De hecho, tal como se ha aprobado la ley, se persigue a las organizaciones no gubernamentales (ONG) críticas con la política del Gobierno y especialmente, a ONG de derechos humanos que reciben la mayoría de su financiación de Gobiernos extranjeros. De las 27 organizaciones a las que el ministro de Justicia dijo que se aplicaría la ley, 25 son ONG de derechos humanos. Al aplicarse específicamente a las donaciones procedentes de Gobiernos extranjeros, la Ley sobre la transparencia de las ONG exime en la práctica a las organizaciones de derechas, que reciben la mayor parte de sus fondos de fuentes privadas (locales e internacionales), de la obligación de comunicar y difundir dicha información.
El Observatorio teme que la legislación aprobada persiga socavar y deslegitimar la labor de destacadas organizaciones de derechos humanos en Israel, que vigilan, entre otras cuestiones, las vulneraciones de los derechos humanos cometidas contra la ciudadanía palestina.
"Esta Ley sobre la transparencia de las ONG se dirige claramente contra grupos disidentes pacíficos y busca restringir las actividades legítimas de la sociedad civil y de las defensoras y defensores de los derechos humanos en Israel. La ley incumple la normas internacionales de derechos humanos en relación a la libertad de asociación consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Israel."
Esta medida legislativa llega en pleno aumento de la represión contra las organizaciones israelíes y palestinas que denuncian los efectos perjudiciales sobre los derechos humanos que acarrea la ocupación del territorio palestino. Más concretamente, la Ley sobre la transparencia de las ONG, surgió tras las campañas de difamación sin precedentes realizadas por organizaciones de extrema derecha, que señalaban a las defensoras y defensores de los derechos humanos israelíes como "agentes extranjeros" y "traidores".
"La sociedad israelí solía estar orgullosa de proporcionar a las organizaciones de derechos humanos el espacio necesario para actuar como parte integrante de un Estado democrático. Lamentablemente, las declaraciones del ministro de Justicia Ayelet Shaked muestran que el trabajo en materia de derechos humanos se percibe actualmente como favorable a los intereses extranjeros. No tiene que ver con la transparencia o la financiación, se trata del trabajo sobre derechos humanos, porque resulta molesto. Esto es especialmente evidente en el trato diferenciado que se da a las organizaciones en favor de los asentamientos y las que trabajan en derechos humanos."
Varias instituciones, entre otras, la Comisión Europea y los representantes de otros Estados, han criticado la Ley sobre la transparencia de las ONG, haciendo hincapié en que contribuye a crear un creciente clima de deslegitimación de las organizaciones de derechos humanos. Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, declararon, el 24 de junio de 2016, que el proyecto de ley, "tiene la evidente intención de perseguir a las organizaciones de derechos humanos y derechos civiles, que reciben la mayoría de sus fondos de organizaciones gubernamentales extranjeras, mientras que no afecta a otras organizaciones que, sin embargo, reciben una cantidad sustancial de financiamiento de personas extranjeras".
Con el pretexto de aumentar la transparencia, la Ley sobre la transparencia de las ONG pretende obstaculizar las actividades de las organizaciones críticas con la política del Gobierno. Al limitar el espacio en que operan las organizaciones de la sociedad civil, la nueva ley pretende imponer restricciones a la libertad de expresión y de asociación en Israel.