El Buró Internacional de la FIDH, que se reunió en París pocos días antes de la visita prevista del presidente egipcio al Sisi a Francia, y escasas semanas después de que Arabia Saudita albergara una reunión del G30, nos obliga a recordar a los países occidentales que, sencillamente, no pueden sentarse en la misma mesa o dar la bienvenida en su país a dictadores sin que se produzcan consecuencias.
Esta falta de compromiso por parte de los socios de regímenes como el de Arabia Saudita hace que defensoras de los derechos de las mujeres, como Lujain al Hathloul, Nassima al Saddah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz y Miyaa al Zahrani continúen encarceladas desde 2018. Varias de ellas han sufrido torturas, violencia sexual y otros malos tratos, y no tienen acceso a mecanismos de reparación eficaces. Estas defensoras de los derechos de las mujeres están en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en su país. En noviembre de 2020, se transfirió el caso de Loujain al Hathloul a un tribunal antiterrorista, el Tribunal Penal Especializado, conocido por sus violaciones sistemáticas de las normas de un juicio justo y utilizado para
perseguir la disidencia pacífica. Con su encarcelamiento y el resto de las personas defensoras de los derechos humanos en el exilio, como nuestra organización miembro ALQST, no puede existir ningún movimiento de
derechos humanos en el país, mientras se producen a escala masiva violaciones de los derechos básicos de las mujeres, los/as trabajadores/as migrantes, así como los derechos económicos y sociales de la ciudadanía.
En Egipto, los recientes acontecimientos ocurridos tras los arrestos de los miembros de EIPR acusados de terrorismo, así como la inclusión en la lista de terroristas de otros reconocidos defensores, como Mohamed al Baqer o Alaa Abdel Fattah, son el último capítulo de la represión de al Sisi contra su propio pueblo. A principios de este año, se añadió a esta lista a otros dos destacados activistas, Ramy Shaath y Zyad al Elaimy. Las ejecuciones masivas, las desapariciones forzadas y la tortura generalizada son las únicas herramientas que el régimen utiliza para interactuar con la ciudadanía egipcia. El politizado poder judicial egipcio, que las declaraciones de las Naciones Unidas califican como "burla de la justicia", ha venido favoreciendo los intereses de los militares a la hora de socavar las demandas relacionadas con la revuelta del 25 de enero, que pedían un Estado del bienestar moderno, regido por la ley y los principios de la democracia, la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Una reformaconstitucional profundamente criticada ha dotado al presidente al Sisi y a su ejército de una capacidad de control sin precedentes, tras lo cual se han celebrado unas elecciones presidenciales en las que todas las personas candidatas de la oposición fueron detenidas, puestas bajo arresto domiciliario o se les amenazó con retirar sus candidaturas de las elecciones. Nunca en la historia del Egipto moderno se ha arrestado a un número tan alto de abogados/as, activistas de derechos humanos y sindicalistas por ejercer sus derechos fundamentales, ya sea por expresar una opinión, participar en una reunión o manifestación pacífica o desempeñar su deber profesional como abogado/a, periodista o médico/a.
Decenas de personas encarceladas en Egipto han muerto debido a negligencias médicas deliberadas, como ocurrió con el expresidente Mohamed Morsi y otros/as activistas con una salud delicada.
A pesar del terrible historial de estos dos países en materia de derechos humanos y del uso documentado que hacen de la legislación antiterrorista para silenciar la disidencia, los países occidentales como Francia mantienen su asociación estratégica con ellos en la lucha contra el terrorismo.
En nuestra calidad de Oficina Internacional de la FIDH, reunida en París el 4 de diciembre de 2020, exigimos que Francia se erija en defensora de derechos y no en cómplice de crímenes. Es necesario suspender toda cooperación económica y militar hasta que mejore la situación de los derechos humanos en esos países. Si no se produce una retirada sostenida de la comunidad internacional, los pueblos egipcio y saudí, y en mayor medida la población de la región de Oriente Medio y África del Norte, seguirán pagando el precio de su valor e integridad con su libertad y, muy probablemente, con su vida.