Hoy, 3 de febrero de 2011, a primera hora de la tarde, varios abogados y miembros de ONG, incluidas ONG de defensa de los derechos humanos, que se había reunido en las oficinas del Centro de Derecho Hisham Mubarak, fueron detenidos por la policía militar y trasladados a un lugar desconocido. El Centro de Derecho Hisham Mubarak también estaba rodeado por seguidores de la administración actual que sostenían armas y amenazaban a las personas que se encontraban en el interior del Centro. Además, algunos matones entraron en el Centro Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia, que ofrece asesoramiento legal a las víctimas de tortura, y amenazaron al personal de la organización.
Las oficinas del Centro de Derecho Hisham Mubarak y del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales fueron registradas por la policía militar y sus equipos fueron confiscados. También se confiscaron los teléfonos móviles de varios miembros del personal.
Según la última información recibida, aproximadamente 29 personas que trabajan en el Centro de Derecho Hisham Mubarak, en el Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, en Human Rights Watch y en Amnistía Internacional habrían sido detenidas, incluidos Ahmed Seif, Nada Sadek, Mohamed El Taher, Mona El Masry, Khaled Ali y otros cuatro.
Estos actos de intimidación y acoso se deben al apoyo ofrecido por varios abogados y organizaciones de derechos humanos, incluida la entrega de comida y de equipamiento médico, a los manifestantes que se han reunido en la plaza Tahrir (plaza de la Liberación).
Las ONG de defensa de los derechos humanos se han hecho oír a la hora de denunciar los abusos a los derechos humanos cometidos por esta administración y son especialmente vulnerables y objeto de amenazas en el actual clima de represión puesto en marcha por la policía y los seguidores de Mubarak que invadieron El Cairo el 3 de febrero de 2011. Según la información de la que disponemos, también se ha detenido a varios periodistas.
Teniendo en cuenta la tensión creciente y estos actos de violencia, el Observatorio y la EMHRN están muy preocupados por la seguridad de los miembros de la sociedad civil, especialmente los periodistas y los miembros de ONG de defensa de los derechos humanos. Nuestras organizaciones instan a las autoridades a que pongan en libertad a los defensores de los derechos humanos, eviten cualquier ataque, detención o acto de intimidación contra ellos y garanticen su seguridad.
Las autoridades también deberían ordenar una investigación inmediata, rigurosa, eficaz e imparcial de los hechos mencionados, cuyo resultado debe hacerse público para identificar a los responsables, hacer que comparezcan ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales previstas legalmente.