Hoy, el Tribunal de Apelación de Ntahangwa (Bujumbura) ha confirmado la condena de los cuatro periodistas de Iwacu a dos años y medio de prisión y a multas de 500 euros. Estos periodistas estaban simplemente haciendo su trabajo cuando acudieron el pasado mes de octubre a la provincia de Bubanza para investigar informaciones sobre disturbios. Se les procesó por haber intentado realizar esta investigación, con la peculiar acusación de "intento imposible de instigar una amenaza contra la seguridad interna del Estado", debido a que no existían pruebas contra ellos. El grupo de prensa independiente, cuyo lema es "Voces de Burundi", es una de las últimas organizaciones de medios de comunicación independientes del país.
"Esta sentencia es una nueva advertencia para los últimos periodistas burundeses que intentan hacer su trabajo, en un país al que los periodistas internacionales no han podido entrar desde hace años y donde la mayoría de los agentes de la sociedad civil se encuentran en el exilio. El mensaje que se pretende transmitir con esta decisión es muy claro: "dejen de intentar cubrir acontecimientos hostiles al régimen y no vayan a lugares a los que el régimen no les ha invitado". Burundi acaba de inventar una especie de ’delito de denuncia’",
"Hacemos un llamado a las misiones diplomáticas en Burundi para que soliciten la liberación inmediata e incondicional de estos periodistas, teniendo en cuenta especialmente las malas condiciones sanitarias y el hacinamiento de la prisión, que hacen temer un posible brote de covid-19 y un grave deterioro de su estado de salud en la cárcel".
Egide Harerimana, Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi y Agnès Ndiribusa fueron detenidos el 22 de octubre de 2019, junto con su chófer, Adolphe Masabarakiza, que posteriormente fue puesto en libertad. En el momento de su arresto, los cuatro periodistas se disponían a investigar la información recibida sobre los enfrentamientos ocurridos a primera hora de la mañana entre las fuerzas de seguridad de Burundi y un grupo rebelde en Musigati, en la provincia occidental de Bubanza, situada en la frontera con la República Democrática del Congo, que habían provocado desplazamientos de la población civil. A pesar de haber informado a las autoridades provinciales de que se dirigían a la región, fueron detenidos al llegar al lugar, antes incluso de poder comenzar su trabajo. El 30 de enero de 2020, el Tribunal Superior de Bubanza los declaró culpables de un "intento imposible de instigar una amenaza a la seguridad interna del Estado". La vista de apelación se celebró el 6 de mayo en el Tribunal Superior de Bubanza y la sentencia, dictada hoy, se esperaba en un plazo de 30 días.
"Lamentablemente, esta decisión es típica del constante acoso judicial al que se somete a las personas defensoras de los derechos humanos en Burundi. Otras personas defensoras, como Germain Rukuki, antiguo trabajador de ACAT-Burundi –condenado a 32 años de prisión y cuyo juicio de apelación está en proceso de deliberación ante el Tribunal Supremo de Burundi, cuya decisión está prevista para finales de mes– y Néstor Nibitanga de APRODH, que fue condenado a cinco años de prisión, siguen encarcelados por su legítima defensa de los derechos humanos. También ellos deben ser puestos en libertad inmediatamente"
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH El objetivo de este programa es intervenir para prevenir o para remediar las situaciones de represión de las personas defensoras de los derechos humanos. Tanto la OMCT como la FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el mecanismo de la Unión Europea para las personas de derechos humanos desarrollado por la sociedad civil internacional.