Apreciables señora y señores:
Las organizaciones firmantes, acompañantes de diferentes procesos de defensa de los derechos humanos en el mundo e instituciones preocupadas por la protección de las y los defensores, manifestamos nuestra preocupación por los graves obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, tal y como lo evidencian los recientes asesinatos de José Ángel Flores (presidente) y Silmer Dionisio George (miembro) del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocurridos el día martes 18 de octubre y los atentados en contra de Tomás Gómez Membreño (coordinador general) y Alexander García Sorto (integrante) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el pasado 9 de octubre; así como intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente las actividades y derechos de defensoras y defensores en su país; particularmente cuando la defensa de derechos toca intereses de actores con poder político o económico.
Estos ataques repercuten negativamente sobre el disfrute de los derechos defendidos, contribuyen a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias. En una reciente declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto” [1].
Honduras es el país con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 426 personas beneficiarias; de las cuales 16 que defendían derechos humanos, fueron asesinadas entre 2001 y julio de 2016 [2].
El hecho de que José Ángel Flores, Silmer Dionisio George, Tomás Gómez Membreño y Alexander García Soto pertenezcan a organizaciones a las que les fueron concedidas medidas cautelares [3] de la CIDH demuestra una grave falla en el deber del Estado de Honduras de adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de [las y] los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan por hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales”, tal y como quedó expresado en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos [4], la cual fue co-patrocinada y votada por Honduras.
La continuidad de estos hechos de violencia contra las y los defensores, ponen en evidencia que en Honduras la situación es crítica para ellos, ya que no cuentan con garantías por parte del Estado para ejercer su labor ni sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión o asociación pacíficas, a participar en los asuntos públicos y a interponer recursos
efectivos [5] cuando lo consideren oportuno.
Respetados representantes del Estado de Honduras:
Como es de su conocimiento, durante este año diferentes órganos de tratado de las Naciones Unidas han examinado al Estado de Honduras [6]. En sus sesiones, los diferentes Comités han preguntado específicamente sobre las medidas que ha adoptado el Estado de Honduras para garantizar el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta como Estado ha sido el reconocimiento de “la labor de los defensores de derechos humanos” y la aprobación, reglamentación e implementación de la Ley de Protección de defensores de derechos humanos, así como “la atención a las 38 solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General del Sistema de Protección hasta junio de 2016” [7].
Sin embargo, los hechos de violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos demuestran que este mecanismo ha resultado poco efectivo, tal y como ha sido señalado tanto por actores nacionales como internacionales, dada la falta de recursos asignados así como medidas concretas [8] y específicas para la protección de estas personas, más allá del acompañamiento o vigilancia perimetral policial; los cuales en algunos casos se han otorgado sin análisis de riesgos y respondiendo sólo con medidas de urgencia y no de protección profesionalmente planificada [9].
En sus observaciones finales, de este año, tres comités de las Naciones Unidas que evaluaron a Honduras (el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares) expresaron su preocupación por la descalificación [10], las amenazas [11], actos de intimidación [12] y asesinatos [13] en contra de las personas defensoras de derechos humanos en ese país y el grado de impunidad de la que gozan los responsables de esos actos [14].
El Comité contra la Tortura manifestó, además, estar preocupado por las (...) declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que se descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos, poniendo así en riesgo su
integridad física [15]. También el Parlamento de la Unión Europea, en abril de este año, adoptó una resolución relativa a las y los defensores en el país [16] en la que “pide a la Delegación de la Unión y a las embajadas y consulados de los Estados miembros en el país que hagan un seguimiento y controlen activamente los procesos relacionados con la investigación de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y que intensifiquen sus esfuerzos para defender a [las y] los defensores de los derechos humanos actualmente en peligro” [17], siendo éste un asunto de interés de la comunidad internacional.
Ante esta grave situación, por medio suyo nos permitimos hacer un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con sus obligaciones en materia de protección a los y las defensoras de derechos humanos, entre las cuales están:
1. Tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser desarrolladas en consulta con las beneficiarias [18].
2. Fortalecer y dotar con los recursos necesarios [19] al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, concediendo un mayor espacio de participación a las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos [20].
3. Desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente [21] en consulta con las personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de prevenir los ataques en su contra.
4. Garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas ni hostigamiento y cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos [22], e
5. Investigar de manera exhaustiva, eficaz [23], sin demora y de manera independiente [24] todas las denuncias y atentados contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos [25]. Además, se haga rendir cuentas a los responsables (...) y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física [26].
La implementación de estas acciones contribuirá a mejorar las condiciones del trabajo y la seguridad de las y los defensores; brindando el respaldo institucional que necesitan para continuar con la defensa de los derechos humanos, lo que redundará en beneficios para toda la sociedad hondureña.
Respetuosamente,