Resolución urgente sobre Palestina

27/08/2016
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Presentada por Al Haq en el 39.º Congreso de la FIDH

Habida cuenta de que el 39.º Congreso se celebra en un lugar simbólico, Johanesburgo, Sudáfrica, y considerando los acontecimientos de los últimos meses en Israel y Palestina, la FIDH reitera su llamamiento a Israel para que ponga fin a su prolongada ocupación. La FIDH también insta a Israel a que dé por finalizadas las medidas y prácticas de apartheid, así como las políticas de discriminación y las detenciones arbitrarias —en especial la detención administrativa, el traslado de su población civil a los territorios ocupados y los desplazamientos forzados de ciudadanos y ciudadanas palestinas de sus tierras y casas—.
La FIDH expresa su profunda preocupación por el constante deterioro de la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), condena toda forma de violencia contra la población civil por parte de agentes estatales y no estatales e insta a la comunidad internacional a tomar medidas. Estos cerca de cincuenta años de ocupación por parte Israel se han caracterizado por violaciones flagrantes del derecho internacional y por un desprecio evidente hacia este, así como por una cultura de la impunidad facilitada por el fracaso de la comunidad internacional a la hora de exigir responsabilidades a Israel por las violaciones que comete. Muchas de estas violaciones cometidas por Israel pueden ser constitutivas de infracciones graves de los Convenios de Ginebra, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que requiere la intervención de los Estados partes en los Convenios de Ginebra.
En el último año, Israel ha aumentado las prácticas y políticas ilegales dirigidas a afianzar y profundizar aún más la ocupación del territorio palestino, así como a eliminar y dividir a la población palestina. Esto incluye el traslado forzoso de población palestina, en concreto de la zona C y a Jerusalén Este, las cada vez más numerosas y continuadas confiscaciones de tierras y la ampliación de los asentamientos ilegales, el uso de medidas de castigo colectivo, como el cierre completo de poblaciones palestinas y las demoliciones punitivas de viviendas, así como la represión de la resistencia de Palestina con un uso excesivo de la fuerza, recientemente puesto de manifiesto por la política de "disparar a matar" que, desde octubre de 2015, ha provocado el asesinato de más de 200 personas palestinas.
En la franja de Gaza se mantiene por noveno año el cierre, que impone duras condiciones de vida a la ciudadanía de Palestina y vulnera sus derechos humanos fundamentales, al tiempo que garantiza la división, física y de otra índole, de la población palestina. Las políticas y prácticas de Israel en la franja de Gaza suponen un trato cruel, inhumano y degradante de la ciudadanía, que se ve sometida a un castigo colectivo. Israel continua gozando de impunidad por sus frecuentes ofensivas militares a gran escala que provocan muertos y heridos así como gran destrucción, violaciones sistemáticas y generalizadas que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la potencia ocupante israelí.
Todas esas políticas y prácticas socavan necesariamente la capacidad de Palestina de ejercer el derecho internacional a la autodeterminación, e inclusive la soberanía sobre sus recursos naturales.
El Gobierno de Israel, de corte cada vez más derechista, también señala y ataca a las defensoras y defensores de los derechos humanos —en Israel, Palestina y en el extranjero— mediante leyes y acciones dirigidas a socavar su labor en materia de rendición de cuentas y poner en riesgo su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Dichas acciones incluyen campañas de difamación institucionalizadas y planificadas, con la movilización de muchos recursos, mediante ataques que implican amenazas de muerte, especialmente contra defensoras y defensores de los derechos humanos que trabajan con la Corte Penal Internacional.
A pesar de esta escalada, la comunidad internacional ha permanecido totalmente pasiva, lo que ha permitido cerca de cincuenta años de ocupación continuada por parte de Israel. Ha llegado, por tanto, el momento de que la comunidad internacional actúe, incluidos los terceros Estados partes, las grandes empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Habida cuenta del historial de actos de vulneración del derecho internacional y la continua falta de cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas (ONU), es hora de exigir sanciones contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras la prohibición de comercialización de productos israelís fabricados en los territorios ocupados, la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel y el cese de todo comercio y cooperación militar con Israel.
La FIDH insta a la comunidad internacional a exigir a Israel que asuma su responsabilidad a la hora de poner fin a la ocupación y que garantice que se hace justicia a la población palestina, lo que únicamente se conseguirá mediante el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos humanos.

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