Las migraciones se han convertido en un fenónemo a escala mundial, puesto que ya no se limitan al flujo sur-norte sino que también atañen a los países de origen de los migrantes, los cuales se han convertido en países de paso y de acogida.
Estas migraciones son la consecuencia de todo tipo de conflictos armados, lo cual explica el hecho de que las personas que huyen de estos conflictos busquen refugio en los países limítrofes. Asimismo, estas migraciones resultan de persecuciones y discriminaciones en base a criterios étnicos, religiosos y políticos. Más aún, tienen su origen en la imposibilidad (independientemente de las razones) de construir un futuro.
Las migraciones serán cada vez mayores, dado que las razones de su existencia no desaparecerán. Dichas migraciones forman parte de una evolución de los intercambios difícilmente compatible con el inmobilismo natural del ser humano; además son uno de los elementos que pueden permiter un mejor y mayor acceso al conocimiento y a la riqueza.
Las migraciones deben dejar de enfocarse desde un punto de vista meramente policial y deben ser consideradas como un elemento natural de los intercambios entre sociedades. El derecho de los Estados a decidir sobre la acogida de extranjeros no debe traducirse en una casi-prohibición de circular entre los países, incluso por razones profesionales, familiares o turísticas.
En este contexto, y mientras los Estados que participan en la Conferencia de Rabat preveen adoptar un plan de acción contra la inmigración clandestina, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Plataforma Euromed y la Red Euro-mediterránea de Derechos Humanos (REMDH) recuerdan que las políticas deben basarse en el respeto a las normas universales de los Derechos Humanos y a los tratados relativos a los derechos de los migrantes y los refugiados. Estos derechos, garantizados por las normas universales, son aplicables tanto a los trabajadores migrantes en situación legal como a los que se encuentran en situación ilegal.
1. Los signatarios lamentan, en primer lugar, que los Estados que participan en la Conferencia de Rabat hayan descartado hablar en sus reuniones de la cuestión del asilo, dejando entender que las dinámicas migratorias actuales son solamente de tipo económico. A imagen y semejanza de otras regiones conflictivas del mundo, África ha sufrido y sufre aún crisis políticas y conflictos que conllevan graves violaciones de los Derechos Humanos de «efectos devastadores». Lejos de ser solamente migraciones económicas con el objetivo de escapar a la extrema pobreza y miseria, los migrantes africanos de hoy en día son a menudo refugiados que buscan huir de la represión de sus respectivos países, y que mayormente son acogidos por los países vecinos. Es una obligación internacional y un deber humanitario fundamental acoger a los migrantes que ponen su vida en riesgo (aunque sean una minoría) intentando llegar a la zona norte del continente. Los signatarios constatan que a muchas personas que se ven en esta situación no se les otorga el estatus de refugiados, y que, sobre todo en los países del Mediterráneo sur, no conlleva la atribución de ningún derecho. Asimismo, consideramos conveniente recordar la especificidad del derecho de asilo independientemente de las políticas migratorias. Ello debe asegurar el total respeto de la Convención de Ginebra sobre los refugiados y de las obligaciones que emanan de dicha convención. Los Estados deben reconocer el papel y la autoridad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, y este último debe cumplir con sus funciones de conformidad con su misión y no en aras de los intereses de los Estados. Asimismo, las ONGs signatarias recuerdan que dos1 de los Estados participantes en la Conferencia de Rabat todavía no han ratificado la Convención sobre el Estatus de los Refugiados de 1951. En muchos de los Estados que participan en la Conferencia, hay una falta alarmante de medios institucionales gestión y tratamiento individualizado de las peticiones de asilo así como de dispositivos humanitarios.
2. La FIDH, la Plataforma Euromed y la REMDH constatan que las legislaciones sobre la entrada y la estancia de extranjeros en Europa son cada vez más coercitivas. Acarrean la adopción de legislaciones de la misma índole en los países del sur, cuyos efectos son más preocupantes si tenemos en cuenta que dichas legislaciones se aplican a menudo en contextos donde los derechos humanos más elementales no están garantizados. Por ello, hacemos un llamamiento a los Estados que participan en la Conferencia de Rabat a volver hacia un «derecho común» que garantice, sin excepciones, el respeto efectivo a los derechos y libertades de los migrantes.
Pedimos expresamente a los Estados que participan en la Conferencia de Rabat que modifiquen sus legislaciones para permitir a los migrantes ejercer sus derechos. Exigimos que no se pueda aprobar ningún acuerdo interestatal sin asegurarse previamente de que estos derechos se respetan plenamente.
Las ONGs signatarias están profundamente consternadas por el hecho de que solamente 102 de los 583 Estados que participan en la Conferencia de Rabat (entre los cuales no hay ningún Estado europeo) no hayan aún ratificado la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus respectivas familias.
Esta convención estipula que todos los trabajadores migrantes, incluso aquellos que se encuentren en situación ilegal, tienen, inter alia:
el derecho a no ser objeto de ninguna medida de expulsión colectiva (artículo 22)
el derecho a la protección contra cualquier forma de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante (artículo 10)
el derecho a la vida (artículo 9)
en caso de detención, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, con todas las garantías de un juicio justo (artículo 18)
el derecho a la libertad y a la seguridad, a la protección efectiva del Estado contra cualquier forma de violencia, daño corporal, amenaza o intimidación, ya sea por parte de un funcionario, de un ciudadano de a pie, de un grupo o de una institución (artículo 16)
Por consiguiente, la FIDH, la Plataforma Euromed y la REMDH hacen un llamamiento a todos los Estados que participan en la Conferencia de Rabat para que ratifiquen la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias.
3.La FIDH, la Plataforma Euromed y la REMDH lamentan la voluntad de los Estados que participan en la Conferencia de Rabat de no compartir con la sociedad civil los asuntos que están tratando. La sociedad civil es uno de los elementos básicos para luchar contra el racismo, la xenofobia y para dar una mejor acogida a los migrantes. No obstante, los Estados se niegan a escuchar a sus ciudadanos más allá de simples consultas formales y sin importancia. Hacemos un llamamiento a los Estados que participan en la Conferencia de Rabat para que escuchen a sus ciudadanos, para que tomen en consideración sus proposiciones y puntos de vista, y para que cuenten con ellos en la creación, la puesta en práctica y el seguimiento de cualquier plan de acción que trate sobre las migraciones, así como asegurar las medidas necesarias para reforzar la puesta en práctica efectiva de dichos planes de acción.