La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, reunida en su 39.º Congreso:
Recordando los instrumentos de protección de los derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas relativa a los defensores de los derechos humanos de 1998 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas;
Profundamente preocupada por el recrudecimiento en la zona del Magreb y de Oriente Próximo de los intentos por amordazar a las defensoras y defensores de los derechos humanos mediante la vía legislativa o judicial con miras a restringir o penalizar su acción, así como por los obstáculos a la libertad de asociación y de expresión, especialmente en los siguientes lugares:
En Israel, donde el 11 de julio de 2016, la Knesset aprobó la denominada "ley sobre la transparencia de las ONG" que obliga a las ONG israelíes que reciban más de la mitad de su financiación de organismos extranjeros a informar de ello y presentarlo en todas sus publicaciones oficiales;
En Egipto, donde desde 2012 hay una deliberación en curso sobre una reforma de la ley de asociaciones que amenaza con dar lugar a un marco legislativo muy alejado de las normas internacionales suscritas por Egipto en materia de libertad de asociación;
En Bahrein, donde el Gobierno aprobó en 2012 un proyecto de ley que habilitaba a las autoridades a suspender las actividades de las ONG; dicho proyecto de ley permanece en suspenso en el parlamento desde enero de 2013;
En Arabia Saudita, donde la ley sobre ciberdelincuencia y la ley antiterrorista, aprobadas en 2007 y 2014 respectivamente, se aplican de manera arbitraria contra las defensoras y defensores de los derechos humanos;
En Argelia, donde la ley de 2012 sobre las asociaciones limita de manera arbitraria el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y asociación, especialmente mediante el refuerzo del control gubernamental sobre la creación de asociaciones, la penalización de la libertad de asociación, el establecimiento de restricciones vagas y arbitrarias, así como la definición de un marco que limita las actividades de las ONG extranjeras.
Preocupada especialmente por el entorno en el que realizan su labor las defensoras y defensores de los derechos humanos en la zona del Magreb y Oriente Próximo, marcado por la persistencia de actos de hostigamiento, entre otros, hostigamiento judicial y administrativo, con el objetivo de impedir que realicen de forma adecuada su misión de defensa de los derechos humanos, especialmente en:
Marruecos, donde se ha llevado a juicio a siete defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentra Maâti Monjib, presidente de la Asociación Freedom Now, que trabaja por la libertad de expresión en Marruecos, sobre acusaciones falsas tales como "atentar contra la seguridad del Estado" o se les acusa de haber recibido financiación del exterior;
Egipto, donde decenas de ONG egipcias se ven amenazadas de cierre en el marco de la reapertura de la investigación judicial sobre la financiación de ONG locales y extranjeras iniciada en 2011, que culminó con la condena de 43 miembros de cinco ONG a penas de entre uno y cinco años de cárcel. A día de hoy hay más de diez defensoras y defensores de los derechos humanos están siendo investigados y sobre ellos pesa una prohibición de salida del territorio, a algunos, se les han congelado los bienes. Periódicamente se inician nuevas investigaciones contra otros defensores.
En Palestina, donde las defensoras y defensores siguen siendo periódicamente víctimas de actos de violencia, de prohibición de viajes y de restricción de circulación, entre otras medidas, cuando no son objeto de detenciones arbitrarias. Muchas ONG de defensa de los derechos humanos, en particular Al Haq, son objeto de campañas de difamación por parte de las autoridades israelíes;
En Bahrein, donde Ghada Jamsheer, tras interponer recurso el pasado 22 de junio, fue condenada a un año de cárcel por cuatro casos relacionados con sus tuits sobre la corrupción en el hospital Rey Hamad y corre el riesgo de que la detengan en cualquier momento;
En el Líbano, donde dos defensores de derechos humanos, Marie Daunay y Wadih Al-Asmar, están siendo procesados por difamación tras la publicación de un informe del CLDH (Centro Libanés de Derechos Humanos) que denunciaba las torturas cometidas por actores tanto estatales como no estatales. El juicio en primera instancia se celebrará el 29 de septiembre.
