Llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de una comisión de investigación sobre Yemen

19/08/2015
Comunicado
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Las organizaciones abajo firmantes hacen un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la creación de una comisión internacional de investigación sobre las violaciones graves del derecho internacional humanitario supuestamente cometidas por todas las partes pertinentes desde septiembre de 2014, cuando el grupo armado hutí se hizo con el control de Saná, la capital de Yemen.

El 26 de marzo de 2015 una coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una campaña aérea contra las fuerzas hutís. Desde entonces las partes en conflicto han cometido serias violaciones del derecho internacional, algunas de las cuales podrían calificarse como crímenes de guerra.

La coalición liderada por Arabia Saudí ha llevado a cabo ataques aéreos en clara violación del derecho internacional humanitario, que han causado la muerte a numerosos civiles y han alcanzado a blancos civiles (en inglés) e infraestructuras (en inglés). Así, el 24 de julio los aviones de la coalición bombardearon (en inglés) repetidamente dos zonas residenciales de la planta térmica de Mokha. Tan solo estos ataques mataron al menos a 65 civiles, incluidos 10 niños.

Los hutís y las fuerzas aliadas han violado repetidas veces el derecho internacional humanitario, llegando incluso a disparar armas de fuego de forma indiscriminada en zonas pobladas por civiles del Yemen del Sur y en Arabia Saudí, más allá de la frontera (en inglés), así como reclutando niños para sus fuerzas armadas. El 19 de julio, en uno de los ataques (en inglés) más mortíferos llevados a cabo por las fuerzas prohutís, los disparos de mortero acabaron con la vida de varias decenas de civiles en el distrito de Dar Saad de Adén.

Grupos no estatales han violado la neutralidad (en inglés) de los centros de atención sanitaria (en inglés) y del personal sanitario y de ayuda humanitaria.

Hasta el 4 de agosto los combates en Yemen habían resultado en al menos 1 916 muertos civiles, en su mayoría debido a ataques aéreos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en inglés). Al menos 207 objetivos civiles han sido parcial o totalmente destruidos (en inglés) a consecuencia del conflicto armado.

La situación humanitaria continúa deteriorándose, con 21 millones de yemenís (en inglés)—un estremecedor 80 por ciento de la población— que requiere ayuda humanitaria. Dado que las importaciones comerciales suponen el 90 por ciento de los suministros de combustibles y alimentos de Yemen (en inglés), el bloqueo impuesto por la coalición ha tenido repercusiones muy graves en la situación humanitaria y podría ser calificado de crimen de guerra por el método de dejar morir de hambre a los civiles, utilizado como táctica de guerra. La mitad de la población se halla actualmente en una situación de inseguridad alimentaria,15,2 millones de personas (en inglés) carecen de acceso a los servicios sanitarios básicos y más de 20 millones no tienen acceso a agua no contaminada (en inglés), lo que contribuye a la propagación de enfermedades susceptibles de prevención como el dengue, la polio y la diarrea aguda.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha manifestado su profunda preocupación (en inglés) por el elevado número de pérdidas de vidas humanas en Yemen y ha informado al Consejo de Derechos Humanos en su 29.º periodo de sesiones, celebrado en junio de 2015, que su oficina había "recibido información que sugería que se estaban realizando ataques indiscriminados y desproporcionados en áreas densamente pobladas."

El derecho internacional humanitario obliga a los Estados que son parte en un conflicto armado a investigar los supuestos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas y a llevar ante la justicia a quienes sean responsables penalmente, para someterlos a un juicio justo. No tenemos noticia de ningún miembro de la coalición que lo haya hecho. Además, se ha permitido a otros Estados ejercer la competencia universal en relación a supuestos crímenes de guerra y a otros delitos cometidos en Yemen que pertenecen al ámbito del derecho internacional. El 14 de abril de 2015 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó a iniciar una "investigación urgente" sobre cualquier sospecha de vulneración del derecho internacional y en su discurso de apertura del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del pasado junio reiteró el llamamiento para que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó unánimemente en su resolución 27/19 de septiembre de 2014 un llamamiento para que "se investiguen todos los casos de violaciones y abusos de los derechos humanos y los casos de vulneración del derecho internacional humanitario." La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había promovido asimismo el establecimiento de un mecanismo internacional para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el levantamiento de 2011. El hecho de que estas recomendaciones no hayan sido puestas en práctica de forma adecuada por las partes pertinentes, tanto nacionales como internacionales, ha alimentado aún más la cultura de impunidad imperante en Yemen.

La falta de investigación por parte de Arabia Saudí y otros miembros de la coalición, así como del Gobierno yemení, sobre los ataques aéreos aparentemente ilegales ocurridos en Yemen y la ausencia de medidas de rendición de cuentas para las demás partes del conflicto demuestran la necesidad de que el Consejo de los Derechos Humanos tome medidas urgentes.

Durante su 30.º periodo de sesiones, previsto para septiembre de 2015, el Consejo de Derechos Humanos debería actuar para acabar con esta cultura de impunidad en Yemen y aprobar una resolución que establezca una comisión internacional de investigación para establecer los supuestos abusos y violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidos por todas las partes desde septiembre de 2014, incluyendo los relacionados con el bloqueo aéreo y marítimo impuesto por las fuerzas de la coalición. La investigación debería demostrar los hechos, recopilar y conservar la información relacionada con los abusos y las violaciones cometidas e identificar a los sospechosos responsables penales de abusos y violaciones graves, con el fin de garantizar que se les someta a un juicio justo.

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