La existencia de una sociedad civil en donde la capacidad de acción o de
movilización crece constantemente tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
está acompañada de una reacción de los Estados que adoptan verdaderas
estrategias de amordazamiento de esta sociedad civil independiente.
En 2002, esta tendencia fue confirmada y agravada. Como consecuencia
de los atentados del 11 de septiembre, la sociedad civil ha intervenido en un
contexto aún más hostil en el que se ha producido un cambio de paradigma.
La « seguridad » se ha convertido en la prioridad absoluta y la lucha contra el
terrorismo -legítima y necesaria- está siendo desviada cada vez más de su
objetivo principal y utilizada por los Estados para asegurar o reforzar su propio
poder en detrimento de los compromisos que éstos han adquirido en
favor de los derechos humanos. Algunos Estados como Uzbekistán, Rusia,
Egipto o Malasia, han utilizado estos acontecimientos para legalizar o reforzar
sus prácticas represivas, frecuentemente con el estímulo o con la bendición
de los gobiernos occidentales, dando ellos mismos mal ejemplo y
revisando sus alianzas, en nombre de la lucha internacional antiterrorista. En
este contexto, aquellos que se atreven a criticar los regímenes por sus atentados
contra los derechos humanos están más que nunca en primera línea.
LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN PRIMERA L
26/03/2003
Informe
Constituir una asociación o un sindicato, investigar sobre desapariciones
forzadas o detenciones arbitrarias, redactar un informe sobre la tortura,
denunciar las consecuencias de una presa sobre la población indígena, o
documentar cualquier otra violación de los derechos humanos implica un
riesgo en más de 80 países del mundo. Amenazas de muerte, campañas de
difamación, malos tratos y actos de tortura, represalias contra la familia, prohibición
de viajar, confiscación de material, arrestos y detenciones arbitrarias,
son algunos de los obstáculos que deben afrontar, en numerosos países, los
defensores de los derechos humanos.