La cantidad de personas egipcias que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado claramente (en inglés), según las estadísticas oficiales egipcias de 2018, mientras que el Banco Mundial estima que "alrededor del 60% de la población egipcia es pobre o vulnerable" en 2019 (en inglés). Los defensores de los derechos sociales y económicos de Egipto, los activistas sindicales, los periodistas y los denunciantes, así como las organizaciones feministas, LGBTQI+ y la sociedad civil en general, no se han librado de las recientes olas de represión estatal a la disidencia.
El espacio público se ha cerrado prácticamente en Egipto, sumido en una crisis de derechos humanos cada vez más grave y con un alarmante retroceso de las libertades de expresión, reunión, asociación y prensa. La esfera política está extremadamente restringida para los partidos políticos de la oposición.
En el segundo trimestre de 2019, antes de la revisión del historial de derechos de Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 20 grupos de derechos humanos pidieron al presidente francés Emmanuel Macron que dé continuidad a sus declaraciones de enero de 2019 en El Cairo, en las que hablaba de nuevo sobre la continua crisis de derechos humanos en Egipto, e inste a al Sisi durante su visita al G7 a que permita a los defensores y defensoras de los derechos humanos egipcios documentar las violaciones de derechos humanos y viajar para que participen en los mecanismos multilaterales. Si estos abusos no se cuestionan, la cumbre del G7 legitimará de facto el total desprecio del presidente al Sisi por las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos.
Más concretamente, las 20 organizaciones instan al presidente Macron a que pida al presidente al Sisi que retire todos los cargos y libere incondicionalmente a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas detenidos arbitrariamente, y que elimine las medidas abusivas de libertad condicional contra ellos. Se debe poner en libertad de forma inmediata a los presos políticos detenidos por actividades pacíficas y las personas encarceladas tras un juicio injusto o sin juicio deben ser juzgadas o juzgadas de nuevo en procedimientos que cumplan las obligaciones internacionales de Egipto en materia de derechos humanos. Otras recomendaciones incluyen la implementación de una moratoria inmediata sobre las ejecuciones, la investigación inmediata de todos los casos denunciados de desapariciones forzadas y el fin de la tortura, así como de la persecución y criminalización de las personas LGBTQI+.