París, 30 de octubre de 2025. La suspensión de estas organizaciones, sin una base legal sólida y sin respetar las garantías procesales, marcan un nuevo episodio de represión contra las voces independientes y reflejan la instrumentalización política del decreto ley n.º 2011-88 sobre las asociaciones.
Un ataque frontal contra la libertad de asociación
Con el pretexto de ejercer un control administrativo, las autoridades tunecinas han emprendido una campaña de acoso contra las organizaciones independientes más activas y creíbles del país. Las suspensiones de la ATFD y el FTDES se produjeron a pesar de que estas organizaciones cumplían plenamente con los requisitos administrativos. No se ha constatado ninguna irregularidad, no se ha entablado ningún diálogo y las decisiones se han notificado sin motivación escrita, lo que vulnera el principio de contradicción y el artículo 40 de la Constitución, que garantiza la libertad de asociación.
Estas medidas arbitrarias y desproporcionadas revelan una estrategia deliberada para poner bajo control el tejido asociativo y criminalizar a la sociedad civil tunecina.
Desviación de decreto ley 88 para silenciar cualquier voz crítica
El decreto ley n.º 2011-88 se adoptó tras la revolución con el fin de proteger la libertad, la autonomía y la transparencia de las asociaciones, pero en la actualidad se ha desviado de su objetivo inicial. Las autoridades lo utilizan para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que les molestan, alegando presuntos "incumplimientos administrativos" o "financiación extranjera". Sin embargo, la financiación extranjera está legalmente autorizada y constituye una herramienta fundamental para el trabajo sobre el terreno de las ONG tunecinas.
"El derecho tunecino se ha convertido en un arma en manos del poder. Llegó el momento de que la comunidad internacional se ponga del lado de quienes lo sufren en lugar de quienes lo manipulan", dijo Aissa Rahmoune, secretario general de la FIDH.
Este desvío del decreto ley 2011-88 forma parte de una estrategia más amplia del presidente Kaïs Saïed destinada a consolidar su poder mediante la instrumentalización del derecho y la subordinación de las instituciones independientes.
Esta deriva va acompañada de una instrumentalización sistemática de la justicia desde la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y la destitución arbitraria de numerosos miembros de la judicatura. En estos momentos, se está utilizando la justicia como herramienta para acosar a la sociedad civil, los/as periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos. Se está persiguiendo o encarcelando por sus actividades pacíficas a varias de estas personas defensoras, como Sherifa Riahi, Saadia Mosbah y otra decena de activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Como ha documentado la FIDH en su informe "Du coup d’État à l’étouffement des droits : le mode opératoire de la répression en Tunisie (2021-2025)" - (Del golpe de Estado a la supresión de los derechos: el modus operandi de la represión en Túnez (2021-2025)), este uso abusivo de los textos jurídicos constituye uno de los pilares del régimen actual. El derecho, que se ha concebido para proteger las libertades, se desvía para restringirlas: leyes antiterroristas, disposiciones penales de otra época, el decreto ley n.º 54 sobre ciberdelincuencia o el decreto ley n.º 2011-88 sobre asociaciones. Todas estas disposiciones se utilizan hoy en día para criminalizar la disidencia y neutralizar los contrapoderes.
Al asimilar la cooperación internacional a una forma de injerencia, el poder busca aislar a la sociedad civil, debilitar sus vínculos internacionales y aniquilar cualquier forma de contrapoder.
Dos pilares de la democracia tunecina en el punto de mira
Fundada en 1989 y miembro de la FIDH desde 1994, la ATFD es una organización feminista pionera, actor histórico del movimiento de mujeres y de la defensa de las libertades públicas. Cada año acompaña a cientos de mujeres víctimas de violencia, milita por la igualdad y la justicia y ha contribuido a situar los derechos de las mujeres en el centro del debate público tunecino.
La FTDES, creada en 2011 y miembro de la FIDH desde 2013, es un actor central de la justicia social en Túnez. A través de su trabajo documenta las desigualdades, la pobreza, los movimientos sociales, las migraciones y los impactos ambientales. Es reconocida por su riguroso conocimiento experto, su compromiso pacífico y su papel como portavoz de las poblaciones marginadas.
Suspender estas dos organizaciones es atacar los fundamentos mismos de la democracia tunecina: la libertad, la dignidad y la solidaridad. Estas suspensiones se inscriben en un clima de represión generalizada, marcado por persecuciones judiciales contra activistas, campañas de desprestigio orquestadas en los medios de comunicación y presión creciente sobre los sindicatos y los/as periodistas.
El régimen tunecino pretende silenciar las voces críticas y erradicar los espacios de libre expresión a pesar de que han conformado la transición democrática en Túnez.
La FIDH reitera su solidaridad con sus dos organizaciones miembros, así como con todas las asociaciones tunecinas afectadas por el acoso judicial y administrativo, y pide:
– el levantamiento inmediato de las suspensiones de la ATFD y la FTDES y de todas las organizaciones de la sociedad civil suspendidas de forma arbitraria o similar;
– el fin de la instrumentalización del decreto ley 88 con fines de represión política;
– el pleno respeto de la libertad de asociación, garantizada por la Constitución tunecina y los compromisos internacionales del país;
– el fin de las restricciones arbitrarias impuestas a las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil;
– la garantía de la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, de conformidad con la Constitución tunecina y los compromisos internacionales del país.
La FIDH y sus organizaciones miembros signatarias instan a los mecanismos de las Naciones Unidas, en particular al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, a que supervisen de cerca la situación en Túnez, interpelen a las autoridades tunecinas sobre estas violaciones flagrantes de la libertad de asociación y soliciten el levantamiento inmediato de las suspensiones.
Invita asimismo a la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación a que se ocupe del caso, entable una comunicación oficial con el Gobierno tunecino y, si procede, realice una visita a Túnez para evaluar la situación de la sociedad civil.