Las medidas del presidente constituyen un ataque al Estado de derecho. Debería revocar inmediatamente este decreto y restituir a los jueces y juezas que despidió a través de sus disposiciones.
"Mediante este decreto, el presidente Saied ha eliminado toda la autonomía que el poder judicial de Túnez aún podía ejercer. La judicatura debería estar sometida a procedimientos disciplinarios justos, imparciales y recurribles, no a la destitución por capricho del ejecutivo".
La independencia del poder judicial es un elemento fundamental del derecho a un juicio justo. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar la independencia del poder judicial y proteger a los jueces y juezas de toda forma de influencia política.
El Decreto 2022-35 confiere al presidente la facultad de despedir a los miembros de la judicatura y de la fiscalía a voluntad, basándose en informes de "organismos pertinentes" no especificados que indiquen que son una amenaza para "la seguridad pública" o "los intereses supremos del país" y por actos que "atenten contra la reputación, la independencia o el buen funcionamiento del poder judicial". Además, el presidente ha establecido que las decisiones que adopte en virtud del decreto para despedir a jueces y juezas sean no puedan ser objeto de ninguna forma de recurso inmediato.
El Decreto 2022-35 dispone que se inicia automáticamente un proceso penal contra los jueces y juezas destituidos con arreglo a sus disposiciones. Los jueces y juezas pueden impugnar su despido únicamente una vez que los tribunales hayan dictado una sentencia definitiva en su caso penal.
El inicio automático de causas penales contra los jueces y juezas por estos motivos confunde las cuestiones administrativas con las penales. De este modo, el decreto se aparta arbitrariamente del procedimiento penal tunecino y viola el principio de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley.
El decreto incumple asimismo el principio de legalidad, que es un principio general del derecho y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto se debe a que los motivos por los que un juez o una jueza puede ser procesado penalmente se indican con términos vagos y generales, lo que hace imposible que cada magistrado o magistrada sepa qué conducta constituiría un delito penal y permite que el ejecutivo actúe de manera arbitraria.
En un discurso grabado en vídeo el 1 de junio, el presidente Saied anunció las destituciones y citó acusaciones como la obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, la corrupción financiera, la "corrupción moral", el adulterio y la participación en "fiestas con alcohol". Los nombres de estos 57 miembros de la judicatura se publicaron en el Boletín Oficial del 1 de junio de 2022.
El decreto es la medida más reciente del presidente Saied para concentrar los poderes en sus propias manos. Desde el 25 de julio de 2021, ha suspendido la mayor parte de la Constitución de Túnez, ha disuelto el Parlamento y se ha otorgado a sí mismo el poder de gobernar por decreto. Además, ha desmantelado una serie de instituciones nacionales, entre ellas una comisión electoral independiente y el Consejo Superior del Poder Judicial, que se crearon como salvaguardas ante las extralimitaciones de los órganos de gobierno.
"Desde el pasado mes de julio, el presidente Saied ha desmantelado casi todos los controles institucionales de su poder. Su nuevo decreto-ley acaba con lo que quedaba de la independencia judicial y refuerza su control autoritario sobre el país".
El 12 de febrero de 2022, Kais Saied adoptó el decreto 2022-11 por el que disolvía el Consejo Superior del Poder Judicial, un órgano de profesionales de la judicatura y personas expertas en asuntos jurídicos, financieros, fiscales y contables elegidas en su mayoría por sus pares, que se creó tras la revolución de 2011 en Túnez para supervisar el poder judicial y protegerlo de las injerencias del ejecutivo. El presidente Saied sustituyó este consejo por un órgano temporal nombrado en parte por él mismo y, a través de este decreto, se otorgó poderes para intervenir en el nombramiento, la carrera profesional y la destitución de los miembros de la judicatura y la fiscalía.
Aunque el decreto 2022-11 ya permitía al presidente pedir la destitución de jueces y juezas por motivos vagos, no le permitía despedirlos sumariamente. La ampliación de los poderes del presidente para despedir sumariamente a los jueces y juezas supone un ataque frontal al Estado de derecho, según afirmaron los diversos grupos. Ambos decretos ley deben ser revocados y es necesario restablecer los poderes del Consejo Superior del Poder Judicial, señalaron las organizaciones.
En los últimos meses, el presidente Saied ha lanzado repetidos ataques en sus discursos contra el poder judicial, al que ha acusado de corrupción y parcialidad y de no responder con rapidez a las alegaciones de corrupción y terrorismo en su contra.
"Con estas destituciones arbitrarias, el presidente está enviando un mensaje escalofriante a los mismos jueces y juezas que deberían salvaguardar el Estado de derecho y los derechos humanos y servir de control ante sus abusos de poder".
El presidente Saied pretende sustituir la Constitución de Túnez, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2014. El 25 de mayo de 2022, emitió un decreto para celebrar un referéndum sobre una nueva constitución el 25 de julio.
Según los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, "Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario."
Estos Principios Básicos de la ONU también establecen que "La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura."
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano experto que proporciona la interpretación definitiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su aclaración sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho a un juicio justo (Observación General nº 32) ha subrayado lo siguiente: "Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley. La destitución de jueces por el poder ejecutivo, por ejemplo, antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia del poder judicial."
Según los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2005, "[l]os funcionarios judiciales que afrontan procedimientos disciplinarios, de suspensión o destitución, tendrán derecho a ser representados por un representante legal de su elección y a una revisión independiente de las decisiones de los procedimientos disciplinarios, de suspensión o destitución".