Israel/Palestina: El acoso contra el abogado de derechos humanos Salah Hammouri debe cesar

Alain Bachellier

31 de agosto de 2022. Las organizaciones, sindicatos e instituciones abajo firmantes, condenamos y rechazamos las medidas arbitrarias tomadas por las fuerzas de ocupación israelíes contra el defensor de los derechos humanos y abogado de Addameer, Salah Hammouri, en clara violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Durante muchos años, Salah Hammouri ha sido objeto de una campaña ininterrumpida de acoso por parte de las fuerzas de ocupación debido a su activismo en favor de los derechos humanos. Hammouri ha pasado nueve años en diversas prisiones de ocupación israelíes debido a las más de seis detenciones a las que ha sido sometido. El periodo más largo que transcurrió en una prisión de ocupación fue de siete años sin interrupción, entre 2005 y 2011, después de que se viera obligado a elegir entre ser deportado a Francia durante 15 años o permanecer encarcelado durante 7. Desde principios de marzo de 2022, las fuerzas de ocupación israelíes mantienen a Hammouri en sus prisiones sin cargos, en aplicación del sistema de detención administrativa, según un expediente secreto al que no tiene acceso ni siquiera su defensa letrada. Estos actos hacen que su detención sea arbitraria e ilegal según el derecho internacional.

Las fuerzas de ocupación han tomado varias medidas más contra Hammouri para intentar deportarlo fuera de Jerusalén. La más reciente, en octubre de 2021, fue la emisión de una decisión de revocación de su residencia en Jerusalén por cargos como no mostrar lealtad al Estado de Israel, que también se basaba en "pruebas secretas". A partir de entonces, han tratado de hacer cumplir la decisión intentando deportarlo a Francia, cuya nacionalidad ostenta. La esposa y los hijos de Hammouri residen actualmente en Francia porque las autoridades de ocupación les han impedido entrar en los territorios ocupados, privándole así de su derecho a que su familia viva con él.

Cuando Hammouri sea puesto en libertad, teme ser expulsado por la fuerza y deportado de su ciudad natal, Jerusalén. Está previsto que el Tribunal Supremo de Israel examine el caso de revocación de la residencia de Hammouri en febrero de 2023.

Es importante comprender estas medidas perjudiciales emprendidas contra Hammouri por dos razones principales:

- En primer lugar, la revocación de su residencia en Jerusalén por no mostrar lealtad al Estado ocupante basada en "pruebas secretas" supone una medida israelí sin precedentes contra la presencia árabe y palestina en Jerusalén. Se trata de una comunidad que ya está sufriendo la escalada de los proyectos de asentamiento y los intentos de judaizar la ciudad borrando la presencia palestina, a pesar de la ilegalidad de la ocupación según el derecho internacional. La aprobación de este precedente contra Hammouri significa abrir la puerta a las fuerzas de ocupación israelíes para expulsar a cualquier persona palestina de Jerusalén de la ciudad mediante la revocación de su residencia basándose en puras "pruebas secretas". Esto supondrá una nueva y poderosa herramienta en manos de Israel que le permitirá reducir el número de población palestina de Jerusalén sin necesidad de aportar ninguna justificación legal.

- En segundo lugar, Hammouri es un objetivo porque se trata de un defensor de los derechos humanos y de un abogado de las personas palestinas encarceladas. Esto significa que Israel está librando una guerra contra las personas defensoras de los derechos humanos, tanto de forma individual como en grupo, completando lo que comenzó al etiquetar a seis organizaciones palestinas de derechos humanos como grupos terroristas, entre otras, a Addameer, donde trabaja Hammouri. De hecho, Israel ya atacó personalmente a Hammouri por ser un trabajador de los derechos humanos, pirateando su teléfono móvil e instalando el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí de ciberseguridad NSO. Con estas prácticas, Israel pretende transmitir a todas las personas activistas pacíficas y defensoras de los derechos humanos el mensaje de que no cuentan con inmunidad y que pueden ser objeto de separación familiar, detención arbitraria e incluso expulsión del país.

Además, aunque Hammouri tiene nacionalidad francesa, el gobierno francés no ha desempeñado ningún papel efectivo para presionar por su liberación de esta detención arbitraria. Recientemente, el gobierno israelí sometió a Hammouri a confinamiento en aislamiento como castigo por haber enviado una carta al presidente francés Emmanuel Macron pidiéndole ayuda para su puesta en libertad. Desde entonces, el gobierno francés no ha tomado ninguna medida pública para ayudarle, como condenar la detención o pedir a las autoridades de ocupación israelíes su inmediata puesta en libertad. En su lugar, se han limitado a visitarlo y a pedir al gobierno israelí que "respete sus derechos". Estas medidas son claramente insuficientes, no están en consonancia con la respuesta habitual de las autoridades francesas en los casos de detección arbitraria de miembros de su ciudadanía y no demuestran una voluntad política lo suficientemente fuerte como para llegan a exigir responsabilidades a las autoridades israelíes.