Denunciando la detención arbitraria de la que son víctimas numerosas defensoras y defensores de los derechos humanos en la región, entre otros:
Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahrein (BCHR) y vicesecretario general de la FIDH, detenido desde el 13 de junio de 2016 en una celda de aislamiento, que se enfrenta asimismo a una posible pena de diez años de cárcel en el marco de otros procesos en su contra. Abdulhadi Al Khawaja, cofundador del Centro de Derechos Humanos de Bahrein (BCHR) y del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) fue condenado a cadena perpetua por su papel desempeñado en las manifestaciones de 2011. El bloguero Naji Fateel, cofundador de la Asociación Juvenil de Bahrein por los Derechos Humanos (BYSHR), detenido arbitrariamente desde 2013 y del que no se tienen noticias desde 2015;
El bloguero Raif Badawi, galardonado en 2015 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, cumple desde ese mismo año una pena de diez años de prisión. El eminente abogado Waleed Abu Al Khair cumple asimismo una pena de quince años de cárcel. También en 2015, los miembros fundadores de la Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) fueron condenados a penas de prisión de hasta diez años, en especial Mohammed Al-Bajadi, el Dr. Abdulrahman Al Hamid, y el Dr. Abdulkarim Al Khoder. Hay otros miembros de ACPRA encarcelados, entre otros, los doctores Mohammad Fahad Al Qahtani y Abdullah Al Hamid;
En Egipto, las defensoras y defensores Aya Hijazi, Sanaa Seif, Gamila Ahmed Saraeldin, Ismail Al Iskandarani, Ahmad Abdallah, Malek Adly, Youssef Shaban, Loay Mohamed Abdel Rahman y Alaa Abdel-Fattah son solamente algunas de las defensoras y defensores de los derechos humanos actualmente detenidas arbitrariamente. En junio de este año seis miembros del grupo de artistas satíricos "los chicos de la calle" fueron detenidos por haber criticado la política de Egipto, concretamente la detención y el encarcelamiento arbitrario, así como la práctica de la tortura en las comisarías.
Preocupada por los actos de violencia y las represalias, así como por las desapariciones forzosas y las ejecuciones de las que periódicamente son víctimas las defensoras y defensores de los derechos humanos que trabajan en países en situación de conflicto o de postconflicto, como continúa siendo el caso actualmente en Libia, Siria, Yemen, Iraq y Palestina, donde resulta especialmente difícil documentar las violaciones de los derechos humanos de las que son objeto, entre otras, las siguientes:
En Siria, donde el abogado defensor de los derechos humanos Khalil Maatouq permanece desaparecido desde 2012, así como la abogada Razan Zaitouneh, su esposo Wael Hamadah y dos de sus compañeros, también desaparecidos desde hace más de tres años;
En Libia, donde las personas que con mayor frecuencia sufren los actos de violencia son profesionales de la abogacía, de la judicatura, representantes de instituciones gubernamentales y de organizaciones nacionales o internacionales de defensa de los derechos humanos, periodistas y quienes defienden los derechos de los grupos étnicos minoritarios.
Considerando el papel esencial que desempeñan las defensoras y defensores de los derechos humanos en el establecimiento de procesos de transición política pacíficos y duraderos en el Magreb y Oriente Próximo,
La FIDH solicita a las autoridades y a los Gobiernos de los países del Magreb y de Oriente Próximo:
Que liberen de forma inmediata e incondicional de todas las defensoras y defensores de los derechos humanos arbitrariamente detenidos en el Magreb y Oriente Próximo;
Que pongan fin a todo acto de hostigamiento, incluido el acoso judicial y administrativo, contra las defensoras y defensores de los derechos humanos;
Que garanticen la libertad de asociación, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 y, en concreto, su artículo 1, que establece que "[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional";
Que cumplan con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos y garanticen el derecho de asociación;
Que procedan a la armonización de sus legislaciones con respecto a las disposiciones universales relativas a la libertad de asociación, de manifestación, de expresión y de opinión.