El irresponsable silencio de la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Egipto

29/01/2015
Comunicado
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por Karim Lahidji, presidente de la FIDH

El 25 de enero de 2011, gracias a un levantamiento popular, Hosni Mubarak era destituido después de treinta años de presidencia autoritaria. Surgió entonces la esperanza de que se escucharan las reivindicaciones de millones de manifestantes y de que se estableciera un estado de derecho democrático, que respetase las libertades individuales y colectivas.

Cuatro años más tarde, la realidad que constatamos es amarga. La mal denominada "revolución" ha resultado ser, en definitiva, una continuidad del mismo régimen, que incluso se ha endurecido. Aunque hayan cambiado las caras, el ejército sigue siendo el núcleo de poder único. Cualquier forma de crítica o de oposición conducen casi irremediablemente a la cárcel. Miles de seguidores de los Hermanos Musulmanes se pudren entre sus muros y cientos de ellos han sido incluso condenados a la pena capital tras la celebración de juicios injustos.

La justicia es hoy en día una herramienta de represión sin igual, de la que no se libra la juventud contestataria, incluidos quienes estaban en primera fila de las manifestaciones de la plaza Tahir en 2011. Yara Sallam, Sana Seif, Alaa Abdel Fattah y tantos otros defensores y defensoras de los derechos humanos, blogueros, periodistas y activistas prodemocracia están hoy detenidos y condenados por haber reivindicado el respeto a la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

Hoy en Egipto la crítica sale cara y nada hace esperar que esta situación mejore. Desde la llegada al poder en junio de 2014 del presidente Abdel Fatah al Sisi, el régimen publica cada mes una serie de decretos presidenciales, de proyectos de ley o de enmiendas legislativas para reforzar el arsenal jurídico existente, ya extremamente represivo. Con el pretexto de garantizar el orden público y de luchar contra el terrorismo, contra el que Egipto se presenta como trampolín estratégico incluso a escala regional, las autoridades egipcias van limando poco a poco el espacio de las libertades y constituyen una creciente amenaza para la sociedad civil independiente.

Hay un ultimátum que afecta a las organizaciones de derechos humanos independientes, que deben inscribirse en virtud de una ley sobre asociaciones con disposiciones extremadamente restrictivas y que luchan hoy para que no se apruebe el texto, aun más represivo, presentado por el Gobierno. Su aprobación incrementaría la cantidad de ONG que ya se han visto obligadas a cerrar sus puertas o a huir del país huyendo de las amenazas. Otra espada de Damocles, un proyecto de ley sobre las entidades terroristas definidas como individuos, organizaciones u otros, que "perjudican a la unidad nacional" o "infringen el orden público". Este proyecto, que sanciona cualquier actitud de estas entidades cuando "defiendan por cualquier medio la suspensión de una ley (...)" constituiría, si fuera adoptado, una nueva y seria amenaza para las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo labores de promoción contra el arsenal legislativo liberticida actualmente vigente en Egipto. La clave de todo esto es la amalgama y las campañas de difamación orquestadas en acuerdo con varios medios de comunicación progubernamentales, destinadas a presentar a los activistas partidarios de la democracia y a otros defensores y defensoras de los derechos humanos como agitadores que dañan los intereses del país e incluso actúan como agentes extranjeros, con el consiguiente alto grado de exposición.

Sin embargo, la reprobación por parte de la comunidad internacional es cuanto menos, discreta. Los discursos pronunciados por los dirigentes, incluso los europeos, tras los encuentros mantenidos con las más altas autoridades egipcias no se corresponden en absoluto con la realidad. Las declaraciones en las que proclaman la cooperación bilateral y la confianza que les une a sus socios egipcios, unidas a los llamamientos para que se refuerce el proceso democrático en Egipto provocan hastío.

Esta permisividad es sin duda resultado de la imagen de un Egipto como bastión contra el terrorismo y garante de la estabilidad regional e igualmente, para algunos, de un Egipto que rechaza la "amenaza del islam político" y considerado, por tanto, como un país protector de las libertades individuales y de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no solo se vulneran las libertades, sino que la igualdad está lejos de haberse alcanzado y los actos de violencia contra las mujeres continúan cometiéndose a gran escala. Los autores de actos de violencia sexual y específica de género continúan gozando en la mayoría de las ocasiones de una impunidad total, especialmente cuando se trata de representantes de las fuerzas del orden. La multiplicación de las detenciones, de los actos de violencia y de la intimidación contra personas LGBT son también ejemplos flagrantes de un régimen discriminatorio.

El silencio de la comunidad internacional no puede continuar. Es responsabilidad de los Estados condenar firmemente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades egipcias. Estamos tal vez a tiempo de revertir las posiciones autoritarias del régimen para dar la razón a las mujeres y a los hombre que tuvieron el valor de oponerse a las balas, en la plaza Tahir, en nombre de la libertad, contra el totalitarismo y por la democracia.

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