París, 14 de octubre de 2025. Detrás de la lucha contra el odio, está surgiendo una tendencia a reprimir las voces disidentes. Con el título de Criminalisation and Narrative Control: Solidarity with Palestine in the Crosshairs (Criminalización y control narrativo: la solidaridad con Palestina en el punto de mira), el informe documenta el modo en que, en todos los países analizados, la dinámica observada desde el 7 de octubre de 2023 es de aumento de las tendencias estructurales preexistentes: la continua reducción del espacio cívico, el debilitamiento de las garantías democráticas, la normalización de la islamofobia y la institucionalización de los perfiles raciales.
Con el pretexto de mantener el orden público, luchar contra el antisemitismo o proteger la seguridad nacional, las autoridades han adoptado medidas excepcionales como la prohibición de manifestaciones, las detenciones arbitrarias, la represión dentro de las instituciones académicas, la censura de los medios de comunicación y las amenazas legislativas. Con frecuencia, estas medidas vulneran directamente las obligaciones internacionales de los países en materia de derechos humanos y han creado un efecto disuasorio generalizado sobre la libertad de expresión y el debate público, lo que ha socavado aún más la participación democrática y las voces de los grupos minoritarios.
Según Yosra Frawers, responsable de la Oficina del Magreb y Oriente Medio de la FIDH, "esta tendencia refleja un preocupante cambio hacia la normalización de medidas excepcionales para hacer frente a las voces disidentes".
"Los Estados deben garantizar a todas las personas el derecho a expresarse y movilizarse pacíficamente, con independencia de la causa de la que se trate. La defensa de los derechos humanos no debe verse limitada por sensibilidades políticas", afirmó Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
La FIDH destaca que la creciente confusión entre antisemitismo y críticas legítimas a las políticas del Estado israelí es uno de los principales motores de esta represión. Al equiparar las denuncias de violaciones del derecho internacional con el discurso de odio, varios gobiernos deslegitiman las voces críticas y fomentan un clima de miedo. En los países analizados, activistas, periodistas, miembros del mundo académico y cargos gubernamentales electos han sido objeto de represalias por expresar pacíficamente su apoyo a los derechos del pueblo palestino.
Un llamamiento a la responsabilidad del Estado
La FIDH recuerda a los Estados que la lucha contra el racismo y el antisemitismo es una obligación fundamental en virtud del derecho internacional, pero que no debe utilizarse indebidamente para justificar restricciones arbitrarias de las libertades. Nuestra organización insta a los Estados pertinentes a que garanticen la protección efectiva de las libertades civiles, eviten toda instrumentalización política de las medidas contra el odio y garanticen la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos.
Este informe se basa en un análisis riguroso de fuentes abiertas, informes de organismos internacionales y testimonios directos recabados de las personas afectadas. Se ha elaborado en colaboración con varias organizaciones miembros y asociadas a la FIDH, entre ellas la Ligue des droits de l’Homme (France), el Center for Constitutional Rights (United States), y el Committee for the Administration of Justice (Northern Ireland).