Carta conjunta a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y Observadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Carta a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y Observadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bahrein.

Excelencia:

Pedimos a su delegación que promueva y apoye la aprobación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos para manifestar su preocupación y pedir mejoras en la situación de los derechos humanos en Bahrein.
Ya ha transcurrido casi un año desde que Suiza entregara la cuarta y más reciente declaración conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Bahrein en nombre de 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas, en el 26.º periodo de sesiones del Consejo.

Estamos profundamente preocupados porque durante este período el Gobierno de Bahrein no ha realizado ningún avance importante hacia una auténtica cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por el contrario, el Gobierno de Bahrein ha intensificado la represión de las voces disidentes, inclusive mediante detenciones arbitrarias de activistas de oposición de alto nivel y defensores y defensoras de los derechos humanos, juicios celebrados sin respetar las normas internacionales en la materia, malos tratos a los detenidos, uso excesivo de la fuerza y restricciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, más allá de lo permitido por el derecho internacional.

Instamos a su delegación a que reanude sus esfuerzos para que se aborde la situación de los derechos humanos en Bahrein en el próximo 30.º periodo de sesiones del Consejo y que promueva y apoye una resolución en la que se pida al Gobierno de Bahrein lo siguiente:

1. Que aplique rápida y plenamente las recomendaciones de la Comisión Internacional de Investigación de Bahrein (BICI) y las recomendaciones aceptadas por el Gobierno de Bahrein en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal, concretamente las siguientes:

  • Poner en libertad a los manifestantes, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos o acusados únicamente por haber ejercido su derecho de reunión pacífica, de asociación o de expresión;
  • Garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre todas las alegaciones de tortura y malos tratos;
  • Demostrar la efectividad, imparcialidad e independencia de las instituciones de derechos humanos creadas recientemente, entre ellas la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Investigaciones Especiales y la Comisión de Derechos de los Prisioneros y Detenidos;
  • Revisar o derogar las leyes que limitan indebidamente la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica y de asociación;
  • Iniciar una reforma completa del sistema judicial para garantizar la independencia efectiva del poder judicial; y
  • Garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante y después de las protestas de 2011, entre las que se incluyen las documentadas en el informe de la BICI, sin limitarse a ellas.

2. Que coopere con los Procesos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y, entre otras cosas, permita que los Relatores Especiales con solicitudes pendientes para visitar Bahrein puedan acceder rápidamente al país, como es el caso del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sobre la tortura, y

3. Que autorice la apertura de una oficina nacional del ACNUDH con un mandato completo para supervisar la aplicación de las recomendaciones antes mencionadas y la situación de los derechos humanos sobre el terreno, que remita información periódica al Consejo de Derechos Humanos.

En vista del continuo deterioro en las condiciones de los derechos humanos en Bahrein, pedimos a su delegación que se base en las tres declaraciones conjuntas anteriores remitidas al Consejo de Derechos Humanos sobre esta cuestión para hacer llegar un mensaje firme al Gobierno de Bahrein sobre la necesidad de que adopte medidas urgentes, concretas y efectivas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno de Bahrein también debería permitir el acceso periódico a Bahrein a ONG de derechos humanos independientes, para que contribuyan a supervisar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Esperamos que continúen colaborando en estas cuestiones y estamos a su disposición para proporcionarles más información en caso necesario.

Atentamente,

La FIDH y cosignatarios [1]

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  • Co-firmantes

    Situación de los Derechos Humanos en Bahrein

    Los tribunales de Bahrein continúan condenando y encarcelando a disidentes pacíficos. En raras ocasiones, cuando las autoridades han llevado a juicio a agentes de policía o a miembros de las fuerzas de seguridad, bien los han puesto en libertad o les han impuesto sentencias leves que no reflejan la gravedad de los delitos cometidos. No se ha pedido a ningún oficial superior que rinda cuentas por violaciones graves de los derechos, incluida tortura.

    En cambio, la alta tasa de condenas de personas acusadas ante los tribunales de cargos poco concretos de terrorismo, la imposición en estos casos de largas sentencias de cárcel por los tribunales, así como el hecho de que el poder judicial —y las autoridades del ejecutivo— no hayan abordado el uso mortal y aparentemente desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad refleja la falta de independencia y la debilidad de la justicia penal de Bahrein.

    Los activistas de los derechos humanos y los miembros de la oposición política continúan siendo objeto de detenciones, juicios y encarcelamientos motivados por sus actividades pacíficas.

