30 de julio de 2025. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes acogemos con satisfacción la reciente detención de Khaled Mohamed Ali El Hishri, conocido como "Al Buti", por las autoridades alemanas en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo el 16 de julio de 2025, en cumplimiento de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Esta detención supone un importante paso adelante en los esfuerzos para lograr que se rindan cuentas por los graves crímenes internacionales cometidos en Libia, estancados desde hace tiempo. Felicitamos a las autoridades alemanas por su rápida y decisiva actuación.
Se sospecha que El Hishri era un alto cargo de la prisión de Mitiga, en Trípoli. El Hishri es miembro de la Fuerza Especial de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado "Al Radaa", dependiente del Consejo Presidencial Libio, un poderoso grupo armado que gestiona centros de detención en el oeste de Libia, entre los que se encuentra la prisión de Mitiga. Según la CPI, El Hishri está acusado de cometer o supervisar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otros, asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual entre febrero de 2015 y, al menos, principios de 2020.
La detención de El Hishri es un avance de vital importancia, ya que supone el primer caso de la situación de Libia ante la CPI que avanza hacia un proceso en La Haya. Hace llegar un mensaje importante a las personas sobrevivientes de que la justicia es posible, incluso en el contexto del conflicto en curso y la cambiante dinámica de poder en Libia. Sin embargo, la justicia requiere un seguimiento. Instamos a Alemania a que garantice la entrega rápida y satisfactoria de El Hishri a la CPI, con el fin de que el proceso pueda avanzar sin demora.
Al mismo tiempo, instamos a todos los Estados partes en el Estatuto de Roma que cooperen plenamente con la Corte. El Hishri es el segundo presunto autor de crímenes internacionales en la prisión de Mitiga que ha sido detenido en territorio europeo este año. En enero, las autoridades italianas detuvieron a Osama Elmasry Njeem, otro ciudadano libio y miembro de alto rango de Al Radaa, acusado de cometer crímenes similares en Mitiga. Sin embargo, en lugar de entregarlo a la CPI para que rindiera cuentas, las autoridades italianas lo devolvieron a Libia, donde fue recibido por miembros del Gobierno y de las fuerzas armadas, lo que refuerza el clima de impunidad reinante. Actualmente existe un procedimiento pendiente ante la CPI para determinar si Italia violó sus obligaciones al no entregar a Elmasry a la Corte. La falta de cooperación de los Estados con la CPI contraviene las obligaciones adquiridas por los Estados en virtud del derecho internacional y socava los esfuerzos de rendición de cuentas por los crímenes internacionales y la búsqueda de justicia por parte de las comunidades de víctimas, así como la legitimidad de la propia CPI.
Pedimos asimismo a todas las autoridades libias que cooperen plenamente con la CPI, tal y como exige la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros, deteniendo y entregando sin demora a Elmasry y a todas las demás personas objeto de órdenes de detención de la CPI que se encuentran en Libia. Las sucesivas autoridades libias, tanto en el este como en el oeste del país, han incumplido sistemáticamente su obligación de cooperar con la CPI y han permitido que los autores de crímenes internacionales actúen con impunidad. Además de la división de poderes existente entre el este y el oeste, la fragmentación institucional continúa suponiendo un importante obstáculo para el funcionamiento de la justicia en Libia.
Esperamos que la detención y eventual entrega de El Hishri dé un nuevo impulso a la investigación de la CPI sobre Libia.
Las personas supervivientes y las comunidades afectadas, entre quienes se encuentran ciudadanos/as libios/as, migrantes y refugiados/as, continúan siendo objeto de terribles abusos en centros de detención oficiales y no oficiales en todo el país. Los agentes estatales, los grupos armados y las milicias siguen cometiendo detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones y violencia sexual con casi total impunidad. Instamos a la Fiscalía de la CPI a que investigue y solicite órdenes de detención por los crímenes cometidos en toda Libia. La justicia por estos actos exige que se enjuicie a los principales responsables, inclusive a los poderosos actores libios y europeos que permiten y sostienen estos sistemas de abuso.
Nos solidarizamos con las personas supervivientes y las comunidades afectadas, y seguiremos presionando para que se rindan cuentas de manera significativa y se coopere eficazmente con la CPI.