Estimado Sr. Presidente:
Nos dirigimos a usted debido a que la respuesta sistemáticamente complaciente de su gobierno a la escalada de ataques del gobierno israelí contra destacados grupos palestinos de derechos humanos y de la sociedad civil que se ha producido a lo largo de los últimos 10 meses ha puesto en grave peligro la seguridad y el bienestar de las personas defensoras de los derechos humanos palestinas. Le instamos a tomar medidas inmediatas en respuesta a la última escalada del gobierno israelí con el fin de poner fin a cualquier otra táctica represiva inminente por parte de las autoridades israelíes y a velar por que la sociedad civil palestina sea libre de continuar su importante labor.
En una notable escalada, el 18 de agosto de 2022, las fuerzas militares israelíes allanaron las oficinas de siete organizaciones comunitarias y de derechos humanos palestinas en la Cisjordania ocupada, sellaron sus puertas, ordenaron su cierre y se incautaron de sus ordenadores y otros materiales confidenciales. En los días siguientes, el ejército israelí y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) citó a las directivas de estas organizaciones para someterlas a interrogatorio. Todo su personal se encuentra actualmente bajo amenaza de detención y enjuiciamiento inminente. Mientras que muchos miembros en la comunidad internacional se apresuraron a condenar la vergonzosa maniobra política del gobierno israelí realizada en octubre de 2021, con la designación de las principales organizaciones palestinas de derechos humanos como "terroristas" en virtud de la draconiana Ley Antiterrorista de Israel, su administración se ha negado a tomar medidas o a rechazar este claro ataque contra la sociedad civil palestina, e incluso lo ha respaldado con medidas como la cancelación del visado estadounidense válido del director de una de las organizaciones objeto de la represión por parte del Estado. Su respuesta hasta el momento no ha hecho más que permitir y empoderar al gobierno israelí para mantener e intensificar esta represión.
Las organizaciones que han sido designadas como terroristas constituyen parte de la base de la sociedad civil palestina que lleva décadas protegiendo y promoviendo los derechos humanos de la población palestina en todo el espectro de cuestiones de interés mundial, como los derechos de la infancia, los derechos de la población reclusa, los derechos de las mujeres, los derechos socioeconómicos, los derechos de los/as trabajadores/as agrícolas y la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes internacionales. Entre otras, se encuentran: Defensa de la Infancia Internacional – Palestina, Al Haq, Addameer, Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Unión de Comités de Trabajo Agrícola y Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Se trata de socios de confianza en la realización de nuestro trabajo colectivo para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Desde que el gobierno israelí ilegalizó oficialmente a estos grupos de la sociedad civil, las investigaciones de las alegaciones de Israel realizadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas y los gobiernos las han considerado infundadas. Entre otros, así lo han indicado 10 gobiernos europeos que desestimaron estas acusaciones a mediados de julio de 2022. En un informe muy preocupante publicado esta semana, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos habría evaluado la información transmitida por el gobierno israelí a principios de este año y habría descubierto que ninguna de las supuestas pruebas respaldaba las afirmaciones del gobierno israelí. Además, los miembros del Congreso han pedido a su gobierno que condene y rechace este claro ataque del gobierno israelí contra la sociedad civil palestina.
Al tratarse de grupos comprometidos con la justicia social, los derechos civiles y los derechos humanos universales, resulta patente que la acusación de "terrorista" y la llamada "guerra contra el terror" amenazan no solo a las personas defensoras de los derechos humanos en el plano internacional, sino también a los movimientos sociales y las comunidades marginadas aquí en Estados Unidos: las personas activistas y las comunidades indígenas, negras, morenas, musulmanas y árabes se enfrentan de forma similar al silenciamiento, la intimidación, la criminalización y la vigilancia al ser objeto de estas acusaciones infundadas. Una amenaza contra el movimiento palestino de derechos humanos es una amenaza contra los movimientos por la justicia social en todo el mundo y todos los Estados deben rendir cuentas por tomar medidas tan manifiestamente injustas para proteger así los derechos humanos y a las personas defensoras de los derechos humanos.
Aunque nuestro gobierno ha ofrecido durante mucho tiempo un apoyo incondicional al gobierno israelí, nuestros movimientos y organizaciones siempre estarán en primer lugar del lado de los derechos y la seguridad de las personas.
Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes le pedimos que, en su calidad de Presidente, realice inmediatamente lo siguiente:
1. Condene las tácticas represivas del gobierno israelí y la creciente campaña de criminalización e intimidación dirigida contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y su personal y junta directiva.
2. Rechace las acusaciones infundadas del gobierno israelí contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y exija a las autoridades israelíes que anulen su calificación.
3. Adopte medidas diplomáticas, en concierto con sus homólogos europeos, que protejan a las organizaciones palestinas afectadas, su personal y su junta directiva, sus oficinas y otros bienes.
4. Se abstenga de imponer cualquier obstáculo o política que impida el compromiso directo entre el gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil palestina o que impida de otro modo una comprensión pública completa y exhaustiva de la gravedad y las repercusiones de la represión israelí.
5. Ponga fin a los intentos de Estados Unidos por socavar el derecho de la población palestina y de las organizaciones de la sociedad civil palestina a reclamar justicia y rendición de cuentas, incluso ante la Corte Penal Internacional.
6. Garantice que no se adopten medidas a nivel federal que obstaculicen de algún modo la financiación de las organizaciones o personas con sede en Estados Unidos a las organizaciones palestinas objeto de ataques.
7. Suspenda la financiación militar de Estados Unidos al gobierno israelí y ponga fin a toda labor diplomática que permita la impunidad sistémica de las graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidas por parte de Israel.
Atentamente,