El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre el desalojo forzoso y el destrozo de la comunidad Quilombo Campo Grande del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) [1] , situada en el municipio de Campo do Meio, en Minas Gerais, al sureste de Brasil [2].
Según la información recibida, el 12 de agosto de 2020, por la mañana, 150 miembros de la Policía Militar del Estado de Minas Gerais, acompañados de 20 vehículos policiales y varios helicópteros, iniciaron el desalojo violento de la comunidad Quilombo Campo Grande, al que se opusieron de forma pacífica los miembros de la comunidad durante 56 horas.
El 13 de agosto, en horas de la mañana, la policía desalojó un almacén de productos y herramientas agrícolas, así como la escuela para niños, jóvenes y adultos de la comunidad, conocida como Escuela Popular Eduardo Galeano, la cual fue derribada posteriormente con un tractor. Ese mismo día, por la tarde, personas desconocidas prendieron fuego a los campos de cultivo de la comunidad.
El 14 de agosto, los agentes de la Policía Militar prosiguieron con el desalojo, haciendo uso de gases lacrimógenos y vuelos bajos de los helicópteros como acto intimidatorio contra las personas de la comunidad.
A lo largo de los tres días, un total de catorce familias fueron desalojadas. Dos de ellas han sido aposentadas por el ayuntamiento de la Municipalidad de Campo do Meio. Sin embargo, a las doce familias restantes no les fueron ofrecidas alternativas habitacionales, por lo que han sido acogidas por las familias de la comunidad Quilombo Campo Grande que no fueron desalojadas.
El desalojo de Quilombo Campo Grande se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial de reintegración de propiedad [3] dictaminada por la Sala Agraria del Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJ-MG) en febrero de 2020, por la que se ordena la reintegración de un total de 52 hectáreas del terreno en el que se encuentra la comunidad. [4]
Sin embargo, según las mismas informaciones, la Policía Militar procedió al desalojo violento de familias que residían en terrenos que no estaban incluidos en la orden de reintegración de propiedad. De la misma manera, el derribo de bienes materiales, incluyendo casas, la Escuela Popular Eduardo Galeano y los terrenos de cultivo del asentamiento del MST, tampoco formaba parte de la orden del TJ-MG.
El Observatorio destaca que el 11 de agosto de 2020, ante la inminencia del desalojo, la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) [5], el Consejo Estadual de Derechos Humanos de Minas Gerais (CONEDH) [6] y la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados del Brasil (CDHM), presentaron una solicitud de suspensión del desalojo ante el TJ-MG con motivo a la grave situación de vulnerabilidad a la que expondría a las familias del MST afectadas por el desalojo en el actual contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada.
El Observatorio expresa su grave preocupación frente al desalojo forzoso y violento de las familias defensoras de la tierra y los derechos campesinos de la comunidad Quilombo Campo Grande, dado que la pérdida de vivienda y de sus medios de subsistencia las expone a un alto nivel de vulnerabilidad y riesgo de contagio en el actual contexto de crisis sanitaria.
Por todo lo anterior, el Observatorio urge a las autoridades de Minas Gerais y de Brasil a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de las familias que integran la comunidad Quilombo Campo Grande y a abstenerse de ejecutar cualquier proceso de desalojo de comunidades defensoras de los derechos campesinos y de la tierra mientras se mantenga vigente el estado de calamidad pública en Brasil, decretado el 20 de marzo de 2020.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Brasil urgiéndolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas defensoras de la tierra y los derechos campesinos de la comunidad Quilombo Campo Grande, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Brasil;
ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los actos de violencia, al uso excesivo de la fuerza y al desalojo forzado arriba mencionado, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley; evitando en todo el territorio de Brasil, todo tipo de medidas judiciales y administrativas de desalojo y reintegración en el actual contexto de pandemia.
iii. Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento en contra las personas defensoras de la tierra y los derechos campesinos de la comunidad Quilombo Campo Grande, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Brasil;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Brasil.
Direcciones:
• Sr. Jair Bolsonaro, Presidente de la República Federativa del Brasil, Twitter: @jairbolsonaro
• Sr. André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, E-mail: ouvidoriageral@mj.gov.br ; Twitter: @JusticaGovBR
• Sra. Damares Regina Alves, Ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Twitter: @DamaresAlves, @DHumanosBrasil
• Sr. Romeu Zema, Gobernador de Minas Gerais, E-mail: segov@governo.mg.gov.br, governador@governo.mg.gov.br
• Sr. Roberto Apolinário de Castro, Juez Titular de la Sala Agrararia del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, E-mail: vconflitoagrario@tjmg.jus.br
• S.E. Sra. Maria Nazareth Farani Azevêdo, Embajadora, Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas en Ginebra, E-mail: delbrasgen@itamaraty.gov.br
• S.E. Sr. Fernando Simas Magalhães, Embajador, Misión Permanente de Brasil ante la Organización de los Estados Americanos, E-mail: missao.delbrasupa@itamaraty.gov.br
• S.E. Haroldo de Macedo Ribeiro, Embajador, Embajada de Brasil en Bruselas, E-mail: brasemb.bruxelas@itamaraty.gov.br
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Brasil en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 25 de agosto de 2020
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
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