La FIDH llama al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que remita inmediatamente la situación de Libia a la Corte Penal Internacional así como a todos los Estados e instancias intergubernamentales competentes a adoptar de urgencia las sanciones personales contra Gadafi y los miembros de su guardia personal. Asimismo, todos los medios susceptibles para cortar su abastecimiento en hombres y armas y para reducir su capacidad de bombardear las ciudades liberadas deben ser implementados por el Consejo de Seguridad. Es imperativo que se activen sin demora todos los medios legales para disuadirlos de su conducta criminal masiva y para impedir su realización.
El balance de 640 muertos publicado por la FIDH en la noche del 23 de febrero se encuentra de toda evidencia por debajo de una realidad que se puede agravar muy rápidamente.
Nuevas informaciones creíbles y a veces aún difíciles de verificar se refieren a los asesinatos de soldados que rechazaron cumplir las órdenes, de terminar con los heridos en los hospitales (al menos 163 en el Hospital Central y en el Hospital Sbiaa de Tripoli), por la naturaleza de las armas usadas con respecto al estado crítico de los heridos llegando a los hospitales, por las órdenes dadas a los pílotos de caza de bombardear, parecen indicar que Gadafi efectivamente ha decidido la eliminación masiva de los participantes a los movimientos de protesta y, más allá, la represión sistemática contra los civiles. La intención proclamada por Gadafi en su discurso del 22 de febrero de erradicar a las «ratas» debía tomarse en serio.
La FIDH teme particularmente la capacidad asesina de los mercenarios contratados por Gadafi, cuyo número se estima a 6000, entre los cuales 3000 se encuentran en Tripoli según la Liga Libia de Derechos Humanos, integrante de la FIDH. Parece que se les dio carta blanca para saquear y matar, indistintamente, a los civiles. La FIDH acaba de llamar a los presidentes de los Estados cuyos nacionales figurarían entre estos mercenarios a que tomaran todas las medidas necesarias para intentar neutralizarlos, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
La FIDH está particularmente preocupada por la suerte de los migrantes, que representan alrededor del 20% de la población (1,3 millones de personas) y se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Además de cientos de miles de nacionales de países de África subsahariana, se trata también de cerca de 30000 Tunecinos, 50000 Egipicos, 30000 Chinos, 50000 Bangladeshis, es decir numerosas comunidades. Algunos no pueden contar con el apoyo adecuado de su Estado de origen para ser evacuados o respaldados, por la falta de medios o de capacidad de proceder en semejante situación.
La FIDH toma nota de las condenas, por fin expresadas, por un número importante de Estados, y por las organizaciones internacionales, incluso la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica. Pero ya no se trata solamente de condenar a un régimen y a su principal dirigente que decidió masacrar a su pueblo.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad principal de proteger a una población civil víctima de crímenes internacionales, y de garantizar la paz y la seguridad internacional. Con la misma unanimidad que condenó la política asesina de Gadafi el 22 de febrero, debe remitir de urgencia la situación de Libia a la Corte Penal Internacional y desplegar la panoplia de sanciones individuales selectivas a su disposición, reducir la capacidad material de las fuerzas armadas de Gadafi, y favorecer la evacuación de los civiles, incluso de los migrantes, mediante la apertura de corredores humanitarios y cualquier otra medida apropiada.
Adicionalmente, la FIDH reitera su llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que cree una comisión de investigación internacional y suspenda la membresía de Libia. El Consejo de Derechos Humanos realizará una sesión de emergencia sobre la situación en Libia el 25 de febrero.