El contrato entre Orange y Partner terminará en 2017: Una victoria para los derechos humanos

Orange ha anunciado esta mañana que ha modificado su contrato con Partner, una empresa de telecomunicaciones israelí que opera en los asentamientos de este país.
Esta enmienda tiene como objetivo finalizar el contrato en un periodo de dos años a cambio de una compensación de decenas de millones de euros.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) [1], autoras de un informe publicado el 6 de mayo con el título Las amistades peligrosas de Orange en los Territorios Palestinos Ocupados (en inglés), reciben este anuncio con satisfacción y hacen un llamamiento para que Orange lleve a cabo el proceso de finalización en los plazos establecidos. No obstante, las OSC lamentan que Orange no haya reconocido los riesgos de abuso de los derechos humanos vinculados a su relación comercial con Partner, a diferencia de otras empresas e inversores que sí lo han hecho públicamente.

Las empresas comerciales tienen la responsabilidad de asegurarse de que no contribuyen directa o indirectamente al mantenimiento de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados (TPO), declarados ilegales según el derecho internacional, y que implican numerosas violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario. Al no conseguir que Partner pusiera fin a sus actividades comerciales en los asentamientos israelíes, Orange se vio obligada a terminar su contrato de licencia de marca con Partner, con el fin de cumplir con su deber de diligencia en materia de derechos humanos.

Los mencionados autores del informe sobre Orange observan que Orange solo tomó medidas concretas para poner fin a su contribución indirecta a las violaciones manifiestas de los derechos humanos en los TPO debido a la presión ejercida por las asociaciones y sindicatos, incluido el cuestionamiento público de la empresa. De hecho, han pasado cinco años desde que los sindicatos expresaron por primera vez su preocupación con respecto a este caso.

Por otra parte, nuestras organizaciones están profundamente preocupadas por la inadecuada reacción pública del Estado francés en este asunto. A la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado francés debería proporcionar una orientación más clara a las empresas que invierten o realizan otras actividades comerciales en los asentamientos. Debería mejorarse la recomendación dirigida a empresas comerciales publicada en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia (en francés) en junio de 2014, indicando explícitamente los riesgos de vulnerar el derecho internacional que corren todas las empresas francesas que operen en los asentamientos. Esta recomendación debe traducirse en la efectiva aplicación de medidas para que todas las empresas comerciales cesen de inmediato toda relación comercial con el asentamiento, de conformidad con el derecho internacional.

El informe está disponible en francés y en inglés.

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