7 de octubre de 2025. Dos años después de los atentados del 7 de octubre de 2023, que causaron 1200 muertes en Israel, 47 de las 251 personas capturadas ese día continúan retenidas como rehenes en condiciones inhumanas, en flagrante violación del derecho internacional. Al parecer, únicamente una veintena de ellas seguiría con vida. Un auténtico suplicio para ellas y para sus familias, que esperan angustiadas.
A pesar de que afirma su voluntad de lograr la liberación de los rehenes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha desencadenado y prolongado una guerra de represalia contra la población palestina de Gaza, marcada por las masacres diarias de civiles y la destrucción a gran escala. Las cifras oficiales hablan de 67 000 personas muertas, 435 de ellas por inanición, y de 170 000 heridas, aunque numerosas estimaciones fiables consideran que estas cifras están subestimadas. Algunas de estas personas retenidas como rehenes murieron también a causa de los bombardeos y los disparos de las tropas israelíes.
La toma de rehenes y el asesinato de civiles constituyen crímenes de guerra. Los líderes de Hamás y de otros grupos palestinos que han participado en la comisión de estos crímenes deben ser juzgados ante los tribunales competentes. El comandante en jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, más conocido como “Deif”, era objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, si bien posteriormente ha sido asesinado por Israel. Siguen pesando órdenes de detención emitidas por la CPI contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galant.
Existen intentos de obstruir estas órdenes de detención, en particular mediantesanciones dictadas por los Estados Unidos contra la CPI y quienes colaboran con la Corte en este asunto. La intención de estas medidas es socavar la independencia de la Corte y poner en tela de juicio uno de los fundamentos del orden jurídico internacional.
La FIDH recuerda que los Estados partes en el Estatuto de Roma tienen la obligación de cooperar plenamente con la CPI y hacer cumplir sus decisiones. Por ello, les exhorta a rechazar toda forma de presión o medida de represalia destinada a obstaculizar su acción o la de sus colaboradores, con el fin de preservar la independencia de la justicia internacional y la universalidad de los derechos humanos.
Sin justicia ni verdad, no se puede construir ninguna solución duradera, paz o memoria tranquila. La FIDH lanza un llamamiento para que la impunidad no forme parte del futuro que se intente imponer a la población palestina e israelí. Juzgar los crímenes del pasado supone asimismo poner fin a los crímenes actuales: la FIDH pide también la liberación de los rehenes, el fin del genocidio de la población palestina, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y el cese del apartheid y la ocupación israelí.