Señor Presidente:
El 17 de abril usted se reunirá con el presidente de la República Árabe de Egipto, Sr. Abdel Fatah al Sisi para considerar, entre otras cosas, los contratos de armamento y "profundizar, con él, en la relación estratégica entre ambos países".
La FIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y la Liga de los Derechos Humanos llevan mucho meses alarmados por elección diplomática, teniendo en cuenta el crucial y peligroso papel que desempeña en el fortalecimiento de un régimen culpable de cometer violaciones de una amplitud y gravedad que excede todas las represiones precedentes cometidas en la historia contemporánea de Egipto. Como declaraba recientemente el Consejo Egipcio de Derechos Humanos, no es posible estabilidad alguna si esta brutal represión continúa.
Desde nuestro punto de vista, sería favorable para los verdaderos intereses y valores de Francia abogar ante las autoridades del país en favor de una profunda reforma de los servicios de seguridad, cuyos crímenes contribuyen a que la situación sea cada día más explosiva. Estos servicios son responsables de graves actos de tortura, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales y de la encarcelación de decenas de miles de personas tras la llegada al poder de Abdel Fatah al Sisi en julio de 2013, con un saldo de, al menos, 200 personas muertas durante la detención.
El número de personas detenidas o perseguidas judicialmente tras el derrocamiento del antiguo presidente Morsi en julio se eleva a decenas de miles y supera las 40 000. Cada vez más testimonios dejan constancia del papel que ha desempeñado en la radicalización de la juventud esta violencia de Estado ejercida en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, el principal objetivo de esta carta es alertar sobre el papel crucial que Francia, con usted como intermediario, puede desempeñar con ocasión de este viaje.
Su visita tiene lugar en un momento decisivo, en un momento de vida o muerte para la sociedad civil independiente de Egipto que todavía está organizada. En las próximas semanas, creemos que decenas de defensoras y defensores de los derechos humanos, que constituyen la columna vertebral de la sociedad civil independiente, pueden ser sancionados con penas de hasta 25 años de prisión, únicamente por haber recibido subvenciones del extranjero sin la autorización del Estado.
Decenas de ONG egipcias se ven amenazadas de cierre, en el marco de la reapertura de la investigación sobre la financiación de las ONG locales y extranjeras, que se inició en 2011 y que había llevado a la condena de 43 miembros de cinco ONG a penas de entre uno y cinco años de prisión. A día de hoy, más de diez defensoras y defensores de los derechos humanos que están siendo investigados tienen prohibida la salida del territorio y a algunos se les han congelado los bienes. Periódicamente se inician nuevas investigaciones contra más defensoras y defensores y la totalidad de la comunidad de los derechos humanos de Egipto corre el riesgo de ser destruida de la noche a la mañana.
Se han suspendido varias audiencias contra defensoras y defensores de los derechos humanos, entre otras la última vista del juicio contra Hossam Bahgat y Gamal Eid sobre la congelación de sus bienes, debido a la fuerte presión internacional, y se han aplazado hasta una fecha inmediatamente posterior a su visita al país.
Esta serie de condenas tendría un devastador efecto sobre la imagen de Francia, ya que mientras las administraciones de la ONU, de los Estados Unidos, Alemania y Reino Unido llevan varias semanas ejerciendo presiones sin precedente para impedir estas condenas, su visita sin condenar públicamente estos ataques contra las defensoras y defensores de los derechos humanos, sería percibida como una carta blanca para la destrucción de la sociedad civil independiente en Egipto.
El futuro de estas personas depende hoy en día únicamente de la voluntad del presidente Abdel Fatah al Sisi. En estas condiciones, consideramos que le corresponde, señor Presidente, reiterar a Abdel Fatah al Sisi lo que muchos de sus más directos partidarios sostienen abiertamente desde hace semanas en las columnas de los periódicos: que debe, por su propio interés, acabar con esta persecución judicial.
Le pedimos expresamente que inste a Abdel Fatah al Sisi a que cese toda persecución judicial en el marco del llamado caso 173 sobre la financiación extranjera de las ONG y a que libere a los presos de conciencia, entre ellos a las figuras emblemáticas de la revolución de enero de 2011, garantice un juicio imparcial a todas las personas perseguidas judicialmente por motivos políticos y revoque la ley de 2013 sobre las manifestaciones y el respeto a la libertad de asociación.
Asimismo le pedimos que se interese ante las autoridades egipcias por el avance de la investigación sobre la muerte del ciudadano francés Eric Lang, asesinado en una comisaría de El Cairo en septiembre de 2013 en circunstancias que todavía no se han esclarecido. El silencio de las autoridades francesas contrasta con el posicionamiento del Gobierno italiano, que acaba de llamar a consultas a su embajador en Egipto tras la muerte por tortura del estudiante Giulio Regeni, y con las declaraciones del Foreign Office británico, que también ha preguntado a las autoridades egipcias al respecto.
Por último, pedimos al Gobierno francés que explique cómo aplica la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 2013, que anunciaba que los Estados miembros habían decidido "los Estados miembros han acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pueda utilizarse para la represión interna y reevaluar las licencias de exportación de los equipos cubiertos por la Posición Común 2008/944/PESC, así como revisar su asistencia de seguridad a Egipto". A la vista de los importantes contratos de armamento que Francia ha suscrito en estos últimos años con Egipto, le pedimos que garantice una total transparencia sobre los acuerdos comerciales alcanzados, los materiales entregados y las garantías que de las autoridades egipcias sobre el hecho de que estos equipos y materiales no serán utilizados para la represión interna o para cometer otros crímenes contra el derecho internacional humanitario.
Estas exigencias no constituyen únicamente una prueba de fidelidad hacia valores universales, sino que son una condición sine qua non para la estabilidad en Egipto. El cese de la persecución judicial contra la sociedad civil, la liberación de presos de conciencia detenidos arbitrariamente y la reforma de los servicios de seguridad son condiciones imprescindibles para la mejora de la economía, de la sociedad y de la seguridad en Egipto. La situación es hoy peor que nunca, con la amenaza de grupos armados, que cada año provocan cientos de víctimas. Nada puede justificar que, con el pretexto de la lucha antiterrorista, las defensoras y defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en general sean objeto de un intento de aniquilación pura y dura.
Francia asumiría una gran responsabilidad si se abstuviera de cuestionar a su interlocutor egipcio sobre estos puntos. Además de la amenaza directa e inmediata que pesa sobre la vida de miles de personas, si la política del presidente Abdel Fatah al Sisi continúa corre el riesgo de arrastrar a Egipto en un caos mucho mayor que la inestabilidad que se produjo tras el alzamiento revolucionario de enero de 2011.
Constituye igualmente una amenaza para Francia, que se convertiría en cómplice de las graves violaciones cometidas contra el derecho internacional si llegara a demostrarse que el armamento francés se ha utilizado en ataques contra población civil.
Atentamente,
Karim Lahidji, presidente de la FIDH
Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia
Françoise Dumont, presidenta de la Liga de los Derechos Humanos (LDH)
Michel Tubiana, presidente de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH)
Bénédicte Jeannerod, directora de Human Rights Watch Francia