En el verano de 2021, con más de 20 000 muertes a causa de la COVID 19 en Túnez, la OMS informó que se trataba del mayor número de fallecimientos en el Mediterráneo oriental y en África.
Con la publicación del informe titulado El derecho a la salud en la época de la crisis de COVID-19: cuando las desigualdades causan sufrimiento y muerte, la FIDH y la FTDES responden a esta alarmante situación para analizar las diferentes facetas de esta crisis de salud, sus causas profundas y su impacto en las personas más vulnerables.
Aunque la Constitución de 2014 establece en su artículo 38 que "todo ser humano tiene derecho a la salud", en la práctica, existen toda una serie de factores relacionados con la desigualdad de oportunidades, de ingresos, de pertenencia regional o interregional y de género que dificultan el ejercicio de este derecho.
Este informe muestra que la política de desvinculación del Estado ha provocado un deterioro de la calidad de la atención en un sector de salud pública infrafinanciado, mal gestionado y asolado por la corrupción.
La situación del sistema de salud también advierte sobre el predominio del sector privado, que concentra una parte cada vez mayor de los equipamientos más importantes, como el 85% de los equipos de resonancia magnética y el 73% de los escáneres.
A la desigual distribución de las infraestructuras sanitarias se suma la falta de posibilidades económicas para acceder a la atención. Es preocupante observar que más del 77% de las personas más pobres del país afirma no haber podido consultar a un médico, aunque lo consideraba necesario, por falta de recursos.
El informe pone de manifiesto asimismo el impacto de estas desigualdades en los grupos aún más vulnerables, como las personas migrantes y las mujeres víctimas de violencia, que están mal atendidos por las instituciones existentes.
Aunque destaca la resiliencia de la sociedad civil para salvar el sector sanitario y su trabajo, sobre todo durante la crisis sanitaria, el informe concluye que Túnez no ha respetado el derecho a la salud. Recomienda, en sus distintas partes, una profunda reforma del sector de la salud, que se enfrenta a las políticas de austeridad y a los intereses de quienes se benefician de un sistema de corrupción y rentas.
La FTDES y la FIDH quieren recordar la importancia de defender un sistema de salud basado en la solidaridad pública y la no discriminación. Se trata de subrayar la importancia de considerar la salud como un verdadero derecho, del que toda persona es titular y cuyo principal garante es el Estado.
Vea aquí debajo nuestro informe (en francés)