París, 22 de julio de 2026. La parte demandante —la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Jurists for the Respect of International Law (JURDI), the International Centre of Justice for Palestinians (ICJP), la Ligue des droits de l’Homme / droits humains (LDH) y Law for Palestina— alega que Francia ha incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional al no aplicar medidas efectivas para impedir que sus empresas y sus instituciones financieras participen en actividades comerciales, de inversión y de otro tipo que contribuyan a apoyar la presencia ilegal continuada de Israel en los TPO. La demandante está representada por Henri Thulliez, Yacine Baita y Frédéric Thiriez, y cuentan con la asesoría de Open Society Justice Initiative. Entre los demandados y las demandadas figuran el primer ministro francés, ministros y ministras responsables de economía, asuntos exteriores y comercio.
El caso se basa en la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según la cual la Corte declaró que consideraba ilegal la presencia continuada de Israel en los TPO y explicó que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los TPO, así como a no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada de Israel en dichos territorios. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia aclaró que los Estados deben adoptar medidas para impedir que se lleven a cabo relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal. La parte demandante sostiene que Francia no ha concretado estas obligaciones en medidas reguladoras o de ejecución definidas.
James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, afirmó que "la Corte Internacional de Justicia no ha dejado lugar a dudas, los Estados no pueden mantenerse al margen cuando existen obligaciones legales. Con este caso se pretende garantizar que Francia pone fin a cualquier ayuda o asistencia a la ocupación ilegal de Palestina. La fuerza del derecho internacional únicamente depende de que los Estados estén dispuestos a aplicarlo en la práctica".
Ihsan Adel, fundador y presidente de Law for Palestina, subrayó que "los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones mientras los productos de los asentamientos continúen estando presentes en sus mercados y las empresas prosigan llevando a cabo actividades comerciales relacionadas con los asentamientos".
La posición de la CIJ acerca de las obligaciones de terceros Estados respecto a la situación en los TPO pone de relieve que esta ocupación se ha podido mantener no solo gracias a la fuerza militar, sino también por el apoyo económico de terceros Estados y actores privados, en detrimento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la soberanía sobre su tierra y sus recursos.
Alexis Deswaef, presidente de la FIDH, se refirió a esta caso "como una oportunidad para que el Conseil d’Etat adopte una postura firme y reafirme las responsabilidades del Estado con respecto a las actividades empresariales en la Palestina ocupada".
Ghislain Poissonnier, vicepresidente de JURDI, afirmó que "en opinión de JURDI, Francia no ha tomado ninguna medida, a pesar del dictamen consultivo de la CIJ de 2024 que considera ilegal la ocupación, por lo que es necesario emprender acciones legales para poner fin a su apoyo empresarial a la situación ilegal en la Palestina ocupada".
Aunque Francia reconoció al Estado de Palestina en septiembre de 2025, no ha aplicado medidas efectivas para abordar las relaciones económicas y comerciales vinculadas a la ocupación ilegal.
Antes de interponer esta demanda, la demandante solicitó formalmente al Gobierno francés que adoptara medidas destinadas a cumplir con las obligaciones jurídicas vinculantes establecidas en la opinión consultiva de la CIJ, entre ellas impedir el comercio y la inversión que sostienen la situación ilegal en los TPO y velar por que las empresas francesas no contribuyan al mantenimiento de esta situación. El Gobierno no respondió, si bien el 30 de junio de 2026 formuló nuevas recomendaciones dirigidas a las empresas francesas que operan en los asentamientos, advirtiendo que "se exponen al riesgo de ser declaradas culpables de infringir el derecho internacional".
Para la parte demandante, el hecho de que el Gobierno no haya respondido a su solicitud equivale a una decisión administrativa implícita que les permite impugnarla ante el Conseil d’Etat. Alegó que esta falta de acción es contraria al propio apoyo público de Francia a la opinión consultiva y su reconocimiento del deber de distinguir entre Israel y los TPO en las relaciones económicas. Citando pruebas de que las empresas francesas continúan operando en sectores como el transporte, la construcción, las finanzas y los servicios comerciales en los TPO, la parte demandante sostiene que Francia no ha regulado la conducta empresarial ni ha impedido que las empresas contribuyan a las violaciones de los derechos de las personas palestinas. Solicita al Consejo de Estado que declare ilegal esta falta de medidas por parte del Estado y ordene que se adopten disposiciones para garantizar el cumplimiento del derecho internacional entre otras, estableciendo restricciones al comercio y la inversión cuando estén relacionados con la ocupación, así como salvaguardias corporativas y mecanismos de supervisión.
Por otra parte, se ha interpuesto este procedimiento cuando se sigue sometiendo a la población palestina de Gaza a desplazamiento forzado, hambre, mutilación y asesinato, en flagrante vulneración de las tres órdenes preliminares dictadas por la CIJ en el caso Sudáfrica contra Israel, en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
Nathalie Tehio, presidenta de la LDH, advirtió de que "la creciente participación de las empresas puede facilitar la anexión de Cisjordania" y argumentó que "Francia debe adoptar medidas vinculantes para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, entre otros, de la opinión consultiva de la CIJ".
Según sostiene la demandante, Israel lleva décadas ejerciendo un control ilegal sobre el territorio y los recursos palestinos, con el apoyo de terceros Estados y actores privados que se benefician económicamente de la ocupación, sin adoptar medidas efectivas contra los crímenes de la ocupación en Gaza y Cisjordania, entre otros, de Jerusalén Este.
Tayab Ali, director del ICJP, subrayó que "este caso pretende ser más que una mera expresión de preocupación y aspira a lograr una rendición de cuentas plena, afirmando que las obligaciones jurídicas internacionales deben ser exigibles ante tribunales independientes".
La parte demandante sostiene que el procedimiento brinda una gran oportunidad para aclarar el alcance de las obligaciones de los Estados a raíz de la opinión consultiva de la CIJ de 2024, con el fin de establecer directrices sobre el modo en que los gobiernos deben la conducta empresarial vinculada a graves violaciones del derecho internacional.
Afirma que, sin dicha acción, las obligaciones jurídicas corren el riesgo de quedarse en el plano teórico en lugar de ser efectivas, y que es necesaria la intervención judicial para que Francia cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.