Después de un año particularmente difícil para los derechos humanos, la represión contra la sociedad civil sigue empeorando en Baréin. Desde el movimiento pro-democracia del año 2011, el gobierno bahreiní ha intensificado su campaña contra la sociedad civil y la oposición política. El informe de evaluación (EN) presentado por el Centro para los Derechos Humanos de Baréin [1] previo a la segunda sesión del Examen Periódico Universal (EPU), establece la falta de implementación por el gobierno de Baréin de las recomendaciones emitidas en EPUs precedentes.
En septiembre de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó: "Me preocupa el acoso y detención de defensores de derechos humanos y activistas políticos en Baréin, así como una legislación que permite la revocación de la ciudadanía sin el debido proceso". [2] El gobierno sigue usando detenciones y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, así como torturas y malos tratos durante las detenciones, pero también prohibiciones para viajar y privaciones de ciudadanía contra líderes de la sociedad civil de las principales organizaciones civiles, políticas y religiosas. Las nuevas legislaciones antiterroristas y contra el cibercrimen permitieron a las autoridades acosar, criminalizar y acabar con todo tipo de movimiento crítico o de oposición.
En enero de 2017, Baréin ha ejecutado a tres hombres chiíes condenados por matar a policías, a pesar de pruebas creíbles de que sus confesiones habían sido obtenidas bajo tortura. Esta fue la primera ejecución (EN) llevada a cabo en Baréin desde 2010 [3] . El 3 de abril de 2017, la ratificación de una enmienda constitucional también abrió la puerta a que los civiles sean procesados a través de juicios militares (EN). En los últimos días, cerca de treinta (30) defensores de derechos humanos han sido interrogados, acusados de reunirse ilegalmente y se les ha informado de órdenes de prohibición para viajar.
"Las autoridades de Baréin tienen que cumplir con sus compromisos internacionales. La represión debe parar inmediatamente "
En el contexto de estas continuas violaciones a los derechos humanos, la amenaza de disolución de la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad) está presente después de una larga lista de ataques contra sus líderes, miembros y pertenencias desde el 2011. El 6 de marzo de 2017, el Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos presentó una demanda pidiendo la disolución de la Sociedad Waad bajo cargos ofensivos, incluyendo "abogar por la violencia, el apoyo al terrorismo y la incitación al fomento de la delincuencia y la ilegalidad". Esto constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Baréin en 2006.
Un tema de permanente preocupación para nuestras organizaciones es la situación de los defensores de los derechos humanos en Baréin. Las condiciones de salud de los dos directores fundadores de las organizaciones miembros de la FIDH, el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) y el Centro de Derechos Humanos de Baréin, Abdulhadi Al-Khawaja y Nabeel Rajab, también Secretario General Adjunto de la FIDH, después de haber pasado acatadamente años y meses en detención. Abdulhadi Al-Khawaja, que cumple una sentencia de cadena perpetua, inició una huelga de hambre el 12 de abril de 2017 y sufre de una grave enfermedad ocular que podría llevarle a perder la vista. Nabeel Rajab, que ha sido sometido a múltiples cargos y juicios desde 2011, ha sido llevado de nuevo al aislamiento en la comisaría con una herida profunda y abierta después de someterse a una cirugía el 5 de abril de 2017, lo que empeoró su estado de salud. Fue llevado de urgencia al hospital de policía el 8 de abril, donde permanece hasta el día de hoy. [4]
"Las autoridades de Baréin deben tomar medidas inmediatas para proteger a Nabeel Rajab y Abdulhadi Al-Khawaja de otros tratos inhumanos y degradantes y asegurar que sean tratados humanamente de acuerdo con las leyes y normas internacionales"
Más de 60 organizaciones han sido signatarias de una carta abierta pidiendo a las autoridades de Baréin que liberen a Abdulhadi Al Khawaja y Nabeel Rajab, planteando preocupaciones por el deterioro de su salud