17 de junio de 2025. En cuatro años, Túnez pasó de ser un faro de la democracia a un laboratorio de prácticas autoritarias. La FIDH llega a esta alarmante conclusión en su nuevo informe, que traza la genealogía del descenso a los infiernos que se ha producido desde el 25 de julio de 2021. A partir de hechos documentados, decisiones judiciales ignoradas y testimonios recabados sobre el terreno, el informe pone de relieve los mecanismos institucionalizados de represión utilizados por el régimen para neutralizar toda forma de disidencia.
"El presidente Kais Saied no deja lugar a dudas sobre su voluntad de construir un régimen autoritario, metódico e implacable, basado en la destrucción de los contrapoderes, la eliminación de la disidencia y el miedo. Esta dinámica supone una grave amenaza para el futuro democrático de Túnez, que en su día fue un símbolo de esperanza en la región", declara Aissa Rahmoune, secretario general de la FIDH.
"Este informe es un testimonio incontestable de la verdadera naturaleza dictatorial del régimen de Kais Saied. Por este motivo, queremos presentarlo ante las instancias europeas que han convertido a Túnez en un modelo al servicio de sus políticas migratorias, sacrificando así los valores fundamentales de la democracia y el estado de derecho al apoyar a un régimen que los pisotea. Las políticas europeas deberían dar prioridad a la defensa de los derechos humanos y exigir que se respeten verdaderamente estos valores, en lugar de apoyar y cerrar los ojos ante la represión sistemática orquestada por el poder tunecino", lamenta Yosra Frawes, responsable de Oriente Medio y Norte de África de la FIDH.
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Una justicia al servicio de la represión y la arbitrariedad
La progresiva subordinación de la justicia, etapa fundamental de la empresa dictatorial, pasa por la disolución unilateral del Consejo Superior de la Magistratura, piedra angular de la independencia judicial, que se ha sustituido por un órgano totalmente controlado por el presidente. Las destituciones arbitrarias de magistrados y magistradas, su linchamiento público y la negativa a autorizar su reincorporación a su puesto a pesar de que así lo ordenaba una decisión del tribunal administrativo, el bloqueo de los nombramientos y el flagrante desconocimiento de las decisiones judiciales ilustran este control total. Estas injerencias evidentes, junto con disposiciones constitucionales diseñadas a medida del poder presidencial, recuerdan las prácticas autoritarias del régimen prerrevolucionario y vulneran las normas internacionales en materia de independencia judicial.
Al mismo tiempo, Kais Saied instrumentaliza la ley antiterrorista y emplea la justicia militar como arma para silenciar a periodistas, abogados/as, personas defensoras y miembros de la oposición política. El "caso de la conspiración", en el que se sometió a investigación a más de 40 personas, es el símbolo de esta práctica de recurrir a juicios injustos: periodos de detención prolongados, juicios a puerta cerrada, testimonios anónimos y sentencias cínicas de hasta 66 años de prisión. Figuras públicas como el expresidente Moncef Marzouki, el exministro del Interior Ali Laarayedh y la diputada Abir Moussi también fueron condenadas a duras penas por motivos vagos, volviendo a poner de actualidad métodos heredados de la colonización y la justicia política.
Un régimen que criminaliza a las personas LGBTQI+
Desde su llegada al poder, Kais Saied multiplicó las medidas que restringen las libertades fundamentales al recurrir a leyes anacrónicas. Desde su campaña de 2019, mostró posiciones conservadoras hostiles a la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQI+, al afirmar que las reivindicaciones en este sentido son fruto de injerencias extranjeras. La Constitución de 2022 marca una ruptura importante al redefinir la misión del Estado como garante de los fines del islam, cuestionando el principio de laicidad implícito en el Estado tunecino.
Esta orientación ideológica se concretó en una represión sistemática del espacio público y digital, dirigida en particular a personas influyentes acusadas de atentar contra las "buenas costumbres", un concepto vago y subjetivo que se utiliza para justificar persecuciones masivas. La comunidad LGBTQI+ sigue estando especialmente expuesta, debido a la criminalización de la homosexualidad (artículo 230 del Código Penal) y al acoso judicial documentado. La asociación Damj pour la justice et l’égalité ha registrado más de 80 procesos judiciales contra personas LGBTQI+ entre septiembre de 2024 y enero de 2025.
