"Felicitamos a la Fiscalía de París por su pronta reacción y esperamos que esta investigación judicial, dirigida por un/a juez/a de instrucción independiente, arroje luz sobre el uso ilícito de las tecnologías por parte de NSO Group, en violación de las leyes de derechos humanos y del derecho penal francés", afirmaron Emmanuel Daoud, Clémence Bectarte y Patrick Baudouin, que presentaron la denuncia en abril de 2022 en nombre de la FIDH, la LDH y Salah Hammouri.
Hammouri, que desde el 7 de marzo se encuentra en régimen de detención administrativa en Israel, tiene ahora derecho a constituirse en parte civil en el procedimiento judicial abierto en Francia y a ejercer todos los derechos que conlleva según la legislación penal francesa.
"En nombre de la campaña de la coalición Justicia para Salah, felicitamos a la Fiscalía de París por haber dado este importante paso contra la empresa NSO, que está en línea con nuestras peticiones de rendición de cuentas para prevenir las violaciones de los derechos humanos, especialmente las que se producen contra personas defensoras de los derechos humanos como nuestro compañero y abogado Salah Hammouri", declaró Shawan Jabarin, director general de Al-Haq.
Nuestras organizaciones instan a las autoridades francesas a trabajar sin cesar para lograr la puesta en libertad inmediata de Hammouri, que tiene nacionalidad francesa y palestina.
Antecedentes
En octubre de 2021, Hammouri se puso en contacto con Front Line Defenders para que examinaran su teléfono tras saber que se habían producido infiltraciones en los teléfonos de otras personas defensoras de los derechos humanos palestinas. Front Line concluyó su investigación en noviembre de 2021, y The Citizen Lab y Amnistía Internacional confirmaron los resultados.
La investigación reveló que se habían pirateado los teléfonos de Hammouri y de otras personas defensoras de los derechos humanos palestinas mediante el programa espía Pegasus, fabricado por NSO Group. La investigación confirmó que el teléfono de Hammouri se había infiltrado en abril de 2021. En diciembre de 2021, Hammouri se puso en contacto con la FIDH para que le representara en la interposición de una denuncia contra NSO Group, que había estado utilizando este software espía de forma ilegal para hackear e infiltrarse en su teléfono y, de este modo, espiar toda su vida profesional y personal, privándole así de determinados derechos, incluido su derecho a la intimidad.
Hammouri ha sido objeto de persecución por parte de las autoridades israelíes desde los 15 años, cuando sufrió una herida de bala, en el año 2000. Fue detenido por primera vez a los 16 años y desde entonces ha sido sometido a un acoso constante por parte de las autoridades israelíes debido a su trabajo en favor de los derechos humanos. Esto incluye seis periodos de encarcelamiento y detenciones arbitrarias, varias prohibiciones de viajar, fianzas y multas exorbitantes, arrestos domiciliarios, separación de su familia y revocación de la residencia. Se enfrenta a una amenaza inminente de deportación y, más recientemente, el 6 de junio de 2022, se le impuso otra detención administrativa ilegal durante otros tres meses y a renovaciones indefinidas de acuerdo con la normativa de emergencia aplicada por el mando militar israelí en Cisjordania.
El 18 de octubre de 2021, el ministro del Interior de Israel emitió una decisión para revocar el permiso de residencia permanente en Jerusalén de Hammouri. La decisión se basa en la supuesta "ruptura de lealtad al Estado de Israel" de Hammouri y en acusaciones redactadas vagamente y mal definidas relativas a "actividades terroristas" o afiliación a "entidades terroristas", relacionadas con "información secreta". De aplicarse esta medida, significaría que Hammouri, que nació en Jerusalén en 1985 y ha vivido allí toda su vida, sería expulsado permanentemente de su país de origen y centro de vida sin posibilidad de regresar. Por otra parte, sentaría un precedente legal extremamente peligroso que podría ser utilizado sistemáticamente por las autoridades israelíes para revocar la residencia de la población jerosolimitana palestina en su intento de vaciar Jerusalén de su población palestina.
NSO Group se ha enfrentado a varias demandas en todo el mundo por el uso ilícito de tecnologías en violación de las leyes y los principios de derechos humanos. Varias ONG, entre ellas la FIDH, instaron a la Unión Europea a incluir a NSO Group en su lista de sanciones mundialesy a tomar todas las medidas necesarias para prohibir la venta, la transferencia, la exportación, la importación y el uso de las tecnologías de NSO Group hasta que se establezcan garantías adecuadas en materia de derechos humanos. Es vital que cuando las empresas cometen abusos de los derechos humanos, se adopten sanciones y medidas adecuadas, y que las víctimas tengan derecho a lograr una reparación por cualquier violación cometida. Como la FIDH ha defendido en repetidas ocasiones, toda regulación en este sentido a nivel europeo se debería aplicar a todas las empresas, incluidas las que operan en el sector tecnológico.