«Esta condena emblemática supone la ruptura del círculo de impunidad por los crímenes de tortura cometidos en Túnez. Los torturadores tunecinos ya no están exentos de que se inicien diligencias judiciales contra ellos. Esta sentencia de los jueces franceses, que establece la culpabilidad de Ben Said, demuestra que la razón de Estado no puede estar por encima del derecho de las víctimas a obtener justicia», ha declarado Souhayr Belhassen, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) [1].
Zoulaikha Gharbi, que en la actualidad vive en Francia junto a su marido, refugiado político, había presentado una denuncia en mayo de 2001 contra el diplomático, al que había reconocido como el jefe de la comisaría de Jendouba, en la que le habían torturado bajo sus órdenes, en octubre de 1996. Informado del procedimiento abierto contra él, Khaled Ben Said huyó inmediatamente a Túnez, donde todavía hoy sigue trabajando para el Ministerio del Interior.
«El proceso ha puesto de relieve la institucionalización de la tortura como medio de represión de cualquier voz disidente y como instrumento del terror», ha declarado Omar Mestiri, del Comité Nacional de las Libertades en Túnez (CNLT).
«En el período de restricción de las libertades que atraviesa Francia, este veredicto demuestra que existe también una justicia independiente», ha afirmado Eric Plouvier, abogado de la señora Gharbi.
«Tras haber acusado al ministerio fiscal de manipular el expediente con fines políticos, este argumento ha vuelto como un bumerán contra la defensa, cuya estrategia se ha vuelto contra ella en forma de una condena mayor», ha declarado Patrick Baudouin, abogado de la FIDH y de la Liga de Derechos Humanos y de los Ciudadanos (LDH), que se habían presentado como acusación particular junto al ministerio fiscal, y presidente de honor de la FIDH.
Esta sentencia rinde homenaje al valor de la señora Gharbi, que, durante nueve años de proceso, ha luchado para dar a conocer la verdad.
«En un momento en el que Francia ha aprobado recientemente una ley controvertida que restringe las posibilidades de persecución por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, los jueces han confirmado así la importancia de la competencia universal como instrumento indispensable en la lucha contra la impunidad», ha declarado Jean-Pierre Dubois, presidente de la LDH [2].