Nuevas informaciones:
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), sobre el asesinato del Sr. Ceferino Yunda Camayo, defensor indígena y participante de la Minga del Suroccidente, así como los ataques y agresiones contra las oficinas de dos organizaciones que defienden los derechos a la tierra y el territorio de comunidades campesinas e indígenas en el departamento del Cauca: la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (FUNDECIMA) [1] y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) [2].
Según la información recibida, continúa la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional, que continúan haciendo uso de armas no convencionales, como cartuchos de gas lacrimógeno “recalzados” o armas de fuego de corto y largo alcance contra los manifestantes. En este sentido, el día 2 de abril de 2019, en un operativo de la Fuerza Pública, en la vereda el Túnel del municipio de Cajibío (departamento del Cauca), la fuerza pública disparó contra la multitud y resultó asesinado el Sr. Ceferino Yunda Camayo, comunero indígena de 20 años de edad. Además, otros cuatro comuneros resultados heridos.
Según las mismas informaciones, en horas de la mañana del día 3 de abril de 2019, un grupo de personas vestidas de negro realizó una manifestación en contra de la jornada de protesta denominada “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz” [3] en el Suroccidente de Colombia. Los individuos atacaron con piedras y palos las instalaciones del CRIC. El mismo día, aproximadamente a las 3:15 de la tarde, fue organizada otra manifestación de un grupo de personas que atacaron las oficinas de la FUNDECIMA, con objetos contundentes que rompieron los vidrios de las oficinas. Los ataques contra ambas organizaciones se realizaron con la aquiescencia del ESMAD que no intervino a pesar de estar presente en la zona.
El Observatorio recuerda nuevamente su preocupación por la crisis del derecho a defender los derechos humanos en Colombia en un contexto en el que al menos 172 personas defensoras, incluyendo líderes sociales, fueron asesinadas en 2018, según datos de la Defensoría Nacional del Pueblo. Además, el Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe de mayo de 2018 en el que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de las personas defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambiente que estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado [4].
El Observatorio reitera en este contexto su grave preocupación ante el grave riesgo para la vida, e integridad física de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que están participando en la Minga en diferentes departamentos de Colombia, ante la exacerbación de las expresiones de odio, producidas por la campaña de estigmatización de altos funcionarios del Estado de Colombia contra la defensa de los derechos humanos y la protesta social” [5], y lamenta profundamente que no se hayan tomado las medidas oportunas y adecuadas por parte del gobierno para prevenir la materialización del riesgo advertido por el anterior Llamado Urgente del Observatorio (ver antecedentes).
Por lo anterior, el Observatorio insta al Estado de Colombia a reconocer y hacer efectivo el ejercicio al derecho a la protesta social y a habilitar diálogos incluyentes y abiertos que permitan resolver los conflictos sociales bajo parámetros democráticos que preserven la vida y los derechos humanos de quienes se manifiestan para exigir la ampliación de sus derechos.
Antecedentes:
Desde el 10 de marzo de 2019, fecha en que inició la jornada de protesta social, la Minga viene siendo objeto de estigmatización por parte de altos mandos de la Fuerza Pública [6], Senadores [7] y otros funcionarios públicos como el Ministro de Defensa de Colombia, quienes han manifestado ante medios de comunicación y redes sociales que la jornada de protesta está infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC [8]. Esta situación dio lugar a que usuarios de redes sociales hayan abierto un hashtag denominado #MingaDeLasFarc, lo que ha exacerbado expresiones de odio y muerte contra los manifestantes, situación que pone en grave riesgo la vida e integridad física de las personas que participan de las protestas, y de sus principales voceros y líderes y lideresas de las organizaciones que han promovido la jornada. Adicionalmente, el 19 de marzo de 2019, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció a los medios de comunicación que estudia la apertura de investigaciones penales contra los manifestantes por varios delitos, entre ellos los de obstrucción de vía pública, secuestro y por la participación de menores durante la jornada de protesta.
El derecho a la protesta social está siendo restringido por las acciones combinadas entre el ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes vienen haciendo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza incluyendo: uso de armas no convencionales para dirimir la protesta, levantar los lugares de concentración y dormida y despejar las vías bloqueadas por los manifestantes, además de acciones de intimidación permanentes incluyendo el sobrevuelo de aviones militares y dones sobre los puntos de concentración y dormida. En el desarrollo de estas acciones, ha habido disparos de armas de fuego de corto y largo alcance contra los manifestantes, uso de gases lacrimógenos lanzados directamente a sus rostros y cuerpos, disparos con cartuchos recargados, y uso de golpes con objetos contundentes que han dejado más de 50 personas heridas, algunas de gravedad, entre ellos a varias personas defensores de derechos humanos relacionados con la tierra y el territorio de comunidades indígenas y campesinas.
