La Haya, 21 de noviembre de 2024. La adopción por la CPI de órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Deif marca un punto de inflexión para la justicia y el derecho internacional. La Sala de Cuestiones Preliminares nº 1 ha rechazado todas las impugnaciones jurisdiccionales anteriores de Israel y, en su cuidadosa evaluación de las pruebas presentadas, los magistrados de la CPI han determinado que existen "motivos razonables" para exigir responsabilidades a los tres hombres por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
"Estas decisiones de los jueces de la CPI envían un poderoso mensaje de que no se puede tolerar la impunidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad", ha declarado Alice Mogwe, presidenta de la FIDH. "Varios países ya han declarado que ejecutarán las órdenes de detención y arrestarán al primer ministro Netanyahu si llega a su territorio. Todos los Estados Partes en la CPI deben comprometerse a ello. Se trata de respetar las decisiones de los jueces internacionales independientes y de respetar el sistema de justicia internacional. Son formas fundamentales de acabar con la impunidad".
Danya Chaikel, representante de la FIDH ante la CPI, destacó la importancia de estas órdenes judiciales históricas: "esto es exactamente para lo que se creó la CPI, para hacer rendir cuentas a los autores de los crímenes internacionales más graves, independientemente de lo poderosos que sean. La Corte está mostrando su voluntad de enfrentarse a casos en los que están implicados funcionarios respaldados por Occidente, enviando un claro mensaje a los aliados más cercanos de Israel, incluido Estados Unidos, que ha reforzado la falsa narrativa de normalidad en torno a las acciones de Israel y se ha opuesto activamente a la competencia de la CPI en estos casos. Este momento decisivo demuestra que el sistema de justicia internacional puede abordar incluso las cuestiones con mayor carga política para garantizar la verdad y la rendición de cuentas. Todos los terceros Estados deben actuar ahora con responsabilidad y poner fin a su complicidad en las atrocidades de Gaza".
El alto mando militar de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, alias "Deif", está acusado de crímenes internacionales perpetrados el 7 de octubre, día en que murieron aproximadamente 1.200 israelíes y 251 fueron tomados como rehenes. Se le acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como crímenes de guerra de asesinato, tortura y toma de rehenes, entre otros.
En Gaza, más de un año después, al menos 43.972 personas, entre ellas 17.492 niños, han muerto por los incesantes ataques e invasiones del ejército israelí. Por este horrendo balance, y por la continuación de estos crímenes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, están acusados de cometer el crimen de guerra de inanición como método de guerra, y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Todos estos crímenes conllevan la posibilidad de cadena perpetua.
"Los horrores presenciados en Gaza durante más de un año son insostenibles. En realidad, estas órdenes de detención son un alivio. Representan un principio fundamental de la justicia penal internacional: que nadie está por encima de la ley", declaró Maryse Artiguelong, Vicepresidenta de la FIDH y de su organización miembro francesa, la Ligue des droits de l’Homme (LDH). "Demuestra el papel crucial de la CPI a la hora de hacer rendir cuentas a los autores, independientemente de quiénes sean. Refuerza el Estado de derecho, demostrando que las atrocidades graves no quedarán impunes. La LDH se asegurará de que el gobierno francés aplique la decisión si se presenta la oportunidad".
La FIDH hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la CPI para que apoyen públicamente estas órdenes de detención, en particular a la luz de las importantes amenazas y sanciones estadounidenses a las que se enfrenta actualmente la Corte en relación con la emisión de estas y otras órdenes de detención. La FIDH pide a los Estados miembros que cooperen plenamente con la CPI, de conformidad con las obligaciones que les impone el Estatuto de Roma, para garantizar que los responsables sean rápidamente detenidos, entregados a La Haya y juzgados con las debidas garantías. La FIDH subraya que la cooperación de los Estados es esencial para apoyar y permitir las operaciones de la CPI, garantizar que se haga justicia y prevenir atrocidades similares en el futuro. La FIDH también insta a todos los Estados a que investiguen y enjuicien a los presuntos autores de atrocidades masivas, independientemente de su cargo o afiliación, y a que inicien procedimientos de jurisdicción universal en sus jurisdicciones nacionales siempre que sea posible.