El director de Al-Haq, Shawam Jabarin, que presentó la comunicación junto con la abogada de derechos humanos, Nada Kiswanson, afirmó que “esta comunicación sustantiva de 700 páginas proporciona un fundamento convincente y razonable para la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre los presuntos crímenes cometidos contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Durante los últimos quince años Israel ha sometido a la población palestina a una ocupación militar que la priva de sus derechos humanos fundamentales y la somete a crímenes atroces. La comunicación dirigida a la Corte Penal Internacional ofrece la esperanza de que toda persona que haya cometido crímenes contra la población palestina deba rendir cuentas. Estamos convencidos de que sin justicia no puede haber paz verdadera y duradera”.
La comunicación aborda los esfuerzos de Israel por ampliar sus territorios y garantizar la dominación judía israelí mediante la modificación de la composición geográfica de los Territorios Palestinos Ocupados. Las organizaciones de derechos humanos palestinas proporcionan pruebas que demuestran la persecución, en este contexto, de la población de la ocupada Palestina por parte de Israel, que les somete a crímenes de persecución y apartheid. La comunicación también aborda el traslado forzoso de la población protegida de Palestina y el asentamiento de colonos israelís en su lugar. Además, esta comunicación proporciona material que documenta la apropiación, destrucción y saqueo generalizados de bienes palestinos. Por otra parte, proporciona pruebas sobre el asesinato deliberado y el homicidio de 300 personas palestinas a manos de las fuerzas armadas de Israel desde el 13 de junio de 2014. Desde 2015, Israel ha llevado a cabo una política de disparar a matar en los Territorios Palestinos Ocupados.
El director del Centro Palestino para los Derechos Humanos, Raji Sourani, afirma que “el traslado de colonos israelís a los Territorios Palestinos Ocupados constituye un crimen de guerra único ya que va acompañado por la confiscación de amplias extensiones de tierras palestinas, la destrucción masiva de bienes y el desgarro del tejido social y del modo de vida palestinos. Las acciones de Israel en el territorio ocupado de Cisjordania es claramente una acción de colonización. La comunidad internacional decidió hace tiempo que la colonización es censurable y, según el Estatuto de Roma, es punible como delito de transferencia de colonos”.
Los principales métodos a los que recurre Israel son la fragmentación de los territorios ocupados y la dispersión de la población ocupada.
El director del Centro de Derechos Humanos Al Mezan, Issam Younis, afirma que “Israel ha estado socavando la integridad de los territorios palestinos por lo menos desde el inicio de su ocupación en 1967. El aislamiento de Gaza, además de los frecuentes ataques militares a gran escala, permite a Israel, en último término, consolidar su control sobre todos los Territorios Palestinos Ocupados y niega a la población palestina su derecho de autodeterminación, internacionalmente reconocido. Además, el cierre por parte de Israel de la Franja de Gaza, unido a la política de zona de contención, dificulta al conjunto de la población de Palestina el disfrute de los territorios ocupados y de sus recursos”.
Esta es la cuarta comunicación presentada por las cuatro organizaciones de derechos humanos palestinas. Las tres primeras se refieren a los presuntos crímenes cometidos por los altos funcionarios militares y civiles israelís en la Franja de Gaza ocupada, entre otros, los ocurridos en el marco de la ofensiva militar de 2014.
Desde el 13 de junio de 2014, la CPI tiene competencia para investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en el Estado de Palestina. Actualmente la Fiscalía está llevando a cabo un examen preliminar sobre la situación en Palestina. Las cuatro organizaciones instan a la Fiscalía de la CPI a iniciar con carácter urgente una investigación exhaustiva sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. Las organizaciones de derechos humanos palestinas consideran que la investigación es un paso necesario para poner fin a la cultura de impunidad que ha prevalecido durante mucho tiempo en relación a los delitos cometidos por Israel y para que los altos funcionarios civiles y militares rindan cuentas. Al hacerlo, es indispensable que se tengan en consideración las opiniones de las víctimas palestinas en interés de la justicia y las reparaciones. Es imperativo garantizar que la paz y la seguridad prevalecen en el ámbito regional e internacional.