París, 23 de octubre de 2025. Desde el 10 de octubre de 2025, la población de Gabes (ciudad situada al sureste de Túnez) se está movilizando para denunciar las reiteradas intoxicaciones provocadas por fugas de gas procedentes de las unidades contaminantes del Grupo Químico Tunecino (GCT). Este complejo industrial, creado en 1972, utiliza, entre otras cosas, ácido sulfúrico y amoníaco para la producción de fertilizantes fosfatados. Libera emisiones gaseosas directamente a la atmósfera, mientras que los residuos sólidos, entre ellos el fosfoyeso, se vierten al mar, frente a la bahía de Gabes.
Ante la falta de acción de las autoridades que asisten a la intoxicación de cientos de personas y reprimen las manifestaciones pacíficas, la sección regional de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) en Gabes decretó una huelga general, que se produjo el 21 de octubre y congregó a más de 100 000 personas de forma pacífica. Esta movilización a gran escala puso de manifiesto lo arraigado del descontento local, contrariamente a las acusaciones oficiales que presentaban a las personas manifestantes como alborotadoras o "agentes del extranjero".
Tras estas manifestaciones pacíficas, que surgen de la ira de la población debido al deterioro de las condiciones de vida y de salud, se produjo una represión masiva: registros nocturnos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios. En menos de dos semanas, se detuvo a más de 150 personas, de las cuales al menos 44 fueron se encuentran en prisión preventiva, entre ellas varias personas menores de edad, a menudo sin poder recurrir a defensa letrada, lo que vulnera el artículo 13 bis del Código de Procedimiento Penal.
Las detenciones masivas y los juicios contra simples manifestantes demuestran la voluntad de criminalizar la movilización ciudadana en Gabes. Se interrogó a la mayoría de estas personas sin contar con abogado/a, en clara vulneración del Código de Procedimiento Penal, y durante el juicio se plantearon denuncias de tortura. "Sin embargo, la huelga del 21 de octubre se desarrolló con una calma ejemplar, lo que demuestra que la población solo aspira a la dignidad y a vivir en un entorno saludable", informa Hela Ben Salem, abogada y secretaria general de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD).
La FIDH denuncia el carácter arbitrario, desproporcionado y represivo de estas medidas. La criminalización de las personas manifestantes pacíficas, junto con la retórica oficial que estigmatiza a quienes denomina “conspiradores financiados desde el extranjero”, constituyen una grave violación de las libertades fundamentales y suponen una amenaza contra toda la sociedad civil tunecina.
La FIDH exige:
– la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente;
– el respeto del derecho de reunión y a la libertad de expresión de todas las personas y organizaciones comprometidas con la protección del medio ambiente;
– la aplicación efectiva, transparente y completa del plan de medidas correctivas establecido en la auditoría medioambiental y social del GCT publicada en julio de 2025, en particular en lo que se refiere a los vertidos contaminantes, la gestión de residuos y la protección de la salud de la población y las personas trabajadoras y, en su caso, el cierre o desmantelamiento de las unidades contaminantes que sigan presentando riesgos graves para la salud y el medio ambiente, con el fin de proteger de forma sostenible a las comunidades locales.
La solidaridad y la acción pacífica nunca deben ser criminalizadas. La FIDH permanecerá vigilante y seguirá defendiendo los derechos humanos y la sociedad civil tunecina.