Métodos tomados de Rusia y Egipto
La pieza clave de esta represión es el decreto ley 54, aprobado en 2022 con el pretexto de luchar contra la desinformación. Permite condenar a hasta cinco años de prisión a cualquier persona acusada de difundir "información falsa", aunque este término no se definó jurídicamente. En realidad, este texto va dirigido contra periodistas, miembros de la oposición, abogados/as y activistas que expresan críticas hacia el poder. Entre los casos emblemáticos se puede citar a Zied El Heni, Haythem El Mekki, Mohamed Boughalleb, Sonia Dahmani o Mourad Zeghidi, personas todas ellas que fueron víctimas de una judicialización abusiva de su libertad de expresión. En 2024, más de 40 periodistas y creadores/as de contenidos fueron perseguidos/as. Esta medida recuerda las leyes "anti noticias falsas" del régimen ruso, que pretenden criminalizar todo cuestionamiento del discurso oficial.
Kais Saied también toma prestada de Egipto la práctica del "reciclaje" judicial, comúnmente conocida como "rotación" y que denunció el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta práctica consiste en iniciar sucesivos procesos contra las personas opositoras tan pronto como cumplen una condena, para mantenerlos indefinidamente en prisión, lo que vulnera su derecho a un juicio justo. De este modo, el periodista Mourad Zeghidi, encarcelado desde hace más de un año en virtud del decreto ley 54 de 2022 sobre la desinformación, vio prolongada su detención cuatro meses más el 5 de junio de 2025.
La represión se basa en una retórica de demonización de la oposición comparable a la utilizada por las dictaduras más feroces. Al igual que el régimen ruso, que califica habitualmente a sus enemigos/as de "terroristas", "agentes extranjeros" o "traidores", Kais Saied describe a sus oponentes como "microbios", "serpientes" o "cánceres", lo que instiga así el odio social y justifica una brutal represión. Esta retórica deshumanizadora ha marcado 145 de los 167 discursos presidenciales pronunciados en 2022, lo que constituye un linchamiento público implícito que deja a la opinión pública adivinar los objetivos en función del contexto.
Este discurso no solo justifica la represión, sino que también debilita los mecanismos de solidaridad. Aísla y desolidariza a la ciudadanía con respecto a las víctimas, en particular cuando actúan en apoyo de los grupos más vulnerables, como las personas migrantes. Se acusa a las personas defensoras de los derechos humanos que les ayudan, como Saadia Mosbah, Sherifa Riahi, Saloua Ghrissa y otras muchas militantes, de "terrorismo", "blanqueo de capitales" o "conspiración", como paso previo a su detención y encarcelamiento arbitrarios.
El efecto de esta estrategia es la erosión de la solidaridad ciudadana, la ruptura de los vínculos de apoyo y la transformación del silencio en condición para la supervivencia, en una sociedad civil que en estos momentos está reducida a la sospecha.
La libertad de prensa pisoteada
Desde 2021, los medios de comunicación públicos se convirtieron en herramientas de propaganda. Al mismo tiempo, se ordenaron varios cierres de medios independientes, además de intimidar y detener a periodistas. El nombramiento de responsables del círculo cercano al poder en organismos clave sofoca el pluralismo mediático y reduce el espacio de expresión democrática. El espacio público y digital también se encuentra sometido a una gran presión. Se ha perseguido a decenas de creadores/as de contenidos por vídeos considerados contrarios a las "buenas costumbres", un concepto difuso y retrógrado.
Por último, esta represión se apoya en un Estado policial reforzado, en el que las fuerzas de seguridad ejercen una brutal represión de las manifestaciones, las personas defensoras de los derechos humanos, los movimientos sociales y los grupos vulnerables, en un clima de miedo generalizado.
Se trata de métodos y políticas contrarios a los derechos humanos, que deben impulsar a los gobiernos, en particular a los de la Unión Europea, a revisar sus relaciones y acuerdos de cooperación con Túnez, so pena de ser considerados cómplices de estas violaciones.