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En su decisión por mayoría del 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confirmó en primer lugar que Palestina es un Estado Parte en el Estatuto de Roma y “tiene derecho a ejercer sus prerrogativas en virtud del Estatuto” [1] . La Sala señaló que el proceso de adhesión de Palestina al Estatuto de la CPI “siguió el procedimiento ordinario correcto” y no fue impugnado. A continuación, los jueces de instrucción concluyeron que “la jurisdicción territorial de la Corte en la situación de Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este” [2]. También añadieron los jueces que dicha conclusión es coherente con el derecho a la autodeterminación [3]. La Sala de Cuestiones Preliminares aclaró que el fallo de la Sala tiene como “único propósito definir la jurisdicción territorial de la Corte”, y que “no está adjudicando una disputa fronteriza bajo el derecho internacional ni prejuzgando la cuestión de cualquier frontera futura” [4].
“Con la confirmación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la jurisdicción territorial de la CPI sobre Palestina, incluyendo su territorio ocupado, y la falta de justicia a nivel nacional, es imperativo que la Fiscal promueva inmediatamente investigar y procesar de manera efectiva toda la gama de crímenes internacionales cometidos en Palestina. Una investigación de la CPI sobre la situación en Palestina sería un paso histórico para renovar las esperanzas de las víctimas de que se haga justicia y se rindan cuentas.”
Tras casi cinco años de examen preliminar, la Fiscal confirmó en diciembre de 2019 que existe “una base razonable para creer que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza” [5]. Sin embargo, a pesar de llegar a la conclusión de la necesidad de una investigación, la Fiscal solicitó en enero de 2020 una decisión de los jueces de la CPI para confirmar, antes de iniciar una investigación, que el tribunal tiene la jurisdicción territorial necesaria para este caso, y que ésta incluye Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y Gaza. En marzo de 2020, la FIDH, junto con Redress, No Peace Without Justice y Women’s Initiative for Gender Justice, presentó observaciones en un amicus curiae demostrando que la CPI tiene jurisdicción sobre Palestina en base a su condición como Estado Parte en el Estatuto de Roma, y que la Corte tiene por ende jurisdicción para investigar las denuncias de crímenes internacionales en todo el territorio de Palestina, que comprende Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este [6]. Las organizaciones palestinas de derechos humanos Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Centro Al Mezan para los Derechos Humanos (Al Mezan) y Asociaicón Al-Dameer Association para los Derechos Humanos (Al-Dameer) también presentaron observaciones en un amicus curiae a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI [7].
| Las organizaciones miembros de la FIDH, Al-Haq, Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos (Al-Mezan) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), han acogido también esta decisión fundamental en esta fase del procedimiento ante la Corte [8]. Véase también la reacción de Raji Surani, Director General del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), y de Katherine Gallagher, abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y representante de víctimas en la situación de Palestina ante la CPI, en "Democracy Now": |
Contexto
La Fiscal de la CPI abrió un examen preliminar de la situación en Palestina en enero de 2015, después de que la Asamblea General de la ONU reconociera a Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2012, y después de que Palestina aceptara la jurisdicción de la Corte y presentara su instrumento de adhesión al Estatuto de la Corte en enero de 2015. El Estatuto de la CPI entró en vigor para Palestina, que se convirtió en Estado Parte el 1 de abril de 2015. Palestina también remitió su situación a la Corte en 2018 y ha instado a la CPI a proceder a una investigación sin más demora.
A lo largo de los últimos cinco años, la Fiscalía de la CPI recibió abundante información, incluso de varias de nuestras organizaciones, sobre los crímenes cometidos en la situación y sobre cuestiones de hecho y de derecho, incluso sobre la competencia territorial de la Corte en la situación.