En consecuencia, las organizaciones, sindicatos, instituciones y organismos de derechos humanos que han firmado esta declaración, junto con la campaña Justicia para Salah, afirman lo siguiente:

1. Rechazamos el acoso y las violaciones arbitrarias a las que las fuerzas de ocupación israelíes están sometiendo a Salah Hammouri como castigo por su trabajo en favor de los derechos humanos y para disuadirlo –al igual que a todas las personas defensoras de los derechos humanos– de seguir defendiendo a la población palestina y criticando las violaciones israelíes. Concretamente:
• Condenamos y rechazamos la práctica de la detención administrativa, subrayando que supone una violación de las disposiciones del derecho internacional. Así, pedimos la liberación inmediata de todas las personas en detención administrativa, entre ellas, de Salah Hammouri. Afirmamos que la práctica de la detención administrativa por parte de Israel viola el texto de los artículos 42 y 78 del IV Convenio de Ginebra de 1949, que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, solo permite la detención administrativa por razones necesarias e imperiosas de modo que se mantenga su carácter excepcional. Por el contrario, Israel practica la detención administrativa de forma sistemática y reiterada por "razones secretas" no reveladas, lo que convierte a estas detenciones en arbitrarias. Por lo tanto, esta práctica vulnera asimismo el artículo 75 del Protocolo I anexo a los Convenios de Ginebra de 1977, que forma parte del derecho internacional consuetudinario.
• Condenamos y rechazamos la decisión israelí de revocar la residencia de Hammouri en Jerusalén basándose en un expediente secreto y en acusaciones de deslealtad hacia la potencia ocupante. Subrayamos que se trata de una violación del derecho internacional según el artículo 43 del Convenio de La Haya sobre las Reglas de la Guerra Terrestre de 1907 y el artículo 64 del IV Convenio de Ginebra de 1949, que prohíben a una potencia ocupante actuar como titular de la soberanía sobre el territorio ocupado. Las prácticas de Israel vulneran asimismo el artículo 45 del Convenio de La Haya y el artículo 68.3 del IV Convenio de Ginebra, que prohíben a una potencia ocupante exigir lealtad a los habitantes del territorio ocupado. Además, se trata de una medida ilegal en el derecho internacional humanitario, ya que deportar por la fuerza a la población de un territorio ocupado se considera un crimen de guerra según el artículo 8 del Estatuto de Roma. De hecho, cuando la deportación forzosa forma parte de una política generalizada y sistémica contra la población civil –como ocurre en Israel– también se considera un crimen contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Además, la revocación de la residencia de las personas defensoras de los derechos humanos y de otras personas de Jerusalén viola diversas normas del derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho a la vida familiar, el derecho a la libertad de circulación, incluido el derecho a salir y volver a la patria, así como el derecho de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas prácticas de deportación también son contrarias a las declaraciones realizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General sobre la ilegalidad de cambiar el statu quo en términos demográficos de la ciudad de Jerusalén. Por último, vaciar la ciudad de su población árabe es una aplicación flagrante de la práctica condenada internacionalmente del apartheid.
2. Exigimos que el gobierno francés actúe con eficacia y rapidez para ayudar a conseguir la liberación del ciudadano francés Salah Hammouri, denuncie e impida la revocación de su residencia y su deportación forzosa de Jerusalén, y le indemnice por las violaciones de derechos humanos de las que ha sido objeto.
3. Exigimos a la Corte Penal Internacional que haga avanzar el expediente de investigación lo antes posible y que procese a Israel por sus graves violaciones del derecho internacional humanitario y penal, que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
4. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, especialmente a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos, para que tomen medidas efectivas que pongan fin a las prácticas de Israel de revocar la residencia en Jerusalén, vaciar la ciudad de su población árabe y cambiar su composición demográfica contraviniendo el estatus legal existente.
5. Exigimos que los gobiernos de todo el mundo pongan en práctica la jurisdicción universal de acuerdo con el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra para que Israel rinda cuentas y no disfrute de impunidad por las graves violaciones que comete contra la población palestina, entre otras, las detenciones arbitrarias y los desplazamientos forzados.
6. Exigimos que los Estados miembros de la comunidad internacional, los parlamentos de todo el mundo y las instituciones de la sociedad civil trabajen para presionar a Israel con el fin de que respete la labor de los derechos humanos. Pedimos a estos Estados y organizaciones que ayuden a proporcionar protección al pueblo palestino y al personal de derechos humanos, que documenten las violaciones del derecho internacional cometidas por la ocupación y que aseguren la rendición de cuentas a escala internacional.

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Esta declaración continúa abierta a la firma de las organizaciones e instituciones interesadas aquí.

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