Para responder a este aumento de las cruentas confrontaciones y a la amenaza de un resurgimiento de la violencia generalizada, es urgente que el Gobierno israelí reconozca su responsabilidad en los disturbios que con regularidad se producen entre la población palestina y tome nota de los daños que causan sus políticas.
La revuelta de la juventud palestina y los sangrientos enfrentamientos entre ellos y el ejército israelí y la policía en los TPO, inclusive en Jerusalén, son signo de su profunda frustración y ponen de manifiesto la crisis que atraviesa la sociedad civil palestina.
Las matanzas que han costado la vida a siete israelís en la parte antigua de Jerusalén son el trágico e inevitable resultado de la continua ocupación de los TPO.
Más de 500 000 colonos viven ilegalmente en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, en una clara violación del derecho internacional humanitario, especialmente del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, lo que además constituye un crimen de guerra según establece el artículo 8.2.b.viii del Estatuto de Roma.
Desde febrero de 2014, el Gobierno israelí ha demolido sistemáticamente cada vez más viviendas palestinas a modo de castigo colectivo lo que, según el Cuarto Convenio de Ginebra, está totalmente prohibido. Durante los últimos meses, los colonos israelís, en presencia del ejército y a veces bajo su protección, han intensificado sus ataques contra los civiles palestinos y sus propiedades. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2015, la ONG Al Haq, una organización miembro de la FIDH, ha documentado 29 incidentes violentos perpetrados por colonos en Cisjordania, violencia que incluía disparos con munición real, ataques físicos, vandalismo de propiedades y granjas y la obstrucción de la circulación de palestinos.
"La FIDH condena todo tipo de violencia. El Estado de Israel es responsable, como potencia ocupante, de preservar la vida de todos sus ciudadanos, tanto palestinos como israelís. La instigación al asesinato es inaceptable", declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
Desde el 24 de septiembre de 2015, el Gobierno Israelí ha autorizado a los soldados a que disparen cuando se sientan amenazados, decisión que sin duda aumentará el ya alarmante número de asesinatos a sangre fría de civiles cometidos por soldados israelís y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí.
La falta de respeto del Gobierno israelí hacia el derecho internacional y la impunidad que gozan los colonos israelís que cometen crímenes regularmente, cada vez con más frecuencia, en los TPO alienta el desarrollo del extremismo religioso abrigado en ambos países, estimula la violencia e impide la coexistencia pacífica de los dos pueblos.
Una política como la actual agravará la ya explosiva situación política y de seguridad, tanto localmente como a escala regional, e instigará a los manifestantes palestinos a cometer actos de violencia y a hacer el juego a los grupos extremistas.
La FIDH y sus organizaciones miembros Al Haq, PCHR y PCATI condenan todo acto de violencia contra civiles y respaldan la movilización pacífica de la sociedad civil palestina en defensa de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos.
En vista de la continua violación del derecho internacional, la FIDH y sus organizaciones miembros Al Haq, PCHR y PCATI consideran que es necesario que la comunidad internacional declare explícita y concretamente su compromiso de respetar los derechos de la población palestina en los TPO y de los ciudadanos palestinos de Israel. Si no lo hace, y los recientes sucesos así lo han demostrado, el Gobierno Israelí continuará violando el derecho de la población palestina a la vida así como a la libertad de expresión y de reunión.
La FIDH, Al Haq, PCHR y PCATI exigen la Fiscalía de la CPI que declare de forma pública que la investigación preliminar en curso sobre la situación en Palestina abarca todos los delitos que se cometen bajo su jurisdicción en territorio palestino y que sus autores deberán rendir cuentas por ellos.
La FIDH, Al Haq y PCHR instan a los Estados socios de Israel a que terminen de inmediato con todas las actividades económicas y comerciales con los asentamientos israelís y a que disuadan a las empresas de invertir y de mantener relaciones comerciales con los asentamientos israelís.
Nuestras organizaciones exigen a las autoridades israelís que dejen de vulnerar el derecho internacional y en concreto, que dejen de emplear una fuerza desproporcionada contra los manifestantes, que levanten el bloqueo contra Gaza, que acaben con los asentamientos y que lleven ante la justicia a los responsables de las actuales violaciones de los derechos humanos, para así acabar con la perpetuación de la impunidad.