    • Así, el 16 de junio un tribunal bahreiní condenó a Sheikh Ali Salman, secretario general de Al Wefaq, la sociedad política opositora más grande del país legalmente reconocida, a cuatro años de cárcel, únicamente por comentarios públicos que había realizado, en los que criticaba al Gobierno.
    • El 28 de junio de 2015 Fadhel Abbas, secretario general del partido político de la oposición Al Wahdawi, fue condenado a cinco años de cárcel por criticar los ataques aéreos en Yemen, bajo la dirección de Arabia Saudita.
    • El 30 de junio, las autoridades citaron a Khalil al-Marzooq, otro líder de Al Wefaq, para interrogarle sobre los comentarios críticos que hizo en un mitin público varios días antes y, al día siguiente, arrestaron a Majeed Milad, miembro del consejo de Al Wefaq, con acusaciones que aún no están claras.
    • El 12 de julio, la policía de Bahrein detuvo de nuevo a Ebrahim Sharif, figura de la oposición recientemente puesta en libertad, que ahora se enfrenta a acusaciones relacionadas con su derecho a la libertad de expresión.

    En este contexto, nos congratulamos del indulto y la liberación del destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab, el pasado 13 de julio. Sin embargo, su detención fue, en primer lugar, arbitraria ya que estaba relacionada con la crítica pacífica a las autoridades y aún debe responder por otras dos acusaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, aún pendientes en el momento de escribir esta carta. Su indulto debido a "motivos de salud" es consecuencia de la presión internacional en relación a su caso, pero se suma a la detención de muchas otras voces disidentes y de activistas de los derechos humanos en Bahrein.

    Además, doce activistas de alto nivel, entre ellos Abdulhadi Al-Khawaja y el Dr. Abduljalil Al Singace, continúan en la cárcel cumpliendo largas penas de cárcel. Se les ha condenado únicamente por acusaciones relacionadas con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y principalmente por su participación en el movimiento de reforma de Bahrein. Según los activistas y expertos jurídicos locales, las autoridades de Bahrein también han detenido arbitrariamente a muchos otros críticos y opositores al Gobierno, únicamente por expresar su opinión, y han detenido, sometido a juicio y encarcelado a muchas personas, inclusive a niños, por participar en protestas pacíficas antigubernamentales.

    El Gobierno también ha obtenido poderes para retirar a las personas críticas su nacionalidad y los derechos que de ella se derivan. Las enmiendas de julio 2014 de las leyes de ciudadanía de Bahrein otorgaron al Ministerio del Interior poderes adicionales para retirar la nacionalidad a las personas que considere hayan incumplido su "deber de lealtad" hacia el Estado, mientras que las enmiendas de la ley antiterrorista de Bahrein, agravada por la incapacidad del sistema de justicia penal para garantizar juicios justos y dictar veredictos imparciales, proporciona una base jurídica aún mayor para retirar la nacionalidad a ciudadanos de Bahrein, lo que convierte a muchos de ellos en apátridas, en clara vulneración de lo establecido por el derecho internacional.

    Las autoridades de Bahrein han establecido diversos organismos con el mandato de evitar la tortura y otros malos tratos hacia los detenidos, entre ellas la Defensoría del Pueblo del Ministerio del Interior, la Unidad de Investigaciones Especiales y la Comisión de los Derechos de los Prisioneros y Detenidos. Sin embargo, estos organismos no han demostrado aún su imparcialidad e independencia para llevar a cabo su mandato. Existen pruebas de que las fuerzas de seguridad continúan cometiendo los malos tratos y, en algunos casos, torturan a los detenidos, especialmente durante los interrogatorios en la Dirección de Investigaciones Penales.

    Antiguos reclusos de la Prisión Jaw han descrito recientemente a Human Rights Watch y a Amnistía Internacional el uso de gas lacrimógeno, perdigones y palizas por parte de la policía antidisturbios para recuperar el control de cuatro edificios dentro de la cárcel tras el inicio del motín del 10 de marzo de 2015. Según estos antiguos reclusos, la policía antidisturbios sacó a los prisioneros del edificio y les mantuvo expuestos a los elementos durante semanas, dándoles repetidas palizas, mojándoles con agua fría y forzándoles a gritar lemas a favor del Gobierno. Siempre según estos prisioneros, los funcionarios de la prisión también llevaron a algunos reclusos a salas en las que no había cámaras filmando, y allí les sometieron a palizas. Aunque las autoridades han afirmado que han investigado el incidente de la Prisión Jaw, la información de las investigaciones aún no se ha hecho pública.

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