París, Túnez, 2 de diciembre de 2025. La sentencia dictada en el caso del denominado "complot contra la seguridad del Estado" ilustra la deriva autoritaria del régimen tunecino. Al igual que en primera instancia, este proceso judicial, tan masivo como injusto, contra más de 40 personalidades, miembros de la oposición política, abogados/as, periodistas y activistas, forma parte de una ofensiva coordinada que pretende acabar con toda forma de oposición política.
La sala de lo penal especializada en terrorismo del Tribunal de Apelación de Túnez ha dictado sentencias excepcionalmente severas: entre 10 y 45 años de cárcel para las personas acusadas que se encuentran detenidas, entre 5 y 35 años para las que permanecen en libertad. Las penas dictadas contra las personas juzgadas en rebeldía se confirmaron o agravaron, y hasta llegar a los 43 años, con orden de ejecución inmediata. De la misma manera varias multas y medidas de confiscación de bienes fueron ordenadas.
Entre las condenas en rebeldía, se destaca el caso de la activista Chaïma Issa, que ejemplifica la profunda dimensión política del asunto. Condenada en apelación a 20 años de cárcel, en vez de 18 años en primera instancia, y a una multa de 50 000 dinares, se la detuvo en pleno centro de Túnez al día siguiente, el 29 de noviembre, mientras participaba en una concentración pacífica para denunciar la deriva autoritaria del régimen. Esta detención expeditiva, que se ejecutó inmediatamente después del veredicto de la apelación, confirma el carácter represivo de esta sentencia y el uso de la justicia como herramienta para intimidar a las voces disidentes.
Vulneración sistemática del derecho a la defensa
Las personas acusadas fueron perseguidas judicialmente con acusaciones totalmente infundadas. Entre las que se encuentran miembros de la oposición política, activistas, abogados/as, figuras de la sociedad civil, se destacan personajes como Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj, Khayam Turki, Noureddine Bhiri y Abdelhamid Jelassi. Según Yosra Frawes, responsable de la Oficina para el Magreb y Oriente Próximo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), "este proceso no es en absoluto judicial sino totalmente político".
Tanto en apelación como en primera instancia, se multiplican las violaciones de los derechos fundamentales: denegación de comparecencia presencial, negativa a escuchar los alegatos, audiencias a puerta cerrada, uso generalizado de las videoconferencias, exclusión de la prensa independiente, negativa a conceder aplazamientos a pesar del estado crítico de salud de algunas personas acusadas, en especial de Jaouhar Ben Mbarek, que se encuentra en huelga de hambre desde hace un mes. Las alegaciones de injerencia y de "instrucciones" políticas referidas a la magistratura han terminado de vaciar al proceso de toda credibilidad.
Una justicia instrumentalizada al servicio de la represión de las voces disidentes
El veredicto que se ha pronunciado hoy no emana de una justicia independiente, sino de un poder que instrumentaliza la ley antiterrorista para eliminar a sus oponentes y acallar todas las voces críticas. Este caso no hace sino confirmar las conclusiones del informe de la FIDH titulado "Del golpe de Estado a la supresión de los derechos (2021-2025)". La justicia se utiliza como una herramienta de control político, lo que es incompatible con las normas internacionales y las garantías fundamentales del estado de derecho.
Ante este veredicto, la FIDH reafirma su absoluta solidaridad con las personas encarceladas por motivos de conciencia, sus familias y todas aquellas personas que luchan por preservar las libertades en Túnez.
La FIDH insta a las autoridades tunecinas a:
– anular las condenas impuestas en el marco de este caso, así como la totalidad de las acciones judiciales iniciadas en virtud de la ley antiterrorista, que se ha desviado de su objetivo;
– poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales, entre otros, a los miembros de la oposición política, activistas, periodistas, sindicalistas, abogados/as y personas defensoras de los derechos humanos;
– garantizar el derecho a un juicio justo, la independencia de la justicia y poner fin a toda injerencia política en los procesos judiciales;
– restaurar un verdadero espacio cívico, en el que la crítica, el debate y la libertad de asociación estén protegidos.
La FIDH insta igualmente a la Unión Europea, a sus Estados miembros y socios de Túnez a:
– condenar explícitamente este veredicto y las violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo;
– condicionar cualquier apoyo político, económico o en materia de seguridad al respeto de los derechos fundamentales y del Estado de derecho;
– apoyar activamente a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que se encuentran amenazadas.