por el siguiente mensaje : “los tenemos ubicados, nuestros militares los aran caer uno a uno". El mismo 4 de junio, miembros del CRIC recibieron de nuevo por correo electrónico una amenaza con logo de las “Águilas Negras”, en el cual se menciona que “son declarados objetivo militar los principales dirigentes” de varias organizaciones, entre las cuales el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), el Congreso de los Pueblos, y “los que insistan liderando con el cuento de los derechos humanos”, acusándoles además de ser colaboradores de las guerrillas.
Cabe destacar que los manifestantes fueron víctimas de constantes hostigamientos y estigmatizaciones por parte de la policía. En efecto, desde el inicio de la Minga se produjo un acoso permanente por parte de agentes de la fuerza pública, que constantemente han tomado registros fotográficos y grabaciones de videos a las personas concentradas en los distintos lugares de la manifestación. Además, se han registrado denuncias sobre posibles infiltraciones dentro de las marchas por parte de agentes vestidos de civil o haciéndose pasar por periodistas. Asimismo, el Observatorio quisiera resaltar la presencia de constantes sobrevuelos en helicópteros, allanamientos y señalamientos a los manifestantes de presunta colaboración de la guerrilla, por parte de fuerzas oficiales.
Por último, el movimiento de la Minga es víctima de una campaña de desprestigio a través declaraciones en medios y la adopción de medidas que criminalizan la protesta por parte de las autoridades colombianas,con el fin de estigmatizar e intimidar el ejercicio de la protesta social.
En particular, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas afirmó, en alocuciones que efectuó los 1 y 7 de junio de 2016, que la Minga estaba infiltrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) [2] .Además, el 30 de mayo en los departamentos de Huila y Arauca, las autoridades señalaron, mediante perifoneo y volantes, las actividades de la Minga como paro armado e invitando a la población a no participar. Entreel 31 de mayo y el 1 de junio se difundió también desde la Fiscalía y el Gobierno la presunta infiltración de grupos armados en la protesta en los departamentos de Chocó, Cesar, Nariño, Norte de Santander y la región de Magdalena Medio. Asimismo, en el departamento de Norte de Santander, la gobernación de emitió la circular No. 016 del 24 de mayo de 2016 en la cual se ordena a los alcaldes de todos los municipios del departamento tomar medidas, tales como prohibir el transporte masivo de personas en servicio público o particular y multas a los transportadores que faciliten el transporte de los campesinos que van a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Cabe mencionar que a principios de junio se presentó una solicitud de medidas cautelares para los manifestantes de la Minga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó información al Estado de Colombia.
El Observatorio expresa su absoluto rechazo frente a los asesinatos de los Sres. Willington Quibarecama Nequirucama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz y al intento de asesinato del Sr. Albeiro Camayo y exige que las autoridades competentes emprendan investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los hechos ocurridos, así como sobre el resto de ataques físicos en contra de manifestantes.
Además, el Observatorio condena firmemente los demás actos de represión y deslegitimación descritos en este llamado en contra de manifestantes y líderes de organizaciones que participan a la Minga Nacional, así como en contra del mismo movimiento por parte de las autoridades colombianas.
Finalmente, el Observatorio insta las autoridades colombianas a poner fin inmediatamente e incondicionalmente a dichos actos de represión y a respetar sus legítimas actividades, incluyendo el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos ocurridos y en específico los asesinatos de los Sres. Willington Quibarecama Nequirucama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz, al intento de asesinato en contra del Sr. Albeiro Camayo, y a las amenazas de muerte en contra del Sr. Guillermo Pérez Rangel, con el fin de identificar a responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los manifestantes del movimiento de la Minga Nacional, y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;
iii. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento, criminalización y campaña de desprestigio en contra de todas las personas que ejercen su libertad de reunión pacifica, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”;
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
• S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Fax: + 57 1 596 0631 / 566 2071
• Sr. Germán Vargas Lleras, Vicepresidente de la República, Fax: +57 1 596 0651
• Sr. Luis Carlos Villegas, Ministro de la Defensa, Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C., e-mail: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
• Sr. Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, La Giralda Carrera 8 No. 7 – 83, Bogotá D.C., Colombia. Fax: +57 1 242 74 00. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co, www.correo.minjusticia.gov.co
• Sr. Jorge Eduardo Londoño, Ministro de Justicia, Carrera 9 No. 12C, Bogotá D.C., Colombia. Fax: +57 1 444 3100. Email: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co
• Sr.Jorge Fernando Perdomo, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) Conmutador: 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00, www.fiscalia.gov.co
• Sra. Paula Gaviria Betancur, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Calle 7 No. 6 - 54 Bogotá D.C., Tel: (57 1) 595 1850, Fax: (57 1) 566 2064 - 334 1817, e-mail: ppdh@presidencia.gov.co
• Sr. Diego Fernando Mora Arango,, Director de la Unidad Nacional de Protección, avenida calle 26 No. 59-41/65 – PBX: (571) 4 26 98 00, Bogotá Colombia, email: atencionalusuario@unp.gov.co
• Sr. Alfonso Cajiao Cabrera, Defensor del Pueblo, Calle 55 Nº 10 – 32, Bogotá D.C, PBX: [57 1] 3147300 ; E-mail: atencionalciudadano@defensoria.gov.co/ asuntosdefensor@defensoria.gov.co
• Sr. Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander, Calle 16 No.3-03/07 Barrio la Playa, Cúcuta, Tel : (097) 5833055 - 5833344 – 5714937, FAX : 5833199, Email: nortesantander@defensoria.gov.co
• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co
• Sra. Beatriz Londoño Soto, Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. Fax: + 41 22 791 0787; E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
• S.E. Sr. Rodrigo Rivera Salazar, Jefe de Misión ante la Unión Europea, Misión Diplomática de Colombia en Bruselas, Avenue Franklin Roosevelt 96a, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: + 32 2 646 5491. Email: rodrigo.rivera@cancilleria.gov.co, ebruselas@cancilleria.gov.co
• Sr. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de DDHH, e-mail: cidhoea@oas.org
• Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos –OACNUDH-, Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101, Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia, Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636, Fax: (+57 1) 629 3637, e-mail: oacnudh@hchr.org.co
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.