3 de diciembre de 2025. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes acogen con satisfacción la entrega a la Corte Penal Internacional (CPI), el 1 pasado de diciembre de 2025, de Khaled Mohamed Ali El Hishri, también conocido como Al Buti, por parte de las autoridades alemanas. Este traslado constituye la primera ocasión en que se lleva ante la Corte a un sospechoso de crímenes internacionales cometidos en Libia desde que se inició la investigación sobre el país tras la remisión de la situación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en 2011. Supone un paso importante hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de los graves crímenes cometidos en toda Libia.
El Hishri fue detenido en Berlín el 16 de julio de 2025 en virtud de una orden de la CPI. Se trata de un alto cargo de la Fuerza Especial de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (SDF), también conocida como Al Radaa, que depende del Consejo Presidencial de Libia. Esta poderosa milicia gestiona centros de detención en el oeste del país, entre otras, la prisión de Mitiga en Trípoli, donde El Hishri era presuntamente un alto cargo. Según esta orden de detención de la CPI difundida en julio de 2025, es sospechoso de haber cometido o supervisado crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra entre 2015 y principios de 2020. Entre estos crímenes se encuentra asesinato, tortura, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y atentados contra la dignidad personal.
La cooperación de Alemania pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los Estados Partes para que la CPI pueda cumplir su mandato. Viene a reafirmar que Alemania y todos los Estados Partes deben cumplir plenamente con las obligaciones contraídas en virtud del Estatuto de Roma, entre las que figura la ejecución de las órdenes de detención de la CPI, con el mismo rigor en todas las situaciones que se presentan ante la Corte. En estos momentos en que se inician los procedimientos en La Haya, es fundamental que en los cargos se refleje todos los crímenes que se le imputen y estén representados todos los grupos de víctimas afectados, que las víctimas puedan participar de manera significativa y segura en todas las etapas y que todas las autoridades pertinentes cumplan con sus obligaciones en materia de cooperación.
Un momento decisivo: la rendición de cuentas exige que se reconozca de forma significativa a todos los grupos de víctimas
En estos momentos en que El Hishri se encuentra bajo la custodia de la CPI, el proceso entra en una fase decisiva. Tras su comparecencia inicial, la Fiscalía presentará un documento detallado en el que se explican los cargos que se le imputan y se determina qué crímenes y qué grupos de víctimas abarcará el caso. Este escrito configurará la audiencia de confirmación de los cargos y el futuro juicio.
La orden de detención dictada el 10 de julio de 2025 refleja una interpretación restrictiva de los elementos contextuales tanto de los crímenes de lesa humanidad como de los crímenes de guerra. Esa limitación se originó en parte en la propia solicitud de la Fiscalía, que describía a la “población civil” ” afectada por los crímenes en Mitiga como personas percibidas como opositoras a las SDF, a Al Radaa o a su ideología. La Sala de Cuestiones Preliminares restringió aún más el alcance, al excluir a las personas subsaharianas detenidas alegando que su encarcelamiento estaba relacionado con su situación migratoria. La Fiscalía se opuso a este razonamiento, pero la Sala de Apelaciones se negó a revisarlo por motivos de procedimiento.
Por lo tanto, es fundamental que el fiscal amplíe los cargos, de modo que se abarque toda la gama de crímenes alegados y todos los grupos de víctimas afectados. Es necesario que en este primer caso importante no se repita el error de no abordar adecuadamente los crímenes cometidos contra las personas migrantes y refugiadas en la investigación sobre Libia.
El proceso debe orientarse hacia la participación significativa de las víctimas
Ampliar el alcance de los cargos es solo una parte del camino para garantizar la justicia, las víctimas deben poder participar de manera significativa en el proceso. En estos momentos en que la CPI prepara su primer caso relacionado con la situación en Libia, 14 años después del inicio de la investigación, es fundamental garantizar la participación de las víctimas con el fin de que el proceso sea justo y refleje la gravedad de los crímenes cometidos.
Las personas supervivientes se enfrentan a importantes riesgos y obstáculos para acceder a la justicia, tanto en el propio país como en el extranjero. La Corte debe adoptar enfoques proactivos, sensibles a la protección y que tengan en cuenta las cuestiones de género a la hora de organizar la divulgación y la participación. Todas las víctimas deben poder solicitar participar, independientemente de su nacionalidad, idioma o lugar en el que residan, y se les debe proporcionar representación legal adecuada y eficaz durante todas las etapas del proceso.
La rendición de cuentas depende de la cooperación de las autoridades libias y los Estados Partes de la CPI
Durante más de una década, la población civil de toda Libia, entre otros, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política, migrantes y personas refugiadas, ha sido objeto de violaciones y abusos generalizados y sistemáticos cometidos por las autoridades del Estado, las milicias afines y los grupos armados. En el este y el oeste de Libia se continúan produciendo detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género, esclavitud, trabajos forzados, persecución y otros crímenes graves. Esta pauta muestra la urgencia de que la CPI intervenga de forma urgente y sostenida.
Las autoridades libias que se han ido sucediendo en el este y el oeste del país no han cooperado con la CPI y han permitido que las personas sospechosas de responsabilidad penal actúen con impunidad. Las instituciones judiciales de Libia continúan fragmentadas y limitadas debido a presiones políticas y por motivos de seguridad, además de estar sometidas a intimidación o represalias, en particular por parte de milicias y grupos armados. Por todo ello, los tribunales nacionales siguen sin poder impartir justicia por crímenes graves y los procedimientos de la CPI continúan siendo fundamentales para la rendición de cuentas.
Las autoridades libias y todos los Estados partes de la CPI deben cumplir sus obligaciones legales de cooperación sin excepción. Libia tiene la obligación de cooperar en virtud de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad y de la propia declaración del Gobierno de Unidad Nacional, según el artículo 12.3, de mayo de 2025, por la que acepta la competencia de la CPI hasta finales de 2027. Los Estados partes están obligados a deben ejecutar las órdenes de detención y respaldar el trabajo de la Corte. La entrega de El Hishri por parte de Alemania muestra el modo en que debería funcionar la cooperación con la CPI, aunque su posición pública indicando que no ejecutaría determinadas órdenes de detención de la CPI contradice lo ocurrido en este caso. Por el contrario, en enero de 2025 Italia no entregó a Osama Elmasry Njeem tras detenerlo en virtud de una orden de la CPI, y la Corte ha confirmado oficialmente que este hecho constituye un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, que socavó la rendición de cuentas y reforzó la impunidad. Dado que actualmente la CPI se enfrenta a una presión externa sin precedentes, con sanciones y amenazas por cumplir su mandato, resulta más importante que nunca que cuente con el apoyo firme y basado en principios de todos los Estados.
Un llamamiento para promover la justicia en la situación de Libia
La entrega de El Hishri es un paso importante hacia la justicia, la verdad y la reparación. Las próximas etapas deben consistir en entender de forma inclusiva los crímenes cometidos y las víctimas perjudicadas. Pedimos a la CPI que se asegure de que los cargos reflejan todos los delitos que se alegan y a todos los grupos de víctimas afectados, así como que las víctimas puedan participar de manera significativa y segura en todas las etapas del proceso. Instamos igualmente a Libia y a todos los Estados Partes que garanticen el pleno respeto de todas las obligaciones de cooperación en virtud del derecho internacional. Nos solidarizamos con todas las personas supervivientes y mantenemos nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas en Libia.