El Buró Internacional de la FIDH, compuesto de 22 miembros provenientes de todas las regiones del mundo, acaba de adoptar la siguiente posición, publicada el 10 de diciembre de 2002 con motivo del día internacional de los derechos humanos (54° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos):
París, 10 de diciembre de 2002 - Desde hace mucho tiempo La FIDH ha denunciado los crímenes contra la humanidad cometidos por Saddam Hussein y su régimen, que han ocasionado terribles sufrimientos a la población de Irak y respalda su deseo de emanciparse de ese régimen. Sin embargo, la guerra norteamericana anunciada no correspondería en nada a estas aspiraciones.
Como todos los pueblos de la región, la población de Irak sometida a la dictadura del terror de Saddam Hussein y a violaciones sistemáticas de sus derechos debido al embargo de la ONU , comparte aspiraciones esenciales comenzando por la de la solución de los conflictos (y no sólo del conflicto israelo-palestino). También aspira al mismo tiempo a la justicia social y al desarrollo económico ?El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha subrayado recientemente como esta rica región ha permanecido fuera de las dinámicas de desarrollo y de transición democrática?. Por último, reclama el respeto natural de sus libertades y derechos fundamentales -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a los que puede pretender legítimamente. Este respeto pasa también por la gestión democrática de su pluralismo (tratándose especialmente de los derechos de las minorías nacionales, étnicas, religiosas, culturales).
Ahora bien, ninguna de estas aspiraciones se resolvería si la superpotencia norteamericana iniciara un conflicto. En primer lugar esta guerra sólo procede del oportunismo de la administración norteamericana con objetivos múltiples y muy alejados del deber de asistencia a las víctimas del régimen de Bagdad: geopolítico y económico, por supuesto, pero también de política interna. Además, esta guerra tendría consecuencias devastadoras para la región y especialmente para la población civil más vulnerable y que ya ha sufrido duramente: esta guerra sólo agravaría los problemas que pretende resolver.
Por otro lado, una guerra legal (aunque fuera autorizada por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII) no dejaría de ser ilegítima. Resultaría básicamente del voluntarismo de la administración Bush tendiente a decidir del Bien y del Mal -la mayoría de la comunidad internacional se opone a la apreciación norteamericana?. Además, la implicación, in fine, del Consejo de Seguridad se limitaría a dar la apariencia de legalidad a la intervención armada eventual -lo que hace resaltar nuevamente la importancia y la urgencia de una reforma del Consejo de Seguridad?. El papel de las Naciones Unidas sería sólo administrativo (guardián de las formas) cuando en realidad le tocaría encontrar y hacer aplicar soluciones de fondo en nombre de la comunidad internacional y no bajo la coerción del más potente de sus miembros. Finalmente, un conflicto "legalizado" de esta forma consagraría la manipulación selectiva del Consejo de Seguridad y la "ley del embudo". Otros estados, debido a su política y al armamento del que disponen, representan amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional que Irak.
Responder a las aspiraciones de las poblaciones Iraquí y de la región supone otros medios cuya aplicación incumbe especialmente al Consejo de Seguridad.
La FIDH hace un llamado al Consejo de Seguridad para que se oponga enérgicamente al proyecto norteamericano.
Le hace un llamado para:
1. Instaurar urgentemente un Tribunal Penal Internacional ad hoc para juzgar a Saddam Hussein y a los otros autores de crímenes internacionales contra la población de Irak -ya que no se les puede someter a la Corte Penal Internacional, su competencia no es retroactiva.
2. Levantar enseguida el embargo de las Naciones Unidas, salvo el embargo sobre las armas, y tomar las sanciones específicas contra Saddam Hussein y sus cómplices.
3. Aplicar un plan de acción para promover los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en todos los estados de la región. El Consejo de Seguridad debe primero exigirles:
– la adhesión y el establecimiento efectivo de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y en especial: los dos pactos sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el convenio contra la tortura, el convenio por la eliminación de las discriminaciones de las mujeres, el convenio de derechos del niño, el convenio contra la discriminación racial, el convenio sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes, el convenio sobre los derechos de los refugiados así como los convenios de Ginebra sobre la protección de las poblaciones civiles durante un conflicto armado,
– la adhesión al estatuto de la Corte Penal Internacional.
En todos los ámbitos, y sobre todo si se trata de iniciar una operación armada de restablecimiento de la paz y de la seguridad internacional, la implicación de las Naciones Unidas no debe ser selectiva y debe ser indivisible. Todos los pueblos tienen los mismos derechos y todos los gobiernos tienen las mismas obligaciones.
El Buró internacional de la FIDH