Además, se han registrado ataques contra la libertad de prensa por parte del ESMAD. El 16 de marzo en horas de la mañana, el comunicador William Becerra fue agredido y detenido arbitrariamente. El comunicador se encontraba cubriendo el punto de concentración del Cairo y el Tunel, en el municipio de Cajibío, y fue agredido por agentes del ESMAD quienes lo tiraron al piso, lo golpearon, le decomisaron su celular y cámara fotográfica, lo montaron en una camioneta y lo trasladaron arbitrariamente hasta la estación de policía en donde luego de un tiempo fue dejado en libertad ante la exigencia de los organismos de derechos humanos y del personero municipal de este municipio.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia instándolas a:
i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. Ceferino Yunda Camayo, así como de otros casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los manifestantes del movimiento de la “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz”, en específico de quienes integran la FUNDECIMA y el CRIC, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;
iii. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento, criminalización y campaña de desprestigio en contra de todas las personas que participan de la Minga, e instaurar en el menor tiempo posible un diálogo abierto e incluyente entre el Presidente de la República de Colombia y voceros y voceras de la Minga;
iv. Hacer efectiva la Directiva No. 002 de la Procuraduría General de la Nación mediante la cual se exhorta a los funcionarios públicos a respetar a quienes defienden los derechos humanos y a sus organizaciones y “abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen e inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”, e iniciar las respectivas investigaciones disciplinarias;
v. Implementar el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, contemplado en la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, e instalar las mesas de seguimiento al ejercicio de la protesta social como espacios de coordinación entre la institucionalidad y sociedad civil para la plena observación de los estándares internacionales en materia de tratamiento a la protesta social y regulación de la Fuerza Pública en el contexto de la protesta social;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. contacto@presidencia.gov.co
Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co / notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional.E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Email contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, defensoria@defensoria.org.co
Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. E-mail (Secretaría): marthazorrilla@presidencia.gov.co
Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección. Email: correspondencia@unp.gov.co
Sra. Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co
S.E. Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea. Email: ebruselas@cancilleria.gov.co
Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 5 de abril de 2019
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] FUNDECIMA es una organización de derechos humanos del departamento del Cauca, mayoritariamente se centra en la región del macizo colombiano en la defensa de los derechos civiles y políticos y de la tierra y el territorio de la población campesina. Es una organización filial de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos en Colombia.
[2] El CRIC es una organización regional que aglutina comunidades indígenas del Cauca, alrededor de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, principalmente los relacionados con la tierra, el territorio y los demás derechos económicos, sociales y culturales.
[3] La Minga, es una movilización social iniciada el 10 de marzo de 2019 en la que participan diversas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales convocadas por organizaciones sociales y étnicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y populares, principalmente de los departamentos del Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia y Chocó. Las comunidades instalaron una Mesa Central de Diálogo y Negociación y exigen la presencia del Presidente de la República Iván Duque Márquez para tratar directamente con él varios aspectos que afectan el goce de sus derechos, entre ellos los siguientes temas: a) Asesinato y criminalización de líderes y lideresas sociales; b) El compromiso del actual gobierno con el cumplimiento de acuerdos hechos en anteriores movilizaciones; c) La adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos; d) El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos; e) La defensa del territorio, f) El desmonte del paramilitarismo; y g) La defensa de la paz en Colombia.
[4] Véase el informe de misión de investigación del Observatorio, mayo de 2018: “COLOMBIA: No Hay Paz para las personas defensoras”, 2018: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf
[5] Altos mandos del Ministerio de Defensa Nacional, Senadores del partido Centro Democrático habían manifestado por redes sociales y ante medios de comunicación que la jornada de protesta está infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC y por la guerrilla del ELN. Esto ha suscitado que usuarios de redes sociales continúen usando hashtag que estigmatizan e incitan al odio contra la Minga, por ejemplo #MingaTerrorista; #MingaaCriminal; #MingaDeLasFarc
[6] El 16 de marzo de 2019, el comandante de la policía del Cauca en una entrevista dada a medios de comunicación indicó que la Minga estaba infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Algunos registraron así la noticia: "En realidad el sector está influenciado por el grupo armado organizado residual Frente Sexto, de las antiguas FARC, y de la columna móvil Jacobo Arenas, también como disidentes”. Véase: https://www.efe.com/efe/america/portada/investigan-si-disidencias-de-las-farc-estan-infiltradas-en-protestas-indigenas/20000064-3926952
[7] Por ejemplo, el senador Carlos Felipe Mejía, desde su cuenta de Twitter @CARLOSFMEJIA, con fecha 16 de marzo de 2019, afirmó que: “Claramente son criminales los que usan explosivos y atentan contra la comunidad y el libre tránsito de la carretera. Aquí no hay ninguna protesta social, esto es obra de la #MingaDeLasFarc”. En otro tuit dice: “La criminalidad disfrazada de protesta social, todo el peso de la justicia contra estos bandidos y contra quienes los instigan a causar estos daños”. #MingaDeLasFarc https://www.cric-colombia.org/portal/denuncia-publica-sobre-las-acusaciones-realizadas-por-el-senador-carlos-felipe-mejia-en-contra-de-la-minga-del-suroccidente/
[8] http://www.diariodelcesar.com/archivos/15242