París, Jerusalén, 31 de marzo de 2026. El lunes 30 de marzo de 2026, la Knesset israelí aprobó varias enmiendas legislativas en materia de pena de muerte, dirigidas específicamente contra la población palestina. Estas enmiendas establecen un sistema de doble rasero en virtud del cual a partir de ahora la pena capital será la sentencia por defecto para los delitos de homicidio doloso con arreglo a la ley antiterrorista israelí, cuando sean juzgados en tribunales militares en Cisjordania. A partir de este momento, los tribunales civiles de Israel y la Jerusalén Oriental ocupada tendrán la capacidad de dictar sentencias de muerte en casos de condenas por delitos de homicidio doloso con el "objetivo de negar la existencia del Estado de Israel".
"Israel está alcanzando un nuevo mínimo en la deshumanización de la población palestina, al consagrar en su legislación estatal este trato cruel. Ya mata sistemáticamente a personas palestinas, sin que nadie le exija que rinda cuentas. Bajo el liderazgo de los principales ministerios, el sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato y las lesiones a seres humanos", afirmó Yuli Novak, directora ejecutiva de B’Tselem.
"La comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante esta situación ni permitir que estos hechos queden impunes. El incumplimiento por parte de Israel del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel se agrava aún más con estos últimos acontecimientos, ante los cuales la única respuesta posible es la suspensión del acuerdo", declaró Alexis Deswaef, presidente de la FIDH. "Además, ha llegado el momento de reconsiderar seriamente la participación de Israel en federaciones y competiciones deportivas y culturales internacionales", añadió.
Para la población palestina de Cisjordania, esta nueva legislación establece la pena de muerte como la sentencia predeterminada en los casos de homicidio doloso cuando constituya un acto de terrorismo según la definición de la Ley Antiterrorista de Israel, salvo en "circunstancias especiales" que permitan la imposición de cadena perpetua. La sentencia debe ejecutarse en un plazo de 90 días desde que se dicta, y únicamente el primer ministro puede aplazarla. No es necesario que exista unanimidad entre los jueces militares y la ley no establece ninguna posibilidad de apelación o indulto. Esto afecta a los tribunales militares, que tienen una tasa de condenas de aproximadamente el 96% y que con frecuencia dictan veredictos de culpabilidad a partir de confesiones forzadas obtenidas bajo tortura. Estas enmiendas legales empeoran un sistema judicial ya de por sí profundamente discriminatorio y contribuyen a violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población palestina.
Israel se consideraba abolicionista para todos los delitos comunes y ha ejecutado a dos personas a lo largo de su historia, siendo la última ejecución en 1962. Este cambio supone un grave retroceso, así como una escalada de las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. La FIDH y sus organizaciones miembros instan a la comunidad internacional a que recurra a todas las vías diplomáticas para presionar a favor de la derogación de estas enmiendas y velar por el progreso de Israel hacia la abolición total de la pena de muerte.
La FIDH, miembro de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (CMPM) y de su comité directivo, reitera su firme oposición a la pena de muerte en todos los delitos y circunstancias.