El atentado criminal perpetrado en Susa que se cobró la vida de 39 personas dejando decenas de heridos es un atentado contra la democracia y contra los Derechos Humanos en un contexto caracterizado por toda una serie de actos criminales perpetrados bajo pretexto religioso con miras a sabotear el salientable y ejemplar proceso llevado a cabo por la población tunecina para construir un estado de derecho sobre las ruinas de una dictadura y cuyo único objetivo consiste en menoscabar el principal recurso económico de este país: el turismo.
Las autoridades de este país, el único de la primavera árabe en el que las aspiraciones democráticas han cobrado mayor importancia hasta ahora que las fuerzas reaccionarias y criminales que han hecho tambalearse las transiciones políticas en los países vecinos, tiene la crucial y decisiva responsabilidad de salvaguardar los valores amenazados por los autores de estos atentados. La FIDH lanza un solemne llamamiento al gobierno tunecino instándolo a luchar contra el terrorismo y respetar así de manera incondicional y absoluta los Derechos Humanos y las libertades fundamentales cuyos valores y esperanzas Túnez representa actualmente. Un compromiso tal resulta ser la única forma de contener la explosión de violencia que se cierne hoy por hoy en esta zona del mundo.
La FIDH insta las autoridades tunecinas a que se muestren todavía más cautelosas para combatir el tráfico de armas en sus fronteras así como para luchar prioritariamente contra el deterioro de la coyuntura económica, contexto favorable para el avance de dichos actos terroristas.
El atentado suicida cometido en Kuwait contra una mezquita chiíta que acabó con la vida de 27 personas y en el que 22 más resultaron heridas es un acto criminal contra la libertad de conciencia que forma parte de una serie de atentados similares ocurridos estas últimas semanas en Arabia Saudita y Yémen contra las minorías. Dichas minorías son víctimas de discriminaciones y de una represión que aumenta sin cesar desde el 2011 en varios países del Golfo y que desembocan en graves violaciones de los Derechos Humanos. La FIDH insta a las autoridades kuwaitíes, sauditas, bareníes y de los Emiratos así como a los estados que las apoyan a considerar como crimen la incitación al odio religioso y a garantizar las libertades de conciencia y expresión del mismo modo que todas las libertades civiles y políticas. En un contexto regional en el que se disparan de manera inquietante los actos de violencia de credo, las autoridades tienen el deber de proteger todos y cada uno de los lugares de oración.
Más alla de las autoridades en el poder tanto en Túnez como en Kuwait, la comunidad internacional debe movilizarse por completo y adoptar una postura contra la instrumentalización de la religión con fines políticos, sin olvidar la aplicación de sanciones contra los estados que contribuyen a divulgar las bases del radicalismo religioso en el mundo utilizando como pretexto y de manera abusiva la religión para violar los Derechos Humanos tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas.
En vista de dichos actos, la FIDH y sus organizaciones miembros se movilizan más que nunca para defender los Derechos Humanos cuyo no respeto representa la principal causa de las tragedias humanitarias y políticas que amenazan a todos los países del Magreb y de Oriente Medio así como a Europa.