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El sufrimiento de la población civil en la Franja de Gaza es evidente: tanto por los "efectos colaterales" de los bombardeos del ejército de Israel, como por el camuflaje de las milicias de Hamás entre la población, como por la destrucción misma de la ya limitada infraestructura de los distritos palestinos y por el bloqueo de suministros en el área.
Se trata de una altísima cuota de sufrimiento e inhumanidad ante la que es imposible guardar silencio. La última estadística de la Organización de Naciones Unidas señala que van 600 palestinos muertos, el 74 por ciento de ellos considerados civiles, incluidos 147 niños. Del lado israelí, 27 soldados y dos civiles han perdido la vida en estas dos semanas de ataques.
Entre las razones de uno y otro bando, y de qué fue primero, si los cohetes de Hamás sobre territorio israelí, indiscriminados y terroristas, o si los cohetes de Israel, quirúrgicos pero igualmente demoledores, nos quedamos con el llamado a una tregua que permita desenredar este nuevo capítulo de agresiones y, en el largo plazo, facilitar el avance de algún plan de paz para esos dos pueblos que se deben un esfuerzo definitivo de coexistencia.
Por lo pronto, acogemos las palabras de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la abogada Navi Pillay, en la exigencia de que tanto Israel como Hamás respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos de los civiles en el área del conflicto.
Las ruinas de Gaza y los más de 100.000 refugiados que deja la Operación Margen Protector, incluida la ocupación de la Franja, empiezan a desbordar los patrones controlados de una respuesta militar y se acercan peligrosamente a lo que Pillay advierte podría constituir crímenes de guerra.
Por eso la exigencia inmediata es que las partes apliquen el principio de distinción entre civiles y combatientes, el de bienes civiles y objetivos militares y el de proporcionalidad en el uso de armamento pesado.
Mientras que los voceros israelíes insisten en la legitimidad de su derecho a defenderse de los constantes ataques con cohetes, contra sus ciudades, que lanza Hamás desde trincheras y túneles ocultos en edificaciones civiles, los integrantes de la Autoridad Palestina reclaman que la comunidad internacional "ponga fin a la impunidad y que Israel rinda cuentas" por la muerte de cientos de sus ciudadanos.
Hay dosis de razón en ambas manifestaciones, pero hay mucho más peso en los argumentos de aquellas voces que, como la nuestra, se inclinan por una tregua y una salida dialogada a las disputas territoriales y a la negación mutua, por parte de los sectores más extremistas que se resisten e impiden la convivencia de ambos pueblos.
En esta tarea es definitivo el papel de potencias como Estados Unidos que, por ahora, acepta el derecho de Israel a defenderse, pero al tiempo se inquieta con la crisis humanitaria en Gaza, cada vez más dramática e inocultable.
Se extraña en todo este capítulo destructivo y sangriento una diplomacia eficaz, una mediación capaz por lo menos de frenar el fuego de artillería en que están atrapados más de 1 millón 800 mil palestinos, en Gaza, y los habitantes de Israel, expuestos a los cohetes torpes y letales de Hamás.
Es de un mínimo de decencia política contemporánea y de elemental humanismo llamar a que se detenga este bombardeo que aplasta las vidas y los bienes de los gazatíes, y que produce tanto dolor y